Silvio Méndez
En rigor, la controversia por la instalación de un barrio privado en los terrenos en los que funcionó hace dos décadas el balneario y camping Los Arenales viene de larga data. Hoy el reclamo por que el terreno ocupado de forma irregular vuelva a manos del Estado provincial aguarda alguna definición en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4, a cargo de Pablo Federico Cattáneo. Pero otro episodio reciente se abrió cuando hace unos meses el dueño de Amarras del Sol, Sergio Gregorio Lifschitz, levantó una enorme pared perimetral con la cual tapó a sus colindantes y, por ende, también les cercenó la vista hacia la costa. Fue por esto que un grupo de vecinos damnificados denunció la edificación por discriminatoria, al tiempo que recordó el olvido de las autoridades en lo que hace a obras y servicios indispensables para esa barriada de la ciudad.
En la faz administrativa, se hicieron presentaciones a la Municipalidad, la Gobernación, la Cámara de Diputados y la Defensoría del Pueblo local. Desde esta última institución el lunes de la semana pasada se emitió una recomendación que, analizando que el muro “viola flagrantemente los principios y las normas del código urbano municipal”, concluye en instruir “la demolición del cercamiento” y que “dentro de los términos previstos en la legislación adjetiva municipal” se substancie el rechazo a “cualquier petición que pretenda violar las normas vigentes”.
Antes, del mismo modo, se expidió la Subsecretaría de Planificación municipal, a partir de un informe de la Dirección de Obras Civiles, entendiendo que la construcción del cerco infringe las disposiciones vigentes, por lo cual se labró un acta y mandó su paralización y demolición.
Entre tanto, Lifschitz comenzó a tejer una trama de promesas para doblegar la voluntad de algunos vecinos que en principio se oponían al murallón, así como aceitar sus vínculos con políticos y con propietarios de importantes medios de comunicación para tratar de aplacar el problema. Entre sus primeros pasos hizo una presentación ante la Secretaría Legal y Técnica comunal para pedir se deje sin efecto la intimación municipal, aduciendo contar con un dudoso amparo normativo para el paredón. En el barrio, ofertó pintura, asfalto, luminarias y el arreglo de algunas calles. Esta propuesta fue formalizada el 1º de diciembre ante algunos representantes vecinales en el propio despacho de la Secretaria de Planificación de la Municipalidad, Rosario Romero. En ese encuentro, también ofreció financiar la realización de una nueva vivienda a una familia que quedó inmediatamente pegada al muro, en medio de la traza informal de la calle Ayacucho al final, que corre paralela al paredón. Los vecinos quedaron en estudiar la propuesta y desde la comuna evaluar las obras pendientes de resolución.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
