El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y diputado provincial, Daniel Ruberto, analizó la difícil situación que atraviesa el sector con la constante pérdida de empleo en Paraná y la provincia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio de la Plaza), Ruberto confirmó que desde el Sindicato manejan “los mismos números informados a nivel nacional de la pérdida del empleo registrado que es una cara de la situación, porque también está el empleo no registrado que ya se perdió y no entra estadísticamente en ninguna apreciación”.

Puntualizó que “según datos de la obra social, en 2018 teníamos 2.032.627 aportantes –entre beneficiarios directos, monotributistas y jubilados- y hoy tenemos 1.000.878, es decir que se nos cayeron más de 150.000”.

En ese marco, mencionó que “ayer se conoció el cierre y no pago del último mes de varias sucursales de Musimundo en todo el país; también tenemos un conflicto todavía no resuelto con un achicamiento del 50% de los trabajadores en la empresa Censosud que en Paraná  tiene el formato Super Vea donde se acordaron retiros voluntarios; está la cadena El Entrerriano que tenía sucursales en muchas ciudades y hoy solo tiene en Paraná y Crespo”.

Al respecto, definió que “la pérdida de empleo es real, si veníamos mal con el proceso devaluatorio acelerado y la incertidumbre económica esto se acrecentó”. Aunque no supo dar números concretos de empleos perdidos en Paraná, mencionó que “la situación es compleja para todo el comercio, porque hoy la gente está pagando comida en 12 cuotas”.

“El único que triunfa en ventas es Changomás que vende comida, y con 80 empleados vende más que Walmart, que es una gran superficie y tiene 200 trabajadores de comercio y las empresas ya están mirando qué hacer. Estamos en una situación muy complicada. Se calcula las ventas y la cantidad de empleados por metros cuadrados, y la realidad es que la ecuación no está dando y todos planean achicarse”, agregó.

Consultado por la cuestión salarial, Ruberto sostuvo que “se está discutiendo la reapertura de las paritarias y el bono de $5.000, pero no es tan simple porque hay que ver quién lo puede pagar”. “Una cosa es largarlo como cuestión electoralista; y la realidad es que hoy casi ningún trabajador pregunta por aumentos de sueldos porque la gente está pensando si se mantiene la actividad y el trabajo, los trabajadores están preocupados por otra cosa, porque todos los días hay un comercio que tiene problemas, también se ha caído el crédito”, planteó.

Apuntó asimismo que “hace más de un año que Carrefour está en procedimiento preventivo de crisis, la embotelladora y distribuidora de Coca Cola y cerveza Quilmes está en procedimiento de crisis, lo cual es un proceso complejo, para el cual hay que presentar muchísimos papeles”.

En el mismo sentido, afirmó que “los grandes supermercados que tienen 200 trabajadores en blanco, están en desventaja con los supermercados de origen asiático que no tiene trabajadores, solo sus parientes, que concesiona la verdulería y la carnicería con un monotributista que le paga un canon, y también están en desventaja con el pequeño mercadito que tiene un solo empleado en blanco por cuatro horas y lo hace trabajar el doble”.

La situación de la obra social

En otro orden, Ruberto definió que la obra sindical del Sindicato “todavía es grande” pero admitió que “se aprobó el miércoles el balance y nos estamos transformando en inviables”.

Al respecto, explicó que “en la medicina, excepto los honorarios médicos y algún otro ítem, todo está dolarizado, y nuestros ingresos están pesificados con un salario medio a bajo, que perdió en los últimos años más del 20% del poder adquisitivo, y la obra social solo se maneja con el 9% del salario de cada trabajador”.

Puntualizó que “el salario básico por 48 horas semanales ronda los 30.000 pesos de bolsillo, y tenemos un componente monotributista que paga $620 por un programa obligatorio de salud con una cobertura amplísima, hay nuevos medicamentos, y por ejemplo la semana pasada tuvimos que entregar por amparo un medicamento que cuesta 1.200.000 dólares”.

“Es casi imposible que las obras sociales se mantengan con ese nivel de aportes. El sistema no tiene sustentabilidad en el tiempo”, concluyó.