El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denunció a la justicia irregularidades en el programa de becas “Progresar” que el Gobierno de Alberto Fernández otorgaba con un financiamiento internacional de 341 millones de dólares, un “préstamo” que se concretó en noviembre de 2019 y sobre el cual, según los funcionarios de La Libertad Avanza y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación -citada en la presentación-, no se realizó ningún tipo de control. Por esa razón, se desconoce el destino de los fondos, quién o quiénes se habrían beneficiado con esos fondos y si llegaron a manos de los estudiantes de sectores más vulnerables de entre 16 y 17 años a través de la línea “Asistencia a Jóvenes Estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria”.

En la presentación judicial se denuncia a los presuntos responsables de la malversación del dinero que debía ser destinado a los más desprotegidos de los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude a la administración pública”.

“Luego de arduas investigaciones y auditorías internas, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano detectó falta de control en el otorgamiento de los beneficios referidos por parte de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa (DNByDE) durante el ejercicio 2022″, se lee en la denuncia de la cartera de Pettovello, a la que accedió Infobae.

En el escrito, los actuales funcionarios resaltaron: “Dicha ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.

Entre otras irregularidades, la investigación destaca que “no se confeccionaron legajo individual por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca”. Tampoco “hay documentación que respalde cada otorgamiento”, es más, “no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada”. En la ANSES tampoco se encontró documentación “respecto del ingreso de los postulantes y su grupo familiar”.

Al respecto, la auditoría de la SIGEN calificó el caso como de “impacto alto”. Por esa razón, Leila Daniela Gianni, la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, acusa de estar “ante un caso de gravedad en perjuicio el Estado Nacional, pero, sugestivamente, el gobierno anterior no denunció nada al respecto ante la Justicia”, a pesar de la advertencia de la Sindicatura General de la Nación.

En la última auditoría ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, en el punto 5 se destaca: “Con relación al proceso de otorgamiento de becas para que los jóvenes continúen estudiando se detectaron debilidades ante la falta de un sistema que contenga la trazabilidad de todo el proceso, así como de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas a fin de poder tomar conocimiento de que alumnos becados efectivamente concurrían a las mismas”.

Desde Capital Humano también le advierten al magistrado que “en el marco de las auditorías que desembocaron en la presente denuncia penal, el 24 de abril del año en curso, se halló en la oficina personal del Licenciado Nicolás Sojit, quien fuera Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta hace poco tiempo -y depuesto en su cargo por este gobierno-; documental que revelaría una fuente de financiamiento externo en el caso proveniente específicamente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un total de 341 millones de dólares asignados específicamente a las Becas Progresar en cuestión”.

A tal efecto, el escrito judicial aclara que “la documentación encontrada en las oficinas que ocupara Sojit en la Secretaría de Trabajo, apareció en el marco de la desvinculación de 13 funcionarios y agentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación ordenada por este Gobierno Nacional por diversas irregularidades detectadas y en curso de investigación”.

El préstamo otorgado al país -es decir con devolución- “fue concedido a la República Argentina por el ‘BIRF’ por un total de 341 millones de dólares, préstamo que se concretó en el mes de Noviembre del año 2019″. El Programa, tenía entre sus objetivos fundamentales, financiar las “Becas Progresar”.

Desde la cartera de Pettovello calificaron como “burdas” las irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación en el manejo de las becas “Progresar” y que “la aparición de un préstamo internacional multimillonario no debidamente auditado por autoridad nacional alguna resulta a todas luces un marco ideal para la consumación de delitos en perjuicio del erario público”.

Las becas educativas “Progresar” han tenido como objetivo fomentar la escolarización obligatoria y que los alumnos más carenciados puedan terminar sus estudios evitando la deserción por razones económicas.

Según la presentación judicial, “dicho encomiable fin, no ha habría sido honrado por las autoridades responsables de la gestión gubernamental anterior al haber permitido/avalado/propiciado un descontrol administrativo en el manejo de cientos de millones de pesos y dólares estadounidenses todo lo que ha propiciado sin lugar a duda un perjuicio fiscal”.

Tanto la SIGEN como la auditoría llevada adelante por Capital Humano concluyeron que “no es posible trazar a dónde ha ido la totalidad del dinero de las ‘Becas Progresar’” y destacaron que: “Sólo podemos saber que se ha utilizado una enorme suma de dinero del Estado Nacional sin control y en forma irregular”.

Para los colaboradores de Pettovello, “de comprobarse los hechos que se denuncian, estaremos hablando de delitos imperdonables: delitos que explicarían parte de la decadencia educativa que tristemente padece nuestro querido país desde hace décadas”.

“Desviar el dinero de los estudiantes o mal utilizarlo en beneficio propio o de terceros, es un delito gravísimo porque no sólo perjudica el erario público sino, y lo que es peor, atenta directamente contra el futuro de nuestra nación”, completaron.