Por primera vez el general y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, aparece implicado judicialmente por hechos relacionados al Terrorismo de Estado, ocurridos mientras ejercía la jefatura del Grupo de Artillería Número 3 con asiento en Paso de los Libres (Corrientes). En esa localidad, el juez Federal Juan Ángel Oliva investiga la existencia de un centro de detención clandestina (no denunciado en el informe de la Conadep), conocido como Estancia La Polaca. En esa casa del terror y como parte del Plan Cóndor, mantenían secuestrados a militantes argentinos y (se sospecha), brasileros. Previo a ser llevados allí, las fuerzas conjuntas y con la complicidad de “marcadores” (militantes quebrados por la tortura), eran señalados en el paso fronterizo Uruguaiana-Libres. Según los dichos del concordiense y ex Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE), Carlos Waern (delator resentido), por La Polaca pasaron más de 200 dirigentes Montoneros mientras él era guardia en ese lugar. Contó además con lujos de detalles los distintos tipos de torturas, desde el llamado “teléfono de campaña” o picanas (descargas eléctricas en el cuerpo), hasta ejecuciones. Las declaraciones de Waern provocaron un fenomenal escándalo, tanto en Corrientes como en Brasil. Varios diarios de este país, pero en especial Zero Hora (Porto Alegre), investigó este mismo hecho y tituló “Casa Argentina puede esconder cadáveres brasileros”. Es que se sospecha que en ese campo puede haber una imprecisa cantidad de cadáveres enterrados.

El gobierno de Sergio Alberto Montiel, argumentando ahorros para el Presupuesto provincial, creó un régimen de jubilación anticipada que, a las propias fisuras del decreto inicial, añadió la violación del espíritu y la letra de la iniciativa, distorsionando su finalidad. Al amparo de la normativa, se cometieron gruesos errores e injusticias que terminaron dejando un funcionario en la calle, con un pedido de jury para una jueza y una irregular situación en el Tribunal de Cuentas.

Garrotazos

En la Delegación provincial de Instituto Nacional de Teatro (INT) pueden conseguirse algunas de las recientes publicaciones de la Editorial Inteatro, además de la ya clásica revista Picadero, que acerca notas, entrevistas e informaciones varias sobre el arte escénico (sigue en el interior).

Este lunes se cumple un año del secuestro y desaparición de Fernanda Isabella Aguirre, pero en todo este tiempo ni la Justicia Federal ni la provincial han logrado descifrar el rompecabezas de lo que sucedió aquella fatídica tarde del 25 de julio en San Benito. Aunque está probada la responsabilidad de Miguel Ángel Lencina y Mirta Analía Cháves reconoció su participación en el pedido de rescate, la incertidumbre que genera no saber dónde está la nena que hoy tendría 14 años representa la deuda principal de la justicia. Desde enero, la causa está nuevamente en manos del juez de Instrucción Héctor Toloy, que no ha hecho más que repetir algunas medidas dispuestas en su momento por el fiscal Federal Mario Silva sin abundar en nuevas pruebas; así, la causa parece estar encaminada a una muerte lenta y dolorosa. En el medio de la causa, nunca se profundizó la investigación sobre la forma en que personal policial indujo al suicidio a Lencina y tampoco nadie fue sancionado siquiera administrativamente por la gravedad del episodio. Tampoco se avanzó en los supuestos mensajes de la joven, aparecidos en provincias del norte del país, donde quedó claro que fue un ardid policial para desviar la línea investigativa.

El flamante ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, habló con ANALISIS del recambio de funcionarios, de los objetivos redefinidos y de los pasos que se siguen tras el peor escándalo de la actual gestión de Jorge Busti: la incineración de alimentos vencidos y la destrucción de mercadería en condiciones no aptas para el consumo humano. Bordet pasó de ser el coordinador administrador de la subsede Concordia de la UADER y contador del IAFAS a ocupar el cargo de ministro, luego de la aguardada dimisión de la doctora Graciela Degani tras el escándalo de los alimentos inutilizados por esa administración. El funcionario que integra hoy, junto con los ministros de Economía y de Gobierno, el entorno político más cercano del gobernador entrerriano, desmiente su acercamiento al Frente Renovador Peronista, encabezado por el Marcelo Casaretto, y asegura que llegará hasta las últimas consecuencias en los procesos de investigación tanto administrativos como judiciales que imposibilitaron que miles de entrerrianos accedieran a alimentos de los planes nutricionales.