Este mes de junio no sólo nos marca la llegada del invierno, con todo lo que supone el imperio de las bajas temperaturas -a veces no tanto por los desatinos del hombre que provocan una constante degradación del clima-, sino que en la historia política nacional nos ha dejado tres fechas que hoy deseamos evocar (una de ellas cumplida la semana pasada pero que decidimos trasladar a la que está transcurriendo para integrarla con otros dos hechos dignos de recordar) -sigue en el interior-.

El informe de auditores internos impuestos por el ministro de Salud y Acción Social de la provincia al Programa Federal de Salud (Profe) habría detectado una deuda de más de 2,5 millones de pesos en servicios prestacionales, sobreprecios y serias desprolijidades administrativas que dan cuenta de compras directas, falta de cotejo de precios de medicamentos y las respectivas licitaciones, la adulteración de firmas e inclusive el “destroquelado de expedientes”, una modalidad que implica quitar los comprobantes de medicamentos en el trámite administrativo. Las sospechas sobre estas irregularidades derivaron en la separación del cargo de la coordinadora técnica administrativa, Alba Balocco, que se desempeñaba en dicha función desde 1998 y había sobrevivido a los recambios políticos. Desde la otra vereda, Balocco denuncia la forma intempestiva en la que fue separada de su cargo y afirma que el accionar de las autoridades de Salud provincial está viciado de nulidad absoluta, al tiempo que se considera un chivo expiatorio de un área ambicionada por unos y desdeñada por otros. Quien era responsable del Profe amenaza desafiante y en caso de ser convocada a declarar ante un sumario administrativo en ejecución sostiene que “hay muchos que van a caer, porque hay mucha gente involucrada”. La polémica se suscita en la delegación provincial del Profe, que recibe aproximadamente 6 millones de pesos al año por cápita y ampliación de partidas por compras especiales para la cobertura de personas con enfermedades crónicas sin obras sociales que acuden a los hospitales públicos y centros de salud de la provincia.

Corría el año 1983 y en alguna noche de cierre de edición, en una charla con el entonces secretario de Redacción de El Diario, el doctor Jorge Campos -un capo el maestro- recuerdo que le escuché decir: “Hay gente que lee mucho y cree que con eso es suficiente y hay otros que leen también con intensidad pero en forma desordena. Lo importante -sentenció- es leer lo más que se pueda pero bien”. En verdad debo decir que fue para mí lo suficientemente simple, llano, contundente e implacable.

“En la crisis del IOSPER tiene que ver la interna gremial, pero también hay que sacar cuentas de la responsabilidad de quienes han gobernado la provincia los últimos 25 años”, dijo en diálogo con ANALISIS el flamante presidente de la obra social provincial, Silvio Moreyra. A propósito, aseguró que cinco de los siete directores desconocen a la Comisión Fiscalizadora y a la gerente general y que algunas de esas designaciones a la luz de la nueva ley tienen que ver con UPCN. Salió al cruce de las afirmaciones del ex interventor Rizzo, que dijo que había dejado al IOSPER en “perfecto estado administrativo y contable”, e indicó al respecto que encontró una deuda de 6 millones de pesos y otras ocultas. Garantizó que usarán la cláusula de rescisión de los convenios y que habrá discusión. En ese sentido, advirtió que le reclaman al IOSPER por una deuda de un millón de pesos por gastos en medicamentos sin que haya un solo troquel que lo justifique y que si es necesario irá a la Justicia. Señaló que es grande el negocio de la aparatología y que el mayor reclamo por parte de los afiliados es la falta de prestaciones. Finalmente, afirmó que con la nueva ley el Directorio elegido en elecciones quedó prisionero del gobernador y por eso el tema de las renuncias está latente.

Un estudio realizado en la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), ha expuesto recientemente una inquietante observación sobre los indicadores que marcan la situación social en Paraná. A contramano de la tendencia a la baja en los índices de desocupación y pobreza que se registran a nivel nacional, e incluso en distritos como Concordia, los porcentajes en la capital provincial han aumentado en el último semestre del año pasado. Las cifras más significativas marcan un 7,7 por ciento de personas bajo la línea de indigencia en los primeros seis meses de 2005, que pasaron a 14,2 por ciento en la segunda mitad de ese año. En menores de 14 años, se dio un alza de 12,7 a 23,60 por ciento en igual período. Cuando se conocieron algunos de estos parámetros, desde el Ejecutivo Municipal se salió a “matar al mensajero”, calificando de falso e intencional el análisis académico, quedando pendiente una explicación y debate sobre las modalidades, cifras y destino del “presupuesto social”.

Desde la Casa Rosada la espacialidad de lo que tan ampliamente llaman provincias, encierra un concepto difuso. Para la gestión nacional hay un problema con los fondos destinados a la salud de las personas con mayores carencias, y listo. No hay puntos grises, del mismo modo en que no se entiende que haya grados de responsabilidad según los apellidos. No hay Bordet, ni Balocco, ni Legascue, ni Degani. Hay una provincia que descuidó una astronómica suma de dinero, y punto. Ni más ni menos que dinero que era, en muchos casos, para la salud de los pobres.