La movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Paraná logró congregar a una masa compacta de gente que llenó varias cuadras en el trayecto que unió Plaza Sáenz Peña con Plaza Alvear, donde se realizó el acto central y la lectura del documento.

El documento de los organismos de Derechos Humanos pidió a los legisladores provinciales “el rechazo al pliego del candidato a vocal del Consejo General de Educación, Santiago Laumann, porque forma parte de un espacio político que promueve el negacionismo y reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio”.

El pliego Santiago Sergio Adolfo Laumann para ocupar una vocalía en el Consejo General de Educación (CGE) fue impugnado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Juan Pablo Cosso (PJ), por un grupo de dirigentes y militantes de los Derechos Humanos, entre ellos Luz Piérola, exdetenida durante la última dictadura.

"No estamos cuestionando la formación académica de Laumann. Desde el movimiento de los Derechos Humanos cuestionamos la postura negacionsita de Laumann,  que está a favor del terrorimso de Estado, que niega los 30 mil desaparecidos, y nos parece aberrante que una persona con ese pensamiento ocupa un lugar de vocal del Consejo de Educación, que es el organismo que que fija políticas educativas. Esto significa retroceder  en todo lo que son las políticas de Derechos Humanos y lo que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia", dijo Luz Piérola a Radio Plaza 94.7.

El documento de la movilización

"A 48 años del 24 de marzo de 1976, esta marcha nos encuentra ante una bisagra de la historia. Aquel Nunca Más que tanto nos costó conquistar comenzó a estar en peligro con el atentado a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y está hoy amenazado por un gobierno nacional que ejecuta el ajuste más perverso y cínico, que no solo reedita el proyecto de la dictadura genocida, sino que va más allá, en una embestida que pretende retrotraernos a los tiempos más injustos de nuestra historia, previos al Estado de derecho. Solo les falta sacar los tanques a las calles para terminar de sembrar el terror; algo que comenzará a ser un hecho con la ilegal habilitación a las Fuerzas Armadas para actuar en asuntos de seguridad interior", dice el documento.

“No nos vamos a quedar mirando cómo recrean la Doctrina de la Seguridad Nacional, y sitúan en la representación del enemigo interno a todes quienes luchan: organizaciones sociales y políticas, feministas, sexualidades disidentes, ambientalistas, pueblos originarios, sindicalistas, dirigentes partidarios, empleados públicos, jubilados y cualquiera que se oponga al gobierno del presidente Javier Milei y sus aliados y patrones. O todavía más: todos aquellos que no son, ante los ojos de las corporaciones, `argentinos de bien`”, señala el pronunciamiento según reprodujo EntreRíosAhora.

El documento del #24M recuerda que un año atrás “advertimos sobre el crecimiento de una ultraderecha dispuesta a todo con tal de lograr sus objetivos”. Y sumó: “Lamentablemente, no nos equivocamos: tras el fracaso de las políticas económicas del gobierno anterior, el electorado optó por una expresión política que se vanagloriaba ir contra `la casta`. Sin embargo, todo fue parte de la gran estafa electoral que enmascaraba la propuesta de las viejas recetas neoliberales, ahora adornadas con el barniz de ideas vetustas, sectarias y dogmáticas, que solo traen más hambre y miseria para el pueblo”.

“Con el repetitivo discurso del déficit cero, avanzan hacia el desguace del Estado”, describe el documento y cita el cierre de organismos públicos, sobre medios de comunicación, “ataque y vaciamiento” de la cultura y respecto del plan económico del Gobierno señala que “Milei y sus secuaces, como Luis `Toto` Caputo, se arrodillan ante el Fondo Monetario Internacional y pagan la deuda externa que ellos mismos contrajeron y se fugaron sus amigos durante el macrismo, a costa del hambre de las mayorías”.

“Las instituciones educativas son el principal adversario de este modelo económico, individualista y antinacional. Hoy están en riesgo nuestras universidades, las cuales funcionan con un presupuesto desactualizado, con valores del año 2022, cuando hubo una inflación de más del 300%; con becas igualmente desactualizadas, reducidas y excluyentes, lo que pone en riesgo el trayecto educativo de millones de argentinos y argentinas; con una suba del transporte público que afecta tanto a los estudiantes como a los trabajadores de las instituciones. La universidad como bandera esencial de nuestra democracia debe ser defendida. El alumnado, docentes y el personal administrativo tienen derecho a tener asegurado su futuro y sus puestos de trabajo. No estamos dispuestos a soportar más atropellos a nuestros salarios, no estamos dispuestos a entregar nuestras universidades”. subraya.

Y suma: “Denunciamos y seguiremos denunciando que nos gobiernan un presidente y una vicepresidenta que se burlan de los desaparecidos y desaparecidas, que vapulean la lucha de los y las sobrevivientes y familiares, y que van más allá del negacionismo de la dictadura y sus crímenes y directamente reivindican el terrorismo de Estado. Ante esto, reiteramos una vez más: no hubo guerra, no hubo excesos. Son 30.000 y fue genocidio”.

En el marco provincial, el documento de los organismos de Derechos Humanos pidió a los legisladores provinciales “el rechazo al pliego del candidato a vocal del Consejo General de Educación, Santiago Laumann, porque forma parte de un espacio político que promueve el negacionismo y reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio”.

Luego, reivindicó los procesos en la Justicia contra el genocidio y repudió cualquier intento de frenar la acción judicial. “No queremos a esos condenados cómodos en sus casas, en prisiones domiciliarias, celebrando fiestas de aniversarios o cumpleaños como si con esa condena pudieran hacer lo que quieran. ¡A los genocidas los queremos en cárcel común”, planteó y agrega: “Y acá queremos ser claros, los juicios por los crímenes de la dictadura en algún momento se terminarán, pero no será por una decisión política, sino porque el último genocida sea condenado y la última víctima reparada”.

“Por eso exigimos a la Justicia Federal celeridad en las investigaciones, porque las víctimas sobrevivientes se están muriendo sin poder ver a sus verdugos siendo juzgados”, añade.

“Con su ilegal protocolo antipiquetes como regla, la represión policial quese despliega ante cada movilización busca disciplinarnos, inmovilizarnos y dejarnos quietos en nuestras casas. Buscan deslegitimar la lucha y debilitar a las organizaciones del pueblo como herramienta natural de organización de la sociedad”, plantea.

“En paralelo –añade- con la represión de la protesta, el Gobierno profundiza la violencia institucional. Retoma la doctrina Chocobar legalizando el gatillo fácil y otorga más poder a las fuerzas de seguridad para actuar discrecionalmente y sin control civil. El gobierno de Milei, Villarruel y Patricia Bullrich, y su versión local de Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia, sobreactúan con saturación policial en las calles, su circo mediático de la alegada lucha contra el narcotráfico y otros delitos, mientras someten a situaciones de tortura a las personas privadas de su libertad, como fieles admiradores de Bukele. Amplían y desvirtúan la legítima defensa para que los efectivos puedan disparar a matar, disponiendo de hecho la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales”.

En el plano local, apuntó: “En nuestra provincia, la policía de Frigerio y Roncaglia sigue violando los más elementales derechos humanos. La muerte de Ariel Goyeneche cuando se encontraba detenido en la puerta de la Comisaría Segunda de Paraná, es el hecho más reciente. Nos solidarizamos con la familia de Ariel, nos sumamos a su reclamo de justicia y acompañamos su denuncia contra quienes llevaron adelante este crimen atroz. Este hecho revela también cómo se criminaliza a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático o padecimientos de salud mental, a la vez que demuestra la falta de preparación de los integrantes de las fuerzas para actuar en estos casos y el desinterés de las autoridades en hacerlo. Pero el de Ariel no es un caso aislado en Entre Ríos, ni tampoco es algo novedoso. Desde hace décadas venimos denunciando las desapariciones forzadas en democracia, como las de Héctor Gómez, Martín Basualdo y Elías Gorosito, y los casos de gatillo fácil y otras formas de violencia policial que han tenido como víctimas mortales a Iván Pérez, Gabriel Gusmán, Vicky Núñez, Sebastián Briozzi, Leonardo Quintana, Erik Valdez, Totín Pérez y muchos otros”.