(De ANÁLISIS)

Esta semana es definitoria para decidir sobre la conducción de dos organismos centrales del sistema de control previsto por la Constitución entrerriana. Se trata, como hemos venido señalando en ANÁLISIS, de la Tesorería General y de la Contaduría General de la provincia. Ambos tienen al frente autoridades provisorias. El caso de la Tesorería es paradigmático:  desde 2014, cuando por el escándalo que generó la denominada Causa ATER renunció Gustavo Gioria, el Poder Ejecutivo nunca elevó al Senado una propuesta para reemplazarlo, situación que atravesó dos períodos de gobierno. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado fue convocada para el próximo martes 30 de abril y allí puede definirse si esos dos espacios estratégicos pasarán a ser conducidos por funcionarios permanentes o seguirán suplentes sin estabilidad. 

Si bien se trata de cuestiones que no son centrales en la agenda coyuntural de la política, hay que resaltar una vez más que control y transparencia aparecen como demandas concretas de la sociedad hacia las administraciones de gobierno. Se dirá que es en los tiempos de escasez cuando resurge el celo por el cuidado de los dineros públicos. 

Sin quitar responsabilidades debe decirse que la actual administración provincial heredó esta situación. 

En los últimos meses de 2023 el gobierno saliente concluyó un proceso regulado por el decreto 987 de ese año, por el que se convocó “a Concurso Público de Antecedentes y Oposición” para cubrir los cargos vacantes. 

El primer día de noviembre de 2023 llegaron a la Cámara Alta los pedidos de Acuerdo Constitucional para que la contadora Ingrid Corona sea considerada para ser Tesorera General de la Provincia y para que el contador Andrés Zabala pueda ocupar el cargo de Contador General de Entre Ríos. 

Ambos profesionales cumplieron con todos los pasos previstos. Además, se sometieron al jurado de concurso oportunamente convocado y pusieron sus antecedentes a consideración de la ciudadanía entrerriana, que tuvo la oportunidad de opinar al respecto. También se expresaron en el Senado en una audiencia pública. 

Después de todo esto la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado generó un despacho favorable. 

Queda para el terreno de las conjeturas conocer por qué la composición legislativa anterior, que terminó su período de representación el 10 de diciembre de 2023, no aprobó los pliegos. 

La espera se prolongó porque el Poder Ejecutivo, en una novedosa gestión, pidió a la actual conformación del Senado que le fueran enviados los acuerdos para analizarlos, a pesar que todos los antecedentes estaban a su alcance, por ser públicos y porque, además, fue en ese poder del Estado donde se desarrolló el concurso que terminó con la confección de los pliegos. 

Tal vez para mantener y solidificar las relaciones armoniosas que tienen por estos tiempos el Legislativo y Ejecutivo entrerrianos, los senadores accedieron, pero -hay que resaltar- dando un plazo de 30 días para permitir el estudio, lo que ya concluyó. 

Los legisladores están ahora en tiempo de descuento. Un tema crucial y de envergadura el que deberán analizar esta semana, donde también tienen previsto sesionar. 

Es que el reglamento de la Cámara Alta, en relación a los pedidos de acuerdo constitucional, establece que, si no existe acuerdo dentro de los seis meses de presentados, se archivarán.