El secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, evaluó el paro que desarrolló la CGT este jueves y describió la grave crisis que vive el sector.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Ruberto admitió que “de los empleados de comercio fue un paro no muy contundente, pero es la tradición en nuestro gremio porque es muy disperso, de uno o dos trabajadores por lugar”. “Eventualmente algunos adhirieron porque comprenden cuál era el reclamo de la CGT, otros no se sienten totalmente representados y salvo en las grandes ciudades donde no se pudo concurrir a trabajar por problemas de transporte, en general en el país no fue un paro contundente desde nuestro sector”, explicitó.

Sobre la realidad del comercio, afirmó que “el sector está mal, las grandes superficies y las grandes cadenas están perdiendo ventas y achicando por goteo –o no tanto- su planta de personal en todo el país, y en Paraná también, así que estamos en una situación de pérdida de empleos”. Puntualizó que “a nivel país hubo una baja de 50.000 empleos y en Paraná son 10 confirmados de la empresa Dorinka (N.R.: empresa del Grupo de Narváez que en noviembre de 2020 adquirió la operación de Walmart Argentina)”.

“Después también hay desvinculaciones que están disfrazadas de retiro voluntario pero que en realidad son achiques. Hoy se supo que cerró un turno de Whirlpool que hacía heladeras, Toyota, las automotrices que cierran 15 días, Fiat que deja de producir el Cronos en Córdoba. Es decir que hay un achique generalizado y esto repercute sí o sí en el comercio; se corta el hilo por lo más delgado y con la esperanza de tener una ley más flexible, muchos se desprenden hoy de los trabajadores para tener el día de mañana un contrato mucho más flexible o como monotributistas como plantea la Ley Bases”, explicó.

“El 56% de los argentinos votó al Presidente y hay dudas todavía, hay gente que con toda legitimidad puede creer y dar crédito entre lo que está planteando la CGT y lo que está planteando el Presidente con su ley bases. Esto no es un paro sectorial donde se plantea algo puntual del sector, es un paro netamente político de definición de qué país queremos y sectorialmente qué opinamos de que se diluya la relación de dependencia, que se agregue la figura del colaborador, que se achiquen las vacaciones o se impidan las multas por trabajadores en negro. Es un paro político y hace menos de cinco meses hubo un voto que eligió algo y hay gente que lo banca todavía”, analizó.

Respecto de los incrementos salariales, Ruberto apuntó: “Nosotros trabajamos todos los meses en eso, ahora tenemos el 7 y el 8% de aumento pero ahora la CAME –una de las principales cámaras que se sienta con nosotros en paritarias- amenazó, se retiró y no quiere sentarse a discutir más, quiere suspender la paritaria por tres meses y que no haya más aumentos porque no pueden representar a la cantidad de asociados de todo el país porque dicen que no pueden pagar los sueldos. La última paritaria que fue una suma fija de 40.000 más 8% y 7% estuvo a punto de fracasar. Nuestro sector está muy complicado”.

Sobre la baja del nivel de ventas, agregó que “la gente tiene que pagar la luz, el gas, eventualmente los impuestos, aumentó el combustible y es todo un combo. Si bien dicen que la inflación está bajando, en los alimentos no lo vemos, aunque es cierto que algunas cosas bajaron porque no vendían nada, pero es un sector que está muy complicado. Si se cayeron más de mil puestos de la construcción por el freno de la obra pública, si un montón de trabajadores de organismos nacionales que fueron despedidos en los últimos dos meses, eso repercute en el comercio; hay menos plata en la calle y se nota”.

Sobre las medidas del gobierno nacional, criticó que “ahora resulta que la casta son los trabajadores, porque las únicas medidas son contra los trabajadores, contra los derechos que adquirieron, es el único país del mundo donde se ajusta a los jubilados para que puedan vivir con 190.000 pesos más algún bono que le dieron, donde a las prepagas les parece mucho que paguen 250.000 pesos cada uno y a las obras sociales sindicales nos obligan a atender un monotributista por 6.000 pesos. Todo afecta al trabajador”.