Por Juan Cruz Butvilofsky
Un cúmulo de distintos hechos ocurrieron en el hospital Gregoria Pérez de la localidad de San Gustavo, ciudad ubicada a poco más de 20 kilómetros de La Paz. Sorprende la diversidad de problemáticas que tienen que ver con violencia de género, abusos sexuales –con causa en la Justicia-, maltrato laboral, precarización y sospechas de corrupción. Todo ello en un contexto donde la política oficial se maneja con la discrecionalidad típica de los pequeños pueblos. San Gustavo es una ciudad que tiene alrededor de dos mil habitantes.
El justicialismo local gobierna el Municipio. La presidenta municipal es Cristina Chialva, secundada por Carlos Gervasi, quien además de ser viceintendente es el administrador del nosocomio Gregoria Pérez desde la década del ´80. Este hombre fue empujado por las autoridades a tomar sus vacaciones al frente del hospital luego de una serie de denuncias en su contra.
Chialva y Gervasi manejan el Municipio a su gusto, son quienes conducen los destinos no sólo del Poder Ejecutivo sino también de las otras dependencias. De hecho, la principal fuente laboral de San Gustavo es la administración pública, por lo que hay una profunda dependencia que sufren los trabajadores y que es ostentada por el poder de turno. El temor acechaa los trabajadores a la hora de reclamar por sus derechos.
Algo así sucedía –y sucede- en el hospital Gregoria Pérez. Gervasi se vio forzado a tomarse las vacaciones luego de estar más de veinte años al frente de la institución. Una serie de denuncias de trabajadores y trabajadoras lo pusieron en una difícil situación ante las autoridades del Ministerio de Salud, desde donde se decidió intervenir el nosocomio el pasado mes de noviembre. Sobre el viceintendente recaen distintos tipos de sospechas que van desde el maltrato laboral y violencia de género a manejos irregulares con dinero que no le pertenece.
En el hospital se trabaja con consultorios externos y no hay servicios de mayor complejidad. Además, funciona un geriátrico que actualmente alberga a unos 14 abuelos. En estos momentos se están desarrollando obras de ampliación del nosocomio. Aquí yace una de las sospechas contra Gervasi y el manejo de dinero ajeno.
Para que un abuelo o abuela pueda ingresar al geriátrico debe concederle un poder de tutoría al propio Gervasi. Esto hace que el administrador tenga manejo absoluto de las pensiones de los jubilados del hospital. Sobre todo porque el control de los destinos de ese dinero los hacía el propio Gervasi. “Nunca registró un ingreso a la contabilidad del hospital con respecto al dinero de los abuelos”, expresaron a este medio. Del total de las pensiones, Gervasi debió haber rendido el 70 por ciento para el hospital –haciendo el debido registro- y el 30 por ciento restante se lo debía entregar a los jubilados, beneficiarios de dichas pensiones.
Sin embargo, se supo que Gervasi no sólo no registraba el ingreso correspondiente al noscomio, sino que sólo le daba a cada jubilado la suma semanal de 200 pesos. Es decir, 800 pesos al mes que equivalen a un monto que supera apenas los once mil pesos mensuales. Si se calculade cuánto fue el ingreso por pensiones de los 14 jubilados –teniendo como promedio el monto de siete mil pesos por mes para cada jubilado, cifra inferior de la jubilación mínima de 2017- se llega a una suma mensual de 98 mil pesos. De ese total, el 30 por ciento que correspondería a los jubilados llega a casi treinta mil pesos, más del doble de lo que Gervasi les entregaba.
(Más información en la edición gráfica número 1075 de la revista ANALISIS del jueves 5 de abril de 2018)
