Por Juan Cruz Butvilofsky
La Empresa Romero S.A. (ERSA) recaló en la ciudad de Paraná en el año 2009 cuando compró La Victoria y Fluviales. A partir del año siguiente, comenzaron a circular los colectivos con la marca de la firma que tiene su casa central en la provincia de Corrientes y que ahora está atravesando por una crisis financiera. Junto a Mariano Moreno SRL manejan el transporte urbano de pasajeros en la capital entrerriana y junto a Etacer (Flecha Bus) se reparten el mercado interprovincial que comunica a Paraná con Santa Fe.
Ramón Mario Romero creó la empresa en la década del 60 pero fue a partir de 2008 que tuvo un crecimiento exponencial que le permitió manejar servicios públicos en varias provincias del país como así también en el ámbito internacional. La firma recaló en Uruguay y en Paraguay, siempre con la misma lógica de concentración monopólica: ir adquiriendo empresas desde una asimetría favorable desde lo financiero.
También supieron diversificar su actividad. Lograron establecerse en el mercado de cargas, transporte de residuos, transporte fluvial, alquileres de vehículos (manejó desde 2011 la franquicia de Avis en el país, cuya oficina de atención al público estaba en el histórico galpón de Fluviales sobre calle Belgrano), manejo de terminales de ómnibus y la Tarjebus, empresa de la cual la firma de Romero es accionista. Además, ERSA Logística supo reemplazar una empresa del Grupo Macri a la hora de distribuir los servicios electorales del Correo Argentino.
Por decisión del intendente Sergio Fausto Varisco, el servicio de transporte urbano de pasajeros se volvió a licitar tras haber pasado varias décadas sin que esto ocurra. Fue materia de discusión política en el Concejo Deliberante, donde comenzó a debatirse el marco regulatorio que debía regir en la capital provincial. Ya por esos tiempos, desde la oposición municipal aseguraban que la licitación “estaba hecha a medida de ERSA” y que el intendente tenía vínculos de amistad con Roberto Albisu, uno de los principales referentes de la empresa de Romero en la provincia de Entre Ríos.
El proceso licitatorio terminó con ERSA y Mariano Moreno adjudicándose el servicio bajo el nombre de Buses Paraná. En el medio se metió la polémica por la utilización del predio del Jardín Botánico, ya que el intendente Varisco pretendía que se monte en dicho lugar un espacio para que las empresas depositen toda su flota de colectivos. Esta decisión fue resistida y revertida por la ciudadanía paranaense, que se movilizó de manera constante para impedir que un espacio público dedicado a la recreación y el ocio en vínculo con la naturaleza termine siendo un playón cargado de colectivos y residuos de combustible.
Durante 2018, desde la empresa se comenzó a presionar para que se determine un aumento a la tarifa del transporte urbano de pasajeros en Paraná. Para esto sesionó en reiteradas ocasiones el Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) donde están representados el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición legislativa, los choferes, los empresarios y la Defensoría del Pueblo. Allí, mediante especialistas contables aportados por cada espacio, no se logró arribar a cuál sería la tarifa indicada para determinar el aumento. La empresa se mantuvo firme en que el aumento debía superar los 20 pesos ($22,80) pero ni siquiera el dictamen técnico del bloque de concejales de Cambiemos justificaba ese aumento.
La polémica se profundizó durante 2019 por la eliminación de los subsidios nacionales a partir del 1º de enero. La empresa abandonó el lobby empresarial y pasó a la acción. En el mes de febrero, el grupo empresario anunció que iba a reducir las frecuencias por falta de rentabilidad. Esta acción significó una clara violación al marco regulatorio que le debería poner límites a las empresas, ya que se trata de un servicio público esencial que le garantiza una serie de derechos elementales a la ciudadanía.
En medio de una semana tensa y mientras el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Ricardo Frank, prometía sanciones a las empresas, el intendente Sergio Varisco decretó el aumento a medida de ERSA y Mariano Moreno. Aumentar el boleto del transporte urbano por decreto también iba contra el marco regulatorio y por esto el presidente municipal recibió duras críticas de la Asamblea Ciudadana, sectores de la oposición y la Defensoría del Pueblo. Luego de esto –y después de haber subsanado reiterados errores formales a la hora de la presentación- el Poder Ejecutivo Municipal envió un proyecto de ordenanza para que sea el Concejo Deliberante el que discuta el aumento de la tarifa tal como lo prevé la ley. En la iniciativa de Varisco se prevé un aumento a 22,80 pesos –tal como pide la empresa- pero con un subsidio municipal de 2,80 pesos para que el ciudadano común pague el boleto a 20 pesos.
(Más información en la edición gráfica número 1094 de la revista ANALISIS del 4 de abril de 2019)
