Por G.A.A. (especial para ANALISIS)

En declaraciones públicas efectuadas durante el ejercicio de su función legislativa en el recito, el presidente del bloque de senadores provinciales peronistas, elegido por el Departamento Concepción del Uruguay, Martín Oliva defendió la designación de su colega y compañera Patricia Díaz de Rossi, como representante del Senado Provincial en el Jurado de Enjuiciamiento y a su vez, su presidenta. Para encumbrarse en la conducción del referido Tribunal, Díaz contó con el apoyo de los representantes de la Cámara de Diputados, del Colegio de Abogados y del Superior Tribunal de Justicia; a los que se sumó el silencio del gobernador al respecto, aunque estuvo presente en su asunción, cuando no era necesario.

El Jurado de enjuiciamiento es el Tribunal que juzga a jueces, fiscales, defensores y algunos funcionarios públicos estables que la Constitución Provincial no somete a juicio político. Sus integrantes son, en buen romance, jueces de jueces. Para defenderla Oliva invocó el carácter de “independiente” del Poder Legislativo entrerriano y particularmente de su Cámara de Senadores.

Para cuestionarla, la prensa libre primero y después, luego de despertar de su siesta, el sindicato de jueces, apuntaron que Patricia Díaz es esposa del múltiple condenado y enjuiciado y no por ello también numerosas veces electo intendente de Santa Elena, Daniel Domingo Rossi. Por si no faltara detalle, ella misma está sometida a investigación por probable participación en delitos en perjuicio de la administración pública.

Pese a las cuantiosas veces en que el Senado Provincial fue tachado de escribanía del Poder Ejecutivo, de la letra de la Constitución no hay duda que integra un poder independiente. Varias son las funciones y las competencias que el texto constitucional le asigna y que nos permite concluir, al menos en la letra, que se trata de un cuerpo integrante de otro poder de Estado, encargado entre otros menesteres, de controlar al Ejecutivo.

Pero la independencia del Senado no alcanza para designar en el Jurado de Enjuiciamiento a cualquiera. Deben concurrir otros requisitos además de integrar el cuerpo. El o la propuesta, en este caso, no debe tener u ostentar incompatibilidad de intereses entre su situación personal y el cargo conferido, lo que evidentemente carece la senadora Díaz. El sentido común nos indica que si tanto ella como su esposo están sospechados por la presunta comisión de delitos en perjuicio de la administración pública, carece de la independencia de criterio para juzgar a los jueces que a su vez, deben juzgarlos a ellos. La experiencia no solo entrerriana, sino nacional y mundial indica que quien está enjuiciado hará lo posible para evitar serlo. No se sorprenda lector si Patricia Díaz o su inefable abogado Carlos Guillermo Reggiardo, lo denuncian al fiscal Alvaro Piérola, integrante del Ministerio Fiscal a cargo de la acusación de Rossi. De hecho, en los últimos días, el exvicegobernador y actual intendente anticipó en algunos medios que irían al ataque contra algunos fiscales en algunas semanas, por las desavenencias en torno al inicio del juicio y la investigación del caso del asfalto irregular en su ciudad, que lo tiene nuevamente en el banquillo de los acusados. Avanzar contra fiscales y jueces que investigan la corrupción ha sido un hobby siempre bien pago para el letrado victoriense y frustrado precandidato a senador o a titular de la Fiscalía Anticorrupción y siempre contó con el aval de integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y otros vocales afines a que nunca se avance contra los corruptos.

Los argumentos en el debate político entre gente inteligente categorizan según su peso intelectual. La independencia del Poder Legislativo es un argumento y a la vez presupuesto para elegir a uno de sus integrantes sin interferencias del resto de los poderes del Estado. Se trata de un argumento institucional, pero no es el único. Hay otros que existen desde antes que exista la Constitución misma, y son los argumentos con densidad moral. Los que surgen luego de analizar el comportamiento de las personas y tienen plena vigencia en los estados democráticos de derecho. Uno de ellos es que ningún funcionario es apto para ejercer un cargo si se encuentra en incompatibilidad moral entre las funciones conferidas y su situación personal.

El problema es que hay algunos funcionarios que de moral saben poco.

Mas claro, echale agua.