Por Martín Balza (*)

El Preámbulo de la Constitución Nacional (CN), con claridad meridiana, hace referencia a la esencia de la Defensa nacional: “Proveer a la defensa común”, y la Ley 23554/1988 impone: “Repeler agresiones de origen externo (…) Garantizar de modo permanente la soberanía e independencia nacional y su integridad territorial”. Para ello existen las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la responsabilidad primaria de dependencia y conducción es del ministro de Defensa, pero la CN, en el artículo 99 (Inc. 12 y 14), precisa que el presidente de la Nación: “Dispone de las FF.AA. (…) Corre con su organización y distribución”. El Preámbulo, también expresa: “Consolidar la paz interior”, y la Ley 24059/1991, precisa: “Proteger la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”. La responsabilidad primaria de dependencia y conducción es del ministro de Seguridad, quien dispone de fuerzas altamente profesionales, con adecuado equipamiento y armamento: Policía Federal y Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeronáutica). El Gobierno nacional dispone de ellas para ejercer lo que el sociólogo alemán Max Weber, en su libro La política como vocación, llama: “El monopolio legal de la violencia (…) Solo el Estado puede hacer uso de la coacción física de manera legítima”; aprecio que, implícitamente, conlleva el concepto de su empleo gradual.

En el mundo y en la región el narcotráfico está ligado a otros delitos transnacionales como el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y el lavado de activos, todos ligados entre sí y a la corrupción, según un reporte del Global Financial Integrity, en algunos países el dinero sucio alcanza el uno o más por ciento del PBI. Se percibe también el financiamiento a las mafias, al terrorismo y al crimen organizado. Algunas fuentes aseguran que el movimiento ilegal es del orden de 500 mil millones de dólares anuales.  En tal sentido, expresaré algunas reflexiones, como consecuencia de vivencias personales. Un especialista en el tema –el expresidente de Brasil, Fernando H. Cardoso– manifestó que la lucha contra el narcotráfico en el mundo se va perdiendo, como consecuencia de que muchos países lo han abordado careciendo de un diagnóstico medular, y en el presupuesto asignado para combatirlo erróneamente dan prioridad a la oferta y la represión, en lugar de hacerlo con la prevención, que debería ampliarse a otras áreas, como la educación, la salud pública, la política migratoria, la cooperación internacional, las tareas de inteligencia y contrainteligencia, y contar con funcionarios competentes y comprometidos con el delito que se declara combatir.

Quiero detenerme en un ejemplo del empleo gradual del monopolio de la fuerza, a que se refiere Weber. En los lamentables acontecimientos de diciembre de 2001, el entonces presidente de la Nación intentó emplear al Ejército como elemento de represión, y el entonces jefe de la fuerza, general Ricardo Brinzoni, se negó a cumplir esa orden, porque no estaban dadas las prescripciones legales: no habían sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad, no se había declarado el Estado de Sitio y no se había convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Las leyes vigentes citadas son claras sobre la contribución a prestar por las FF.AA. como soporte logístico –no operativo– a los elementos dependientes del Ministerio de Seguridad, particularmente en: alojamiento, racionamiento, transporte, comunicaciones, etcétera.

Por razones éticas y de prudencia me abstendré de opinar sobre resoluciones de las actuales autoridades sobre el tema.

Aprecio interesante citar algunas opiniones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el flagelo de marras. El exsecretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, dijo: “Las fuerzas armadas no están capacitadas para cumplir funciones de seguridad pública y carecen de respaldo legal para hacerlo (…) El poder judicial ha creado una puerta giratoria que permite a los delincuentes salir de prisión por fallas al debido proceso o porque argumentan violaciones a sus derechos humanos”. El sociólogo y analista internacional chileno Raúl Sohr, manifestó: “Es una pésima idea involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico”. El licenciado y politólogo argentino Sergio Eissa concluye: “Fuerzas Armadas y narcotráfico: una aventura peligrosa”. Y me permito agregar que en los países donde se emplearon los resultados fueron negativos, letales, desmoralizadores y afectaron seriamente la profesionalidad. Me consta que nuestro instrumento militar no tiene estructura, despliegue, instrucción, adiestramiento, material, armamento ni capacidad operativa para un empleo ajeno a su misión principal, que es: constituir un elemento de disuasión creíble que posibilite desalentar amenazas que afecten los intereses estratégicos vitales, entre otros: una Patagonia –joya de materias primas– desprotegida, lo mismo que seis mil kilómetros de costas (quinto litoral marítimo mundial) y el Acuífero Guaraní (tercer reservorio de agua dulce del mundo). Actualmente, carecemos de la capacidad necesaria para cumplir con lo expresado. Con gran dedicación y sacrificio cumplen con sus misiones secundarias: participar en misiones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas, brindar apoyo a nuestra comunidad ante emergencias y apoyar la actividad científica en la Antártida.

Nuestras FF.AA. existen porque existe el Estado, y no es necesario buscar conflictos posibles en los tratados de polemología (Nota de la Redacción: estudio científico de la guerra como fenómeno social) pues, como asegura Eric de La Maisonneuve: “Se desarrollan frente a nuestros ojos a escala natural”; el mundo está colmado de ellos, algunos visibles y otros latentes. Al respecto, es elocuente la afirmación del ministro de Defensa: “Tenemos que auditar la totalidad del Sistema de Defensa. Sabemos que llevan años sufriendo el destrato, la desinversión, el agravio y el perjuicio ideológico que los ha golpeado tanto a nivel material como emocional” (La Nación, 1° enero 2024). Lo expresado se materializó en forma progresiva en el presente siglo.

En síntesis, el estado de indefensión es por demás objetivo, en un contexto internacional explosivo, incierto e imprevisible, de las múltiples y concretas amenazas sobre nuestro apetecible vacío geopolítico, para satisfacer necesidades económicas, expansionistas o demográficas de otros Estados.

(*) Martín Balza es exjefe del Ejército y exembajador en Colombia y Costa Rica. Veterano de Malvinas. Este artículo de Opinión fue publicado originalmente en el portal de Perfil.