Juan Cruz Varela
Gabriela es apenas un botón de muestra.
Pueblos enteros son fumigados con los tóxicos del agro. Los aviones sobrevuelan los sembradíos escupiendo veneno, como los mosquitos transitan por los campos, rutas o caminos vecinales sin distinguir soja de casas, trigo o maíz de escuelas.
El agua que consumen y el aire que respiran enferman a las personas en el campo y ya no hay dudas de que la exposición permanente a los agrotóxicos modificó el perfil de enfermedades en las zonas rurales: el cáncer es la primera causa de muerte entre ellos.
La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el carácter carcinogénico humano de varios pesticidas, entre ellos, el glifosato, que es el tóxico del agro más utilizado en el mundo, y también en la Argentina.
Gabriela vive desde hace treinta años en la zona rural de Lucas González, una pequeña localidad, a unos treinta kilómetros de Nogoyá y a poco más de cien de Paraná. Antes vivía con una familia más numerosa y ahora con su hija de 6 años con Síndrome de Down, rodeada de explotaciones agrícolas, y expuesta a las constantes fumigaciones aéreas.
Ambas son víctimas de los tóxicos del agro que esparcen los aviones.
Hace unos días, Gabriela y su hija le ganaron una batalla a los poderosos.
En abril, la mujer se había presentado en los tribunales provinciales para interponer una acción de amparo pidiendo que se ordene a los propietarios del predio denominado “Estancias San Juan”, o quienes estuvieran explotando el campo, el cese de las fumigaciones aéreas sobre sus respectivos predios rurales “con cualquier clase de agrotóxicos, por contrariar lo establecido por la normativa provincial”.
Pero Gabriela fue más allá en su planteo: exigió que se amplíe la distancia de fumigación terrestre, por el riesgo que implica para la salud de su hija y “por los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y, en consecuencia, en la salud” de las personas que viven en las adyacencias del establecimiento rural; pidió que se efectué, a través de la Dirección de Hidráulica de la provincia, un análisis sobre el agua de lluvia para determinar la presencia de agroquímicos; y que el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a cargo del investigador Horacio Baldomenico, realice también un análisis “físico-químico y bacteriológico” sobre el agua utilizada para el consumo humano a fin de determinar si contiene “los siguientes tipo de agrotóxicos: órganos clorados, órganos fosforados, carbamatos y piretroides”.
La empresa se comprometió a que no fumigaría sin avisarle con siete días hábiles de antelación, pero también a alojar a la mujer y a su hija en un hotel de la ciudad de Nogoyá durante tres días a partir de que comience la fumigación de los cultivos en los campos linderos a la casa. Ojo, José Emilio Esteban Mattievich y su firma Grazzia SA dejaron asentado que hacían esto “sin reconocer ninguna responsabilidad en el hecho” y “en contemplación de la circunstancia de salud de la menor”.
Pero los abogados Aldana Sasia, Marcelo Boeykens y Eduardo Luis Larrat, que representaron a la mujer y su hija, destacaron en el mismo nivel de relevancia, la instrucción a la Policía local para que los efectivos estudien las normativas ambientales que rigen en el país y en la provincia, y tengan la capacitación suficiente para responder ante cualquier denuncia de ciudadanos por fumigaciones ilegales.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS correspondiente al día 7 de julio de 2016)
