Por Daniel Enz

(de ANÁLISIS)

A pocos sorprendieron en el ambiente judicial y político los movimientos casi desesperados de la vocal Susana Medina de Rizzo por lograr un lugar en la Corte Suprema de Justicia de Javier Milei. En realidad, ese puesto viene siendo casi una obsesión para la magistrada, desde hace ya varios años y por lo cual, en los últimos tiempos, la vocal del Superior Tribunal de Justicia ha sido lo más parecido a una mujer itinerante en su cargo. Su ocupación pasó más por mostrarse en diferentes lugares del país, como así también en el exterior, presidiendo la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y, de esa manera, lograr un posicionamiento político nacional. Su rol en el alto cuerpo entrerriano pasó a ser intrascendente y siempre delegado a sus colaboradores más cercanos.

Susana Medina de Rizzo nunca se destacó demasiado por la contundencia de sus resoluciones, ya sea como fiscal o jueza de Instrucción, pero siempre fue una buena operadora judicial, dispuesta a ir generando contactos en diferentes gobiernos, ya sea en la provincia como en la Nación. Medina logró insertarse en la entidad, precisamente por su amistad con la exministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, ya fallecida. Y ella siempre entendió que era su “sucesora”, aunque estaba claro que nadie nunca se lo creyó ni lo interpretó de esa manera, precisamente por las limitaciones de la jueza paranaense.

Hija de un suboficial retirado del Ejército, comenzó la Facultad de Derecho en 1973, en la UNL de Santa Fe y terminó cinco años después, en plena dictadura. Cuando se recibió tenía 23 años y decidió capacitarse en Capital Federal. Durante casi cinco años trabajó junto al reconocido criminólogo Elías Neumann. Llegó en el momento justo al estudio del letrado: Martín Irurzun había sido nombrado secretario del Juzgado de Instrucción número 5 de Capital Federal y dejó un lugar libre, que ocupó Medina. Apenas retornó a Paraná, a fines de 1983, fue designada abogada de la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El dirigente Omar Duerto era, en esos días, delegado de la obra social y jugaba al fútbol en Atlético Paraná, el club donde el esposo de la abogada, el médico militar Ricardo Rizzo, era directivo. A su vez, durante unos pocos meses, Susana Medina colaboró en el estudio notarial-jurídico de la familia radical Rodríguez Vagaría. No obstante, cuando apareció la Ucedé, de la mano del capitán ingeniero Álvaro Alsogaray, Susana Medina no dudó en transformarse en dirigente de esa agrupación, precisamente por su posición y formación de derecha. Era ella quien gestionaba notas en los medios y hasta llevaba las gacetillas de prensa a los periodistas. Medina de Rizzo era además una seguidora del exobispo castrense y arzobispo de Paraná, monseñor Adolfo Tortolo, y una fiel representante del Opus Dei en la capital provincial. De hecho, cada vez que uno ingresaba en su despacho, la primera fotografía encuadrada que se encontraba en la pared era la de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Medina de Rizzo siempre se mostró cercana a monseñor Estanislao Esteban Karlic y lo propio hizo con los obispos que lo fueron sucediendo, como Mario Maulión o el actual Juan Alberto Puiggari.

Aceptó una suplencia en la Defensoría de Pobres y Menores y también fue nombrada docente de la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, donde permaneció hasta 1992. Renunció el día en que dictó el procesamiento del entonces titular de la fuerza, el inspector general (R) Eloy Fernando Heinze, quien se desempeñó como primer jefe de la gestión de Mario Moine. Siempre quedó claro que el procesamiento había sido una clara orden del bustismo -a quien respondía la jueza en esos tiempos- para afectarlo a Moine, quien había asumido el 10 de diciembre de 1991. Un tiempo antes, en mayo de 1989 fue requerida por el fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy. Se conocían desde la época de la Facultad. Le ofreció el cargo de agente fiscal y el 3 de julio de ese año asumió en la función. Luego ascendió a jueza, antes de la finalización del mandato de Busti. Fue el 19 de julio de 1991.

El caso de las 27.300 cajas alimentos (que se pagaron desde el Estado entrerriano, pero nunca se recibieron, al igual que otras partidas similares, en tiempos del primer gobierno de Jorge Busti) estaba en el Juzgado de Susana Medina de Rizzo. Los diputados implicados en el affaire quedaron preocupados con el tenor de las preguntas que les fueron haciendo en Tribunales, a aquellos que habían terminado el mandato y no disponían de fueros. Del otro lado del escritorio, a la hora de las preguntas, siempre estuvo la misma empleada judicial: Mónica Zunilda Torres, exsubsecretaria de Derechos Humanos de Busti, quien había retornado a su lugar de trabajo en la Justicia tras su paso por la función pública y había sido solicitada especialmente por Susana Medina para trabajar con ella. Por esos días nadie del peronismo quería hablar de su pasado de informante reservado del Batallón 601 -en tiempos de la última dictadura- y menos reconocerlo. Pocos le perdonaron ese error a Busti y en especial a Hernán Orduna, que fue quien la hizo nombrar al frente del área de Derechos Humanos de la provincia. Su rol de espionaje fue determinante en los días previos al secuestro y asesinato de los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, tras su paso por Paraná, en mayo de 1983, ante de que fueran ejecutados poco después, en proximidades de Rosario. En 2011 se pudo comprobar oficialmente que Mónica Torres fue personal civil de Inteligencia, dependiendo del Ejército Argentino, entre 1976 y 1983. Medina nunca dijo una palabra al respecto. Tampoco habló jamás de la acusación a su marido ante la Justicia Federal, de parte de soldados del Ejército Argentino, dependientes del Hospital Militar de Paraná, cuando recibía, junto a otros profesionales, a detenidos políticos acribillados o asesinados por la dictadura, a partir de marzo de 1976, en el mencionado nosocomio. Pero bien que se encargó de que jamás existiera imputación alguna en la justicia contra el médico militar Rizzo.

Medina de Rizzo siempre fue una particular e insistente operadora política desde el Superior Tribunal de Justicia. Era capaz de llamar 50 veces en una semana a un gobernador, para lograr un cargo de fiscal o jueza y repetir lo mismo para ser vocal del Superior Tribunal de Justicia, como lo hizo con Jorge Busti en su último mandato. Casualidad o no, Medina casi siempre fue ascendida después del archivo de alguna sonada causa, que rozaba al poder político. Sucedió con el caso de las 27.300 cajas de alimentos o con la “no investigación” de la causa por el enriquecimiento ilícito del exministro de Economía, Eduardo Macri, a quien en 1996 denunció la revista ANÁLISIS por sus cuentas en Uruguay y Suiza, países donde movió cerca de 2 millones de dólares. Pero Medina nunca avanzó y el caso terminó archivado después de su ascenso a vocal del STJ.

En otra de sus acciones estratégicas, hace menos de dos meses, Medina le presentó al Papa un informe sobre subrogación materna en Argentina y reclamó que la práctica sea tipificada como un delito de “trata con fines de explotación productiva y tráfico de menores”. Una indudable acción pública para posicionarse en los sectores provida.

Medina de Rizzo espera ahora la bendición de Javier Milei. Siente que está preparada para llegar a la Corte Suprema, aunque muchos, quizás demasiados, consideren que todo está en el imaginario de la jueza. Quizás no sepan de sus reuniones en Buenos Aires con encumbrados empresarios, miembros de la Iglesia, gobernadores, el Congreso de la Nación, funcionarios de la Casa Rosada o de su intensa recorrida por las más importantes embajadas extranjeras con sede en el país, pidiendo a todos la bendición. Quizás desconozcan que, en realidad, es lo único que le interesa en la vida. Pasó a ser su única obsesión, por más que algunos no quieran reconocerlo.