De ANÁLISIS

Una estudiante del Colegio Católico San Vicente Paul de Concepción del Uruguay, denunció que estaba siendo víctima de bullying y lejos de solucionar el problema, desde la institución intentaron dejarla afuera. La mamá de la alumna no tuvo más camino que buscar asistencia legal y bajo el patrocinio del abogado Ricardo Monzón de Gualeguay, presentaron una medida autosatisfactiva en el Juzgado Civil y Comercial, a cargo de la magistrada Sonia Rondoni Caffa.

La presentación legal se resolvió este miércoles.  La jueza ordenó al colegio reinscribir a la chica para el ciclo lectivo 2024 y entregar a la madre los recibos de pago de cuotas realizados durante 2023.   

El caso fue contado en revista ANÁLISIS del 23 de noviembre pasado, en un informe titulado Solas y valientes.

Solas y valientes

“Acoso Escolar en el Colegio San Vicente de Paúl. Mi hija lo padeció en carne propia, como yo lo sufrí como madre, frente a un Colegio que lo negó, enfrentó a los padres de los involucrados e intentó echar a la alumna de la institución, pero finalmente la Justicia puso las cosas en su lugar”, valoró la mamá de la chica en un mensaje que publicó a través de sus redes sociales.

“El acoso a mi hija comenzó durante el año escolar 2022, y pese a que lo expuse frente a las autoridades del Colegio no obtuve respuestas. Al año siguiente, en marzo de 2023, presenté una nota al Colegio, reiterando lo que continuaba sucediendo con mi hija, con copia al Obispo diocesano, ya que el Colegio pertenece a su Diócesis, cómo también el Obispo es quien nombra un apoderado legal que actúa en su nombre. Mi nota causó profundo malestar, intentando sus autoridades, especialmente uno de los responsables del Colegio que me retractara. Luego el propio Obispo y responsables de la institución, insistieron en sugerir, un cambio de colegio para mi hija”, recordó la mujer.

Agregó que sufrió haber sido enfrentada “con los padres de los alumnos involucrados” y que “durante las vacaciones de invierno 2023, intentaron rescindir la relación educativa del Colegio con mi hija. Se negaron a seguir cobrando la matrícula mensual, teniendo que pagarla mes a mes mediante transferencia. Intentaron impedir que mi hija pudiera matricularse para el año 2024. Siempre negaron la situación padecida por mi hija, buscando de modo insistente la manera de que no continuara sus estudios en el establecimiento”.

La señora contó que en el expediente que se generó en el Colegio “intervino la Dirección de Educación Privada del Consejo General de Educación (CGE), aportando solo algunos comentarios y sugerencias, pero jamás intentaron apercibir o sancionar al Colegio por su proceder”.

La madre de la chica afectada valoró la decisión judicial y retomó sus expresiones en el fallo: “La escasa o nula capacidad de la institución para resolver el conflicto… Expuso a la adolescente frente a todos sus compañeros, como así también ante el resto de sus progenitores, que lejos de disminuir la conflictividad, la potenciaron, como así también potenciaron la discriminación que denunciara oportunamente la adolescente… El reproche continuo hacia la madre por su falta colaboración y la supuesta ‘falta de tratamiento siquiátrico de la adolescente’, sin embargo mi hija concurría a una psicóloga… Tal es el grado de confusión que tiene la entidad educativa, que requirieron herramientas necesarias para proceder a la sicóloga particular de la adolescente, quien con total acierto contestó que no le corresponde dicha tarea, dado que dicho abordaje deberá ser diseñado y llevado adelante por los recursos del Gabinete Psicopedagógico de la Institución Educativa, excediendo lo requerido a mi función de psicóloga privada de la joven”.  

Más adelante, la madre continuó citando la resolución judicial: “Que en fecha 4/4/23 la apodera legal, Marina Pagani convocó a los tutores de los alumnos involucrados, teniendo una manifestación de rechazo, de los tutores presentes, frente a las acusaciones”. La magisrada retomó palabras de la funcionaria del CGE que intervino en el caso, Milva Avaca: “Que reconoce que otras dos compañeras han expresado su malestar en la convivencia y sugiere, que las reuniones no se hagan en grupo, ni de padres ni alumnos…” “Cosa que el Colegio desoyó”, acotó la madre.

“Sin buscar más alternativas, (el colegio) decide rescindir el contrato de servicios, y no admitir a la adolescente en el siglo lectivo 2024. Tampoco surge de los fundamentos de la decisión adoptada (por el Colegio), un detalle de los hechos en los cuales han incurrido, tanto por la progenitora como la adolescente, catalogados como ‘no compatibles con el ideario católico’, sumado a que ni la adolescente ni la progenitora tuvieron posibilidad de contestar al respecto”.

En los considerandos finales, la jueza dice: “Que la problemática que tiene la institución educativa, no se soluciona con rescindir el contrato con la alumna, sino que requiere de acciones más profundas. . . Que en definitiva, la entidad educativa, no ha cumplido con la finalidad propia de la educación. . . Resolución Nro. 1692 CGE y resuelve hacer lugar a la medida autosatisfactiva promovida, y en consecuencia ordenando al instituto “San Vicente Paul” a inscribir a la alumna en el ciclo 2024”.

La deuda en los protocolos administrativos

Por último, la madre mencionó de manera especial al abogado que las acompañó. “Desde otra ciudad de Entre Ríos, asumió el reto de acompañarnos en este reclamo que era prácticamente un reto, un desafío, y en su manera de abordarlo. Mucho se habla y se ha legislado sobre bullying, pero poco se hace para evitarlo. Bien puedo decir que el Dr. Monzón es prácticamente un pionero, y este fallo o medida autosatisfactiva, sienta jurisprudencia, en el abordaje del bullyng y ojalá mueva a las máximas autoridades de la provincia, en materia educativa, a modificar sus protocolos de intervención, y a disponer sanciones para los responsables de los establecimientos públicos o privados, que actúan por omisión”.

“Después de casi transcurrido un año, donde mi hija y yo, viviéramos de forma permanente un maltrato por parte de las autoridades de este Colegio católico, con un ideario que se presume humanitario, quisiera por lo menos, recibir un pedido de disculpas por parte del máximo responsable de la Institución, Monseñor Héctor Luis Zordán, porque creo que el daño hecho es irreparable y contrario a las prácticas evangélicas. ‘La escuela católica es un lugar de educación integral de la persona humana. Tiene un proyecto educativo basado en Cristo, una identidad eclesial y cultural, y una misión de caridad educativa y de servicio social…’”, cerró.

“Sentó jurisprudencia”

El abogado Ricardo Monzón consideró que actualmente el bullying es una problemática que atraviesa las instituciones escolares y que “no se trabaja con profundidad”.

“Entendimos que como en este caso se paga un canon, hay una relación de consumo. Basamos el pedido judicial en la ley 24.240 de defensa al consumidor. Como la madre no encontró respuesta en la escuela, fue al Obispado y al CGE y tampoco encontró respuesta. Planteamos entonces una medida autosatisfactiva ante la jueza, le mostramos las pruebas que teníamos. Y con eso la magistrada encontró  un escenario completo para ponerle fin a la situación. La escuela  propuso sacar a la chica de la escuela, no renovarle la matrícula. La consideraron la fruta podrida de la comunidad y era más fácil desecharla que trabajar al interior de la institución”, manifestó.

“Creemos que el fallo de la jueza sienta precedentes y va a corregir cualquier situación de bullying que se den en las escuelas. La ley obliga a las instituciones a trabajar para que eso no exista, a erradicar, no apartar a los alumnos”, acotó.