Hay que retroceder hasta José Carlos Ramos y su participación en el recordado Grupo de los Ocho, que confrontó con el menemismo, para encontrar una fractura análoga, de evidente sentido político, que involucre a diputados entrerrianos. La constitución del bloque Peronismo Federal, que integran Cristina Cremer, María de los Ángeles Petit y Gustavo Zavallo, marca la ruptura definitiva del ex gobernador Jorge Busti con el oficialismo kirchnerista. La decisión acarrea inevitables consecuencias para Entre Ríos y sus asuntos domésticos. En comparación con los legisladores, para diferenciarse de la Presidenta de la República la administración de Sergio Urribarri dispone de un margen mucho más estrecho. ¿Cómo podrán Urribarri y Busti seguir siendo socios desde estrategias tan nítidamente diferenciadas?

La añeja historia de jubilaciones de privilegio, pasivos con coronita, renta vitalicia y beneficios anticipados, a veces con un trasfondo de irregularidades y dudosa legitimidad, viene alfombrando desde hace mucho los pisos de la alta política. El disparador de este comentario es la noticia de que la Fiscalía de Estado ha presentado ante la Justicia provincial un recurso para que se declare lesivo el decreto 4.870/01 por el cual el ex gobernador Sergio Montiel le concedió la jubilación al vocal del Tribunal de Cuentas, contador José Alberto Miranda, tomando como base el decreto 3.230/01 suscripto por dicho mandatario. (sigue en el interior)

Un conocido traumatólogo que reside en Paraná y cumple funciones en el Estado entrerriano es investigado por negocios relacionados a accidentes de trabajo de personal policial. El sumario administrativo fue iniciado en la Fiscalía de Estado ya que el hombre “estaría utilizando en beneficio propio contactos que conoce y rescata de siniestros o accidentes, en algunos casos ya pagados, recurriendo a la Comisión Médica Jurisdiccional Número 8 para cobrar una indemnización mayor o superior”, dice el informe, al que tuvo acceso ANALISIS. Varios policías lo denunciaron porque, ante cada hecho, el médico se queda con un porcentaje que ronda el 15 por ciento de la indemnización.