La Justicia de Estados Unidos dejó firme hoy el fallo por la expropiación de YPF que obligaría a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford.

La jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que la Argentina deberá pagar US$ 16.099 millones por la decisión que en su momento tomaron Cristina Kirchner como presidenta y quien por entonces era su ministro de Economía, Axel Kicillof.

El 16 de abril de 2012 el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol.

A partir de allí se desencadenaron acontecimientos que derivaron en este fallo.

Se trata de un fallo por el que la Argentina deberá pagarle poco más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi.

La Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.

La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.

El gobierno argentino quería que la jueza Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día.

Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de US$ 5.000 millones.

El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.

En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de US$ 8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina.

De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza.

Es decir que la magistrada se inclinó por la mayor penalización para la Argentina.

La Argentina reservó su derecho de apelar

La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.

Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en una carta enviada a la jueza Preska.

"La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación", aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.

La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país "de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta", afirmó el abogado litigante Dereck Ho.

El pasado 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar "inmediatamente".

El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó "su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito" de Nueva York, y ratificó "la intención de apelar la sentencia".

(NA)