Verónica M. Mulone
En la sección Judiciales de ANÁLISIS del día 1° de agosto del corriente año, se publicó una información titulada “Más del 80% de los conflictos iniciados con mediación se resuelven sin juicio”. La nota contempla esta estadística como un logro que fortalece el servicio de justicia y como consecuencia de una política judicial activa del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esta provincia con ejes en la accesibilidad.
La mediación -nacida de la mano del legislador entrerriano como medio obligatorio alternativo de solución de conflicto incorporado por ley número 9.776- ha contado con el apoyo de la política judicial del STJ y muy especialmente con la intervención de abogados comprometidos en lograr el mejor funcionamiento de este modo de acceder a un sistema de justicia.
Ahora bien, para seguir construyendo políticas judiciales con eje en la accesibilidad que aseguren el debido proceso, el derecho a un juez imparcial y formado con un recurso rápido y eficaz como derechos amparados en la Constitución y en las convenciones internacionales, es necesario reconocer que, en gran medida, un alto porcentaje de esos conflictos iniciados con mediación y que se resuelven sin juicio a que hace referencia la nota, responden a la falta de confianza y credibilidad en la prestación del servicio público de justicia actual como también, a la falta de capacidad económica del ciudadano común para asumir los costos del mismo.
Está bien aplaudir que el 80% de los conflictos que preocupan a los entrerrianos quede en la mediación y no llegue al servicio público de justicia porque ello significa, en principio se ha logrado la promoción de resolución pacífica de conflictos. Pero, es conveniente y prudente profundizar algunas de las razones por las cuales tantos casos realmente no llegan a tribunales. Si nos adentramos en el tema, el ejercicio de la profesión de abogado permite afirmar dos situaciones distintas:
1) Que muchas personas solo llegan a un acuerdo en mediación porque “no quieren ir a juicio” y aunque el acuerdo no contemple la totalidad de sus derechos renuncian a ellos para evitar la vía judicial.
2) Que otras personas - fracasada la mediación y abierta la vía judicial – optan por perder su derecho antes que recurrir al servicio público de justicia.
Es que la falta de capacidad económica para llegar a la instancia judicial con plazos que carecen de razonabilidad que hacen más oneroso el proceso y/o la falta de credibilidad y confianza en el servicio público de justicia actual, son razones por las cuales un porcentaje importante de conflictos reales que preocupan a los entrerrianos, no llegan al servicio público de justicia.
La onerosidad de los procesos y la falta de confianza, son aspectos a tener en cuenta en la construcción de una política judicial activa con eje en la accesibilidad para fortalecer el estado de derecho y que el sistema judicial funcione de manera equitativa y efectiva evitando la fantasía de creer que la disminución de la litigiosidad tiene relación directa con la debida promoción de la mediación como modo de resolver en forma pacífica el conflicto.
Para que se produzca un verdadero fortalecimiento del sistema judicial que garantice el ejercicio de los derechos hay que superar estos obstáculos reales que son la razón por la cual una importante cantidad de casos no llegan a la instancia judicial. Son obstáculos a superar por una política judicial con eje en la accesibilidad.
(*) Verónica M. Mulone es abogada.
