El juez de Garantías Julián Vergara dispuso este 1° de agosto que la causa conocida como "Coimas", que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y a varios exfuncionarios de su gobierno, pase a juicio oral. En esta investigación, la Fiscalía solicitó penas de hasta 10 años de prisión para Urribarri y de 9 años para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, mientras que se pidieron diversas penas para otros implicados, como los exfuncionarios Luis Alfonso Erbes, Carlos Haidar y Miguel Ángel Ulrich.
La causa está centrada en las presuntas dádivas y sobornos entregados por Cardona Herreros, un empresario con fuertes vínculos con el gobierno provincial, a funcionarios de la administración de Urribarri. Según los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, los pagos irregulares se realizaron en el marco de contrataciones entre el Estado provincial y las empresas de Cardona Herreros (Relevamientos Catastrales y Relcat).
Entre los detalles más escandalosos que surgieron en las audiencias de elevación de la causa a juicio, la Fiscalía mencionó los viajes de lujo que el empresario costeó para Urribarri y su familia, algunos de los cuales incluyeron a amigos cercanos del exgobernador. Los fiscales también expusieron la presunta manipulación de contratos y pagos ficticios que se habrían realizado para desviar dinero público hacia cuentas privadas.
Imputación
Urribarri es acusado de haber favorecido ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros, tanto durante su gestión como ministro de Gobierno y luego como gobernador, desde enero de 2007. Se alega que el objetivo era generar lucro ilícito mediante la contratación de la empresa para desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial. Cabe recordar que el exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de cárcel en el marco del Megajuicio. En ese caso, el dirigente enfrenta un pedido de 10 años de prisión por corrupción.
La acusación señala que en el presunto hecho también participaron varios funcionarios, incluyendo a Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones; el fallecido José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, entonces encargado de la cartera de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas. Este último, días atrás firmó un juicio abreviado en el que reconoció haber recibido coimas. Aceptó una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos y 96 horas de tareas comunitarias.
Asimismo, a Urribarri y Haidar se les imputa una “adenda” por la falsificación de fechas en actos administrativos, lo que permitió que la prórroga de ocho meses se computara desde diciembre de 2009, aunque realmente comenzó en enero de 2010. Esta maniobra habría permitido a la empresa y a los funcionarios obtener ganancias sin contraprestación alguna. En la investigación penal también están imputados otros exfuncionarios del gobierno de Urribarri. Para Luis Alfonso Erbes la Fiscalía pidió 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y pago de multa de $360 mil: para Carlos Haidar, 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa de $540 mil; para Miguel Ángel Ulrich, 4 años y 6 meses, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360 mil; José Humberto Flores, 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90 mil.
