J. C. V.
No poca polémica generó la reforma del Código Penal efectuada por el Congreso Nacional entre gallos y medianoches en una calurosa y larga jornada de diciembre sin siquiera ser debatida en el recinto por ninguna de las cámaras. La Ley Número 25.990, sancionada el 16 de diciembre y promulgada el 10 de enero por el Presidente Néstor Kirchner, establece como únicas causales para la interrupción de la prescripción de un delito el primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria. Sin embargo, fuentes consultadas por ANALISIS coinciden en que “en la provincia, la reforma no ocasionará la caída de ninguna investigación penal en trámite”.
En Entre Ríos, desde el año 1989, la prescripción se interrumpe con la elevación a juicio de la causa, a partir de una interpretación que hizo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la “secuela de juicio”, una de las causales de prescripción establecidas en el artículo 67 del Código Penal, separando la etapa de instrucción del debate mismo.
Con esta interpretación, la reforma no tendría incidencia en Entre Ríos, y causas emblemáticas como el presunto enriquecimiento ilícito del actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ); o los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 965.000 pesos otorgados a la fundación ACISER y que presuntamente fueron desviados para la campaña electoral del justicialismo en el año 1997 y por la que están procesados el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Mori, y la presidenta y el tesorero de la fundación, la ex concejal de Paraná Liliana Morard y Gabriel Sola, respectivamente; no corren ningún riesgo, ya que ambas fueron elevadas a juicio oral a fines del año pasado y a partir de ese momento se interrumpió la prescripción de la acción penal. En tanto, las causas por las irregularidades en el manejo de los fondos en las obras del Puerto Ibicuy, que involucra al ex senador Félix Abelardo Pacayut (PJ-Islas); y el turbio manejo de fondos en el Senado cuando era presidido por Héctor Alanís, por ejemplo, siguen su curso en la Justicia.
Inclusive, hasta podría suceder que en la práctica, la reforma no pueda aplicarse ya que para los acusados tendría más efectos negativos que positivos, por lo que podrían acogerse al principio de la ley más benigna. La reforma del Código Penal saca el término “secuela de juicio” y precisa cuáles son los actos que interrumpen la acción penal, estableciendo como únicas causales para la interrupción de la prescripción de un delito, esto es, para que el plazo de prescripción se interrumpa y comience a correr nuevamente desde cero, el primer llamado a indagatoria -lo que atentaría contra la defensa del acusado de cometer un delito, ya que comenzaría a correr nuevamente el plazo para la prescripción del ilícito-, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria.
Consultado al respecto, el titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, Luis Pedemonte, fue tajante: “El efecto de la reforma del Código Penal respecto de la prescripción no va a ocasionar la caída de ninguna investigación penal en trámite en la provincia porque el criterio sentado por la Sala Penal del STJ respecto de la secuela del juicio como interruptiva de la prescripción es la citación a juicio. Y lo que hace esta reforma es incorporar nuevos actos de prescripción que serían anteriores a la citación a juicio, o sea que el efecto práctico que pueda ocasionar la caída de alguna causa, en la provincia, no existe. De manera que las causas por hechos de corrupción o fraude en perjuicio de la Administración pública siguen tal como estaban antes, porque lo que hace la reforma es incorporar actos interruptivos anteriores a la citación a juicio, o sea que no altera el criterio que se seguía en la provincia”.
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