Juan Cruz Varela
Las dos ciudades más pobres de la provincia concentran una gran cantidad de planes sociales nacionales, pero su implementación no está exenta de irregularidades que involucran directamente a las administraciones de Concordia, a cargo de Juan Carlos Cresto, y de Santa Elena, que conduce Domingo Daniel Rossi. Las auditorías del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación han planteado las irregularidades y reclaman urgentes explicaciones con posibilidades concretas de suspender el envío de fondos, y el consecuente perjuicio para los más necesitados. Inclusive, hasta el Tribunal de Cuentas de la provincia ha solicitado informes para analizar las actuaciones de los municipios a pesar de que no tiene jurisdicción para actuar.
“Políticas sociales no es sólo ejecución de planes de ingreso seguros, asistencia alimentaria, emprendimiento, becas, viviendas, entre otras cosas. Se trata de algo mucho más complejo, tan complejo como la realidad cotidiana, es pensar en contribuir al desarrollo de la persona, su familia y su contexto”. Así define la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, su tarea. Y si se tratara de una carta de presentación, en Entre Ríos hay dos ciudades que sin lugar a dudas podrían ser tomadas como punto de partida para esta ardua tarea.
Concordia y Santa Elena comparten el dudoso honor de ser dos de las ciudades más pobres del país. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) en noviembre pasado, en la capital del citrus el 81,1 por ciento de los menores de 14 años vive por debajo de la línea de pobreza, encabezando, de esta manera, el ranking a nivel nacional, seguida de Resistencia con el 79,2 por ciento y Jujuy con el 75,9 por ciento, por encima de la media nacional que es del 60 por ciento. Pero además, en Concordia, la pobreza infantil aumentó respecto de la medición anterior a diferencia de los números nacionales que presentaron una leve baja. Santa Elena también exhibe un panorama tétrico: más del 80 por ciento de la población no tiene trabajo y vive, bajo condiciones de extrema pobreza, de subsidios municipales, provinciales y nacionales con la añoranza de lo que fue el frigorífico y la esperanza de que vuelva a ser; donde las menores se prostituyen en las calles, y muchas de ellas son madres adolescentes.
Pero las semejanzas no acaban allí: ambas están gobernadas por justicialistas que llegaron al poder en 2003 procesados por la Justicia. Juan Carlos Cresto (Concordia) fue absuelto en una causa por malversación de fondos públicos; mientras que Domingo Daniel Rossi (Santa Elena) tiene pendiente su juicio por enriquecimiento ilícito después que le encontraran cuentas en bancos de la República Oriental Uruguay a nombre de su ex esposa, su madre jubilada docente y su hermana empleada pública en las que se registraron movimientos por 48 millones de dólares.
Y hay más similitudes: en ambas localidades se da un manejo total y absolutamente discrecional de los planes sociales, inclusive aquellos provenientes de la Nación, lo que ya ha provocado severos llamados de atención del Ministerio de Desarrollo Social, cuyos auditores corroboraron in situ las irregularidades.
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