Hugo Remedi
Llegó el momento. Durante el transcurso de este año, varias de las denuncias, tanto las que hizo la desaparecida FIA con la que atacó Montiel como las que efectuó hoy la Oficina anticorrupción con la que contragolpeó Busti, se convertirán en juicio. Por lo pronto a partir del 1° de junio la gente podrá saber que pasó con el millón de pesos de la fundación Aciser cuando comience el juicio contra el ex funcionario bustista Oscar Mori y la ex concejal de Paraná Liliana Morard (PJ). Por su parte, la causa por enriquecimiento ilícito contra el intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi está en su instancia final. Luego, vendrá el desfile de los funcionarios montielistas con él a la cabeza por causas que desprenden olor a podrido. La política -o mejor dicho los políticos- no supieron contenerse en su espacio y acudieron a la justicia para dirimir con denuncias sus odios perpetuos y así, todo sigue en jaque.
Invariablemente los vaivenes políticos en nuestra provincia terminan casi en su gran mayoría en el mismo lugar: los tribunales de justicia y con devolución gentilezas.
En esta provincia gobernada por radicales y peronistas, en los últimos años el enfrentamiento entre el ex gobernador Sergio Montiel y el actual Jorge Busti, dejó de ser parte del escenario político y pasó a transformarse en una cuestión personal encarnizada. El enfrentamiento se profundizó con los años y el odio comenzó generar mecanismos que permitieran embestir contra el rival de turno según la vereda oficialista o de oposición en que se encontrase circunstancialmente el púgil de turno.
De ese modo comenzó a gestarse la idea de que la justicia con denuncias en marcha sirviera como mecanismo apropiado para derrumbar lo que no se podía desde la arena política. La política se judicializó. Fundamentalmente porque fallaron los mecanismos de control con los cuales las responsabilidades jerárquicas de funcionarios intermedios no fueron suficientes para detener la catarata de denuncias que se vienen propinando los ejes del poder hace años.
Entre Sergio Montiel y Jorge Busti jamás hubo una relación estable ni mucho menos, pero tampoco tan tremenda como en los últimos años.
Apenas asumió el entonces gobernador radical en 1999 decidió crear la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), -se vio con el tiempo- con el primordial afán de embestir contra la gestión bustista del período 1995-1999. El titular del organismo, Oscar Rovira, cumplió con el objetivo y puso en marcha la maquinaria de denuncias que tuvo como blanco esencial la figura de Busti que en aquel entonces ejercía como senador nacional. El actual gobernador zafó del embate si se tiene en cuenta que no está afectado judicialmente por ninguna de las denuncias que se presentaron en su contra, pero debió enfrentar el otro objetivo destructivo de una denuncia: la condena pública.
La malísima gestión montielista se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la campaña electoral de 2003 a favor de Busti quien volvió a ocupar la primera magistratura provincial. Tronó la venganza, Busti disolvió la FIA, echó a todos los que trabajaban en ella y edificó la Oficina Anticorrupción y Ética Pública que depende de la Fiscalía de Estado y que también comenzó a desandar el pedigrí de la gestión anterior que por cierto no sobresalió -por utilizar un eufemismo- por su prolijidad a la hora de gestionar.
Lo cierto es que después de marchas y contramarchas hoy está llegando el tiempo de la verdad, tiempo de que las denuncias mediáticas se conviertan en instancias judiciales que determinen finalmente la culpabilidad o inocencia de los acusados.
La justicia lenta no es justicia en verdad. Y naturalmente no es razonable que cualquier persona esté sentada sobre la zaranda vejatoria de una denuncia por tiempo indeterminado sin que se resuelva su situación.
Por fin, pasó el tiempo y en estos próximos meses se comenzarían a ventilar en juicio varias de las causas en boga. Por lo pronto, el juicio por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de la fundación Aciser que involucra entre otros a la ex concejal paranaense Liliana Morard y al ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión bustista Oscar Mori, tiene fecha para el 1° de junio. Y la causa por enriquecimiento ilícito que se sustancia contra Domingo Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena, está en su instancia final. De manera que dos de los hechos más resonantes de los últimos años están a pasos de desnudarse en los estrados judiciales.
Ahora bien, luego le seguirán las denuncias que tiene que enfrentar Montiel y su séquito más cercano que incluye, vaya paradoja, a un actual diputado provincial. Las figuras de Sergio Montiel, Fermín Garay, Oscar Berón, Rubén Villaverde, Gabriel Ferro, Rubén Cabrera, Sergio Avero, Héctor Brutti, Horacio Navarret, Pablo Bertellotti y Carlos Ricciardi son algunos de los denunciados que deberán enfrentar causas cuyas condenas oscilan entre dos y 10 años.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
