Silvio Méndez
En toda la provincia se suceden denuncias por distintos problemas derivados por la aplicación descontrolada de agroquímicos que, en distintos casos, han afectado a pobladores de áreas urbanas y rurales. Desde el organismo provincial encargado del control y fiscalización sobre fumigaciones se aseguró que en estos episodios que tomaron intervención no se comprobó ningún incidente relacionado por mal uso. Asimismo, oficialmente se afirmó que en el sistema público de salud no se registran pacientes con patologías de intoxicación por empleo de plaguicidas. Por su parte, desde el Foro Ecologista se manifestó que diariamente se presentan en hospitales y dispensarios casos ligados a los agrotóxicos, pero que no son detectados porque los protocolos médicos no identifican los problemas de salud derivados de la exposición con sustancias contraindicadas. En Paraná, pese a ordenanzas en vigencia que los mandan, no se realiza ningún control e inspección por comercialización y aplicaciones de estos productos en el radio urbano.
Desde hace poco menos de un año a esta parte, numerosos han sido los episodios por problemas derivados de la aplicación irregular de agroquímicos que se han denunciado en toda la provincia, mientras otros tantos quedan en el anonimato. Los inconvenientes no son nuevos pero, en la ciudad Paraná, se han agudizado a partir de reiterados reclamos de vecinos de la zona noreste que, desde julio del 2004, se han visto afectados por fumigaciones con plaguicidas de campos sembrados con soja cercanos a sus viviendas. La preocupación ha sido centrada en la falta de intervención del área de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná, ya que se asegura que, a pesar de las advertencias, continúan las fumigaciones. En un caso puntual, en el Barrio Las Rosas se relacionó las aplicaciones de agroquímicos con la detección en radio aledaño de personas con erupciones cutáneas y problemas respiratorios. Asimismo, un quintero se quejó de que su producción de hortalizas, árboles y plantas también se vieron afectadas por los pesticidas.
Más allá que toda regulación y control por expendio, aplicación, transporte y almacenamiento de plaguicidas se rige por la Ley provincial número 6.599 y existe en esta instancia un órgano de aplicación, la ciudad de Paraná tiene una legislación en vigencia al respecto ero que, en efecto, no cumple. A través de la ordenanza 8.156/99 se regula la habilitación y comercialización de productos agroquímicos y la 8.467/04 prohíbe la aplicación aérea en un radio de cinco kilómetros en la planta urbana, instituyendo a la Dirección de Medio Ambiente como repartición a cargo de la inspecciones. Ante la consulta periodística a este organismo sobre los resultados de las últimas inspecciones realizadas por fumigaciones, se negó rotundamente que esta área se encargue del tema, desconociendo abiertamente los textos de las normas.
De todos modos, el problema por las aplicaciones de herbicidas e insecticidas trasciende la capital provincial, ya que la extensión de la frontera agrícola y los consecuentes tratamientos contra las enfermedades, malezas y plagas han prolongado los inconvenientes a barrios suburbanos o áreas pobladas en distintos puntos del interior. Advertencias por personas afectadas con agrotóxicos han tenido trascendencia pública en localidades de Nogoyá y Rosario del Tala. Tal vez el caso de mayor resonancia fue el ocurrido en Villa Urquiza, cuando en octubre pasado vecinos, docentes y alumnos de la Escuela Privada Número 15 Manuel Dorrego, el Hogar La Providencia y la Escuela Agrotécnica Número 39 se vieron afectados con síntomas de fiebre, vómitos y colitis luego que se realizara una aplicación de agroquímicos en la zona. El incidente tuvo la intervención del diputado provincial Raúl Solanas (PJ-Paraná), que confirmó la afección de los enfermos. En ese momento, el legislador recordó que en el mes de julio de ese año había presentado un pedido de informes exigiendo a la Secretaría de Salud de la provincia que brindara datos precisos al respecto, pero que no habían sido enviados. Una situación de similares características sucedió también en la localidad de La Picada, donde Solanas recibió quejas por intoxicaciones que fueron atribuidas a la exposición involuntaria de herbicidas. Precisamente, un vecino denunció que en un campo lindante se realizaban aerofumigaciones sobre un predio cultivado y que el avión cortaba la aplicación justo en el límite del cerco que divide las parcelas y que la deriva del insecticida en el aire daba de lleno a su vivienda, afectando la salud de su familia, plantas y animales. En cercanías a esta zona, asimismo, algunos pobladores han denunciado otra serie de irregularidades, entre las que se encuentra el lavado clandestino de maquinarias pulverizadores en aguas del arroyo Espinillo. Según un baqueano consultado, existe un paso hacia el curso de agua camuflado por la espesura del monte que asiduamente es utilizado por algunos desaprensivos que enjuagan los aplicadores y herramientas vertiendo restos de contenido tóxico en el efluente. Esta grave irregularidad se detecta fácilmente pues, arroyo arriba, suelen verse peces muertos flotando en el agua.
A partir de la gravedad y trascendencia de este tipo de hechos, la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia celebraron un convenio de cooperación por el cual, entre los puntos más destacados, se iba a generar un “registro de intoxicaciones por productos fitosanitarios” en hospitales y centros médicos, aunque se desconoce algún informe que detalle tal incidencia.
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