Juan Cruz Varela
El lunes 2 de mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzará a trabajar en un predio municipal en el que funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar -donde los militares quisieron instalar un nuevo cementerio-, ante la posibilidad de que allí se hayan realizado inhumaciones ilegales de ex detenidos políticos. Además, por primera vez un grupo de familiares de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado se presentaron como querellantes en la causa en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos en el Área Paraná y pidieron que se cite a declarar a varios ex militares y civiles, entre ellos, los generales Juan Carlos Trimarco y Ramón Genaro Díaz Bessone, y el médico Hugo Moyano.
Creonte, rey de Tebas, había ordenado que Polinices quedara insepulto por intentar derrocarlo. Antígona desafió la ley humana de cumplir el mandato divino de enterrar a su hermano, por lo que fue castigado. Pero Creonte, que no quería ser culpado por la muerte de Antígona, tramó una especie de asesinato encubierto: “La llevaré allí donde la huella de los hombres esté ausente y la ocultaré viva en una pétrea caverna”, fue su mandato. “A vosotros os tomo por testigos de cómo, sin lamento de los míos, y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un encierro que es un túmulo excavado de una imprevista tumba. ¡Ay de mí, desdichada, que no pertenezco a los mortales ni soy una más entre los difuntos, que no estoy con los vivos ni con los muertos!”, fue la exclamación de Antígona al coro, al enterarse de la decisión del rey y antes de recibir su castigo.
La clandestinidad con que actuaron los militares argentinos que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 dio origen a la figura del desaparecido. Fue la coronación de una tarea que los militares venían orquestando desde varios años antes, preparando la logística e infraestructura para inaugurar lo que denominaron como Proceso de Reorganización Nacional, que comprendía un complejo entramado de acciones para la detención y desaparición de militantes sociales y políticos, pero que también apuntaba al orden económico, educativo, cultural e inclusive deportivo. En ese período, muchos argentinos tuvieron el mismo destino que Sófocles describe en Antígona: algunos fueron tirados desde aviones al mar, pero los cadáveres aparecían en las costas argentinas y uruguayas; en otros casos, se simularon enfrentamientos y los cuerpos fueron entregados a los familiares en cajones cerrados con la orden de no abrirlos; y en otros casos se realizaron enterramientos clandestinos.
En Paraná se han identificado cinco centros clandestinos de detención o casas de torturas, pero nunca un lugar donde se hubieran realizado enterramientos clandestinos. Se sabe de la existencia de un lugar denominado “La Escuelita”, que siempre fue considerado como el más feroz lugar de tortura de la capital provincial, y que debe su nombre a que los militares sostenían que allí enseñarían a los “subversivos” la nueva doctrina nacional, aunque nunca se pudo localizar su ubicación precisa; hubo también un centro de tormentos en la parte posterior de la Segunda Brigada Aérea de Paraná. De ese lugar, únicamente quedan restos de un molino y un aljibe, ya que la construcción fue derrumbada por completo. Otros centros de detención fueron el de la Comisaría El Brete, que cuenta con un sótano donde se hacían las prácticas de tortura; la Escuela Álvarez Condarco -ubicada en proximidades de la Segunda Brigada de Caballería Blindada del Ejército-; y también se utilizaban -no para detención, sino para sesiones de tortura- los sótanos del actual Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez. De más está decir que las dependencias de las tres fuerzas también fueron utilizadas para realizar torturas y detenciones ilegales.
Y el año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recibió el testimonio de la testigo Mónica Portillo que dijo haber llegado “por casualidad”, en medio de un paseo familiar a fines de 1982, hasta una vieja casona ubicada en Lebensohn y Don Uva, en los suburbios de Paraná. La construcción estaba unos 50 metros hacia adentro desde la calle. En medio de un imponente parque, con árboles que datan de muchos años, estaba emplazada una de esas típicas casas quinta de fin de semana, chiquita, con una galería externa, pisos con baldosas de ladrillo de barro, un hermoso baño circular italiano con una cúpula de vidrio y caros artefactos en el exterior. A los pocos metros, también había un galpón. Siguiendo el camino unos 200 metros, había otra entrada, que llevaba a un típico sótano de esos que tenían las construcciones antiguas que hacía las veces de bodega y permitía almacenar los víveres durante varios meses. Más adentro había un aljibe que completaba la escena propia de las casas de campo de antaño, lejos de los ruidos de la ciudad y con apenas alguna que otra vivienda vecina, lo que garantizaba el descanso del fin de semana.
Según el relato de la mujer, “cuando entramos, la casa estaba demolida, pero había marcas de vehículos y los yuyos no estaban crecidos. Vimos los escombros, pero en ese lugar se sentía un olor nauseabundo que descomponía, y cuando empezamos a caminar por el terreno a juntar flores y plantas silvestres, nos encontramos con una zona de las tumbas sin identificación”.
A partir de este testimonio, y del reconocimiento del terreno que hizo un grupo de ex presos políticos que aseguraron haber sido sometidos a torturas por los militares durante sus detenciones clandestinas en esa casa, por primera vez víctimas del terrorismo de Estado se constituyeron como querellantes a través de una presentación en el Juzgado Federal de Paraná. “Ante esto, se recogieron testimonios de gente que vive en la zona, la Municipalidad de Paraná aportó fotografías aéreas de aquel entonces y otras actuales del lugar, un arqueólogo hizo estudios comparativos entre ambas y se marcó la zona. El juez pidió a Gendarmería que hiciera un relevamiento de las personas que viven en los alrededores y que también estaban en aquella época y las citó a declarar, pero los testimonios no aportaron mucho. En realidad, cuando se hizo el primer reconocimiento, hubo vecinos que dijeron cosas, marcaron lugares, como la ubicación de la casa y otro lugar en una esquina dentro del mismo predio, luego cuando el juez se constituyó en el lugar lo ratificaron, pero al ser citados a declarar se desdijeron. No obstante, llegamos a un nivel de convencimiento importante de que podría haber existido en esa zona un centro clandestino de detención y/o puede haber enterramientos clandestinos”, detalló Marcelo Baridón, uno de los abogados que representa a los querellantes.
A partir de estos indicios, el juez Federal de Paraná, Aníbal Ríos, designó al prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que a partir del 2 de mayo comience a realizar tareas en el predio ubicado en Lebensohn y Don Uva ante la posibilidad de que en el lugar se hayan realizado inhumaciones clandestinas. Es decir, allí donde los militares habían planificado la instalación de un nuevo cementerio municipal para suplantar al otro que, según decían, estaba saturado, un grupo de investigadores comenzará a buscar restos de desaparecidos.
El grupo estará a cargo de Damián Vainstub, un licenciado en Arqueología, nacido y residente en Paraná; y del licenciado en Antropología Darío Olmo, uno de los miembros fundadores del EAAF.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
