Juan Cruz Varela

Este lunes se cumple un año del secuestro y desaparición de Fernanda Isabella Aguirre, pero en todo este tiempo ni la Justicia Federal ni la provincial han logrado descifrar el rompecabezas de lo que sucedió aquella fatídica tarde del 25 de julio en San Benito. Aunque está probada la responsabilidad de Miguel Ángel Lencina y Mirta Analía Cháves reconoció su participación en el pedido de rescate, la incertidumbre que genera no saber dónde está la nena que hoy tendría 14 años representa la deuda principal de la justicia. Desde enero, la causa está nuevamente en manos del juez de Instrucción Héctor Toloy, que no ha hecho más que repetir algunas medidas dispuestas en su momento por el fiscal Federal Mario Silva sin abundar en nuevas pruebas; así, la causa parece estar encaminada a una muerte lenta y dolorosa. En el medio de la causa, nunca se profundizó la investigación sobre la forma en que personal policial indujo al suicidio a Lencina y tampoco nadie fue sancionado siquiera administrativamente por la gravedad del episodio. Tampoco se avanzó en los supuestos mensajes de la joven, aparecidos en provincias del norte del país, donde quedó claro que fue un ardid policial para desviar la línea investigativa.

Esa tarde, el país estaba paralizado. Era un día soleado, frío pero no fresco, casi típico de invierno. Aquel 25 de julio de 2004, todos gozaban primero y sufrían después con los goles de argentinos y brasileños que definían la Copa América de fútbol en Lima, Perú. El grito de gol contenido pareció retumbar más fuerte que el pedido de auxilio de una nena de 13 años en manos de psicópata.

Tierra de inmigrantes friulanos, San Benito tiene todos los domingos un movimiento incesante de vehículos y de gente que llega hasta los dos cementerios que hay en la pequeña localidad, especialmente el Parque de la Paz, donde están enterrados unos 20.000 paranaenses. En el lugar abundan los puestos de flores, entre ellos el de María Inés Cabrol. Pero ese día, había una extraña calma en las calles, con una escasa circulación. El contexto parecía ideal para el ataque de un lobo que estaba hambriento y al acecho.

Miguel Lencina y su sobrino Jonathan, de 14 años, estaban la esquina del acceso a los cementerios, en calle Federación y San Martín cuando pasó Fernanda Aguirre. Vestía pantalón negro, una camperita marrón y zapatillas azules con blanco, llevaba su largo cabello rubio y lacio mojado pero atado, y con una sensación que mezclaba miedo y timidez caminó unos pocos metros hasta el puesto de flores de su madre que estaba apenas doblando una esquina. Debía cumplir con un encargo de su madre: llevar tres claveles a una vecina que los estaría esperando para regalárselos a una amiga. Aunque le pidió a su madre que la llevara en el auto, emprendió la vuelta tranquila confiada en que ella y su hermana María Emilia, que también atendía el puesto de flores estarían observándola. Pero cuando volvió a pasar frente a Lencina, este se abalanzó sobre ella. La tomó del cuello y la obligó a cruzar desde la esquina hasta un predio abandonado, a media cuadra, donde la geografía está dominada por sembradíos de soja, grandes y añejos árboles y altos pastizales. Lo que pasó después con Fernanda, es parte de una historia desconocida.

Lencina, que tenía salidas socio-familiares por cuatro días otorgadas por el juez Daniel Malatesta -que reemplazaba al titular del Juzgado de Ejecución de Penas, Miguel Retamoso durante la feria-, estaba cumpliendo una condena de 20 años en la Unidad Penal Número 4 de Concepción del Uruguay por el crimen de dos mujeres en 1994.

Llegó a la casa de su madre, Esther Torres, recién dos horas después. Allí estaba su esposa, Mirta Analía Cháves y enseguida salieron juntos. En un minimercado ubicado en la zona del Puente de Hierro, sobre Avenida Almafuerte, donde compraron fiambre, pan y algunas cosas para comer, y la mujer la llamada desde un teléfono semipúblico.

La madre y la hermana de Fernanda acababan de llegar a la casa cuando recibieron la llamada. “Mire señora, ni se preocupe, la nena está bien pero la secuestramos. Debe pagar 2.000 pesos. Déjelos en el Puente de Hierro. Nosotros la volvemos a llamar en una hora”, le dijo Cháves a María Inés. En medio de la desesperación, María Emilia salió a buscar a Julio Aguirre, que estaba en la despensa de la familia. Al rato, Cháves volvió a llamar y acordaron los detalles: el padre de Fernanda debía dejar el dinero sobre el puente. Ansioso, Lencina obligó a su mujer a llamar nuevamente, pero Aguirre ya había salido. El hombre finalmente dejó el dinero envuelto en una remera y se quedó un rato esperando en el auto. Lencina y su mujer tomaron el dinero, pasaron por la casa de calle Hernandarias al final, tomaron los bolsos y partieron rumbo a la terminal. Aguirre llegó a su casa ya en la madrugada del lunes, y a la media hora recibieron el último llamado: “Ya largamos a la chica, ya debe estar llegando a la casa”, dijo apurada Mirta Cháves. Pero Fernanda nunca llegó.

Los primeros pasos…

A los pocos días, los investigadores lograron cerrar el cerco alrededor de la familia Lencina, y más precisamente sobre Miguel y Mirta Cháves. Ambos fueron detenidos a los pocos días. También el poder político reaccionó. Conocedor como pocos de los coletazos que puede traer una causa resonante en los medios nacionales, el gobernador Jorge Busti comenzó a tener una activa participación en la investigación. La policía y gran parte del área de justicia y seguridad de su gabinete pasó a ocuparse directa y activamente de la investigación. El viernes 30 de julio fueron detenidos Lencina y Cháves. El Chacal, como lo apodaría el gobernador, negó haber estado en Paraná el día del secuestro y dio un pormenorizado -aunque falso- detalle de lo que había hecho en los días en que gozó de las salidas socio-familiares. Para el fiscal Mario Silva era su primer caso de secuestro extorsivo y le preocupaban el involucramiento y las presiones que se ejercían desde el poder político, como también la masiva presencia de medios nacionales que se instalaron masivamente en San Benito y en la puerta de los Tribunales Federales. Es que como todo hombre del derecho, sabía que no podía dar pasos en falso en la primera etapa de la investigación, que es considerada clave para la resolución de este tipo de hechos.

(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)