Luis María Serroels
"El presupuesto universitario argentino no alcanza los 2.300 millones de pesos. Sin embargo, durante el año 2004 nuestro país ha pagado, para atender los servicios de la deuda externa, alrededor de 20.000 millones de pesos, cifra que se ha incrementado para igual concepto durante el corriente año a 35.000 millones, estimándose para el 2006 en 40.000 millones. Es decir, si tomamos solamente uno de estos pagos al exterior, el sistema universitario nacional podría financiarse durante 18 años. Esto constituye un escándalo".
Así de simple, así de claro y contundente es un párrafo que integra una solicitada publicada en un matutino paranaense por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación, dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, al explicar las razones de la lucha que por estos días se está librando para lograr mayores recursos "por la defensa de la libertad, la justicia, la dignidad y el futuro de nuestro país".
Y la mención de equivalencias con otros países resulta sin dudas mucho más frustrante: el presupuesto de Méjico es 10 veces superior al nuestro, el de Brasil 6 y el de Uruguay 4, lo que legitima los motivos que sustentan las demandas.
Por su lado, la pedagoga Ana Lorenzo se muestra como una fuerte crítica de las políticas neoconservadoras que asolaron nuestro país en la década del 90. En un coloquio con El Diario de Paraná, rechazó el canje de deuda externa por educación porque ello -aduce- implica reconocer la legitimidad de este compromiso financiero descalificado desde diversos sectores y cuya investigación desarrollada por Alejandro Olmos llevó al juez Jorge Ballestero a calificarlo como ilegal, ilegítimo y fraudulento.
La licenciada Lorenzo, que desde hoy y hasta el sábado estará en Paraná participando del Primer Encuentro Latinoamericano de Educadores Populares por la Alfabetización (organizado por AGMER), recela y con sobradas razones de las propuestas provenientes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional, cuya "generosidad" seguramente tendrá un alto costo traducido en un control de nuestras políticas educativas dentro de la persistencia de los modelos económicos que tanto daño causaron a nuestro país.
¿Qué elementos conciliables con el progreso y el desarrollo en términos reales de las naciones más postergadas puede tener un programa financiero diseñado para fomentar la usura y proteger la especulación, encorsetando el poder de decisión, asfixiando las economías regionales, destruyendo el aparato productivo y, como efecto global, llevando a millones de seres humanos a la miseria?
La colosal masa de dinero que los poderosos habían logrado acumular -especialmente producto del petróleo-, presión de los bancos mediante y con la ayuda de traidores cipayos que cobraron suculentas comisiones, elevaron la deuda argentina a niveles monstruosos, con el doble agravante de que se cancelaban compromisos con mayor deuda y nadie sabía adónde iba a parar ese dinero. En 1966 la deuda externa argentina era inferior a los 4.000 millones de dólares y en el año 2000 ya se acercaba a los 148.000 millones. Valga citar que entre febrero de 1976 y diciembre de 1983 la evolución del endeudamiento -capital más intereses- fue de casi 45.000 millones de dólares, con la ironía de que sus responsables tomaron el poder aduciendo, entre otras causas, que "el país se hallaba al borde de la cesación de pagos", siendo que los vencimientos al 24 de marzo de 1976 de ningún modo resultaban de extrema gravedad y a la luz del zafarrancho que siguió, no hace falta mayor abundamiento. Entre 1991 y 2001 se pagaron, sólo por intereses, 88.000 millones del verde billete.
El famoso economista Milton Friedman reflexionó que los bancos prestaron plata a países deudores en términos considerados lucrativos pero sabiendo bien qué riesgos corrían. "Si la cosa fue mal, los bancos, es decir, los accionistas, deben soportar las pérdidas, no los contribuyentes". El propio Juan Pablo II apoyó una solución con la condición de que no estuviera manchada de injusticia, sugiriendo que previamente debía impulsarse una investigación profunda de la deuda y suspender su pago mientras se aguardaba un pronunciamiento sobre la materia de la Corte Internacional de Justicia.
Pero, ¿por qué aguardar tanto si aquí hubo un argentino ilustre que dejó su vida luchando por la verdad hasta obtener la comprensión de un magistrado? Alejandro Olmos hizo la denuncia en 1982 y con ella originó el más importante proceso penal conocido en la Capital Federal, Causa Nº 14.467, destinado a investigar judicialmente la deuda externa (a fines de la década del 80 el juicio acumulaba ya 23 cuerpos principales, unos 20 expedientes anexos con sus respectivos cuerpos y una gran cantidad de legajos documentales).
En su libro Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron, Olmos recuerda que los obispos católicos de Estados Unidos (país gran acreedor) condenaron la deuda sosteniendo que no debía ser pagada, en tanto que el Episcopado Argentino sólo tuvo una manifestación superficial.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
