Jorge Riani
No hubo conferencia de prensa para explicar nada, no se invitó a entidad alguna a debatir, no hubo mayores informes a los medios para poner en consideración de la población lo que se pretende legislar. Nada de eso ocurrió con dos proyectos de ley que involucran a cientos de miles de entrerrianos a los que se los toma en cuenta como objeto de cobro de aranceles diversos. Una de las iniciativas significa la reaparición de la Cédula de Identidad para los habitantes de esta provincia, previo pago de una suma de dinero que manejará directamente la Policía. Se trata de un documento que en el año 1968 dejó de existir por el desuso en que cayeron las cédulas provinciales con la aparición del Documento Nacional de Identidad. “Se pretende instituir un documento con un costo en dinero y sin beneficio advertido para el ciudadano”, dijo un experto en el tema consultado por ANALISIS. Otro de los proyectos que se traducirá en pingües negocios para la fuerza policial llegará de la mano de la nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que prevé arancelamientos diversos y la compra de radares. Ambas iniciativas ya fueron aprobadas por el Senado y cuentan con el aval directo de la cartera de gobierno provincial y los presidentes de las bancadas justicialistas de ambas cámaras.
Una carilla y un párrafo es todo el espacio que demanda la fundamentación para instrumentar un sistema de documento de identidad provincial, cuya posibilidad se plantea mediante un proyecto de ley que firma el senador provincial Hugo Berthet (PJ-San Salvador). Algo más de extensión tiene el texto del articulado, a lo largo de lo cual asoma el incalculado negocio que girará bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos, a expensas, claro está, de los habitantes de toda la geografía provincial.
“La Policía de Entre Ríos implementará la expedición de la Cédula de Identidad, destinada a acreditar identidad a todos los habitantes de la provincia, sean nacionales o extranjeros que acrediten ser titulares del Documento Nacional de Identidad (DNI)”. Con ese texto como primer artículo, el proyecto deja en evidencia que la propuesta no es otra que la superposición de documentos: uno –el que se propone– de menor alcance que el que ya existe.
El proyecto tiene media sanción del Senado provincial, y en la Cámara de Diputados ingresó con el envión aplicado en la última sesión –según advirtió este cronista– por el titular del bloque justicialista, Emilio Castrillón, y el interés directo del titular del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, Sergio Urribarri.
Por medio del texto aprobado en la cámara alta se faculta “a la Policía de Entre Ríos al arancelamiento para la expedición de la Cédula de Identidad, como recurso afectado a cooperar con el sostenimiento del sistema”. Con envidiable manejo de las palabras, el texto parece destinado a atenuar la conciencia sobre los efectos económicos que tendrá para la población entrerriana que, en conjunto, será tan importante como el caudal de dinero que pasará a manejar la Policía y sus jefes políticos.
La cautividad de clientes está asegurada en el artículo que indica que “a partir del año de su implementación en toda la provincia, la Cédula de Identidad será requisito para la obtención de empleo público provincial o municipal y reparticiones públicas descentralizadas, y en todos los casos será requisito para promoción en su respectivo escalafón”.
Se establece que la cédula “contendrá, como mínimo, los siguientes datos del titular: apellido y nombres; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; estado civil acreditado en el legajo personal de identidad, y para la mujer será optativa la consignación de apellido de casada; número de Cédula de Identidad y del Documento Nacional de Identidad; grupo y factor sanguíneo; foto color; impresión del dígito pulgar derecho; código de barra; fecha y lugar de expedición; firma y sello del funcionario policial autorizante”.
Antecedentes y baches
Pese a la larga enumeración de componentes que tendrá el rectangulito obligatorio, nada dice el proyecto sobre los costos concretos que tendrá para los entrerrianos, ni contempla la situación de las personas que justifiquen carencia de recursos, a la que sí alude la vieja ley publicada en el Boletín Oficial del 3 de enero de 1942, que con serios baches el proyecto de Berthet pretende emular.
La instrumentación de la cédula provincial salió por el decreto que firmaron en el mencionado año el gobernador Enrique F. Mihura y los ministros Arturo J. Etchevehere y Fermín J. Garay. Ese texto quedó diluido por el decreto que se publicó en el Boletín Oficial del 7 de noviembre de 1968, bajo la Gobernación de facto de Ricardo Favre, que establece que “las jefaturas de Policías y las unidades regionales de Policía no otorgarán en lo sucesivo Cédulas de Identidad”. Las razones que esgrime son elementales y obvias: el artículo 13 de la Ley Nacional Número 17.671 “establece la obligación de justificar la identidad únicamente con la presentación del documento expedido por el Registro Nacional de las Personas, sin que pueda ser suplido por ningún otro”. En otras palabras, la existencia de los documentos nacionales hace innecesario y caduco un sistema que no tiene validez poniendo los pies fuera de la provincia.
Berthet se encarga de hacer impacto en que la medida salió de un gobierno de facto, aunque no atiende las razones esgrimidas en su momento. “El Reglamento General de la Policía de Entre Ríos preveía la expedición de Cédula de Identidad. Y de hecho, esto se llevó a cabo hasta la arbitraria y unitaria decisión del gobierno nacional de facto de 1966, por la que prohibió a todas las Policías provinciales la facultad de expedir Cédulas de Identidad, en beneficio exclusivo de la Policía Federal Argentina, que sí estaba autorizada”, fundamenta el senador justicialista.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
