Luis María Serroels
Todo logro, todo triunfo, todo éxito en definitiva, deben medirse no solamente por sus resultados prácticos en relación con las tácticas y las estrategias aplicadas, sino que, para poder convalidarse plenamente, deben estar legitimados por las armas utilizadas y el sentido ético del que estuvieron imbuidos sus ejecutores.
En nuestro país y más precisamente en nuestra forma tan folclórica de amoldar las concepciones políticas al gusto, necesidades y hasta la comodidad de cada uno, se dan conductas y maniobras que distan de las que una sana práctica impone.
“La persona humana, por ser dueña de su destino, no solamente es fin, sino, además, sujeto activo y creador del orden político dentro del que ha de vivir...” reza el documento Iglesia y Comunidad Nacional, emitido tras la XLII Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino en mayo de 1981.
Precisamente al abordar la justificación ética de la participación, la sitúa como un impulso surgido desde el interior de los pueblos, que abarca la evolución cultural, económica y social. Ello comprende a todos los ámbitos de la vida y desde luego que incluye el político.
Según la declaración, se debe entender que cada persona, libre y responsable de sí misma, tiene el deber y el derecho de intervenir en aquellas decisiones que le conciernen.
Sentencian que “el mismo bien común, que es la razón justificadora de toda comunidad política, consiste en la tutela de los derechos de la persona”.
Lógicamente ello requiere en su andamiaje de la intervención del pueblo, previa una real organización jurídica. Pero esa participación exige un orden jurídico y político que proteja los derechos para que el ciudadano, además de esa intervención activa, pueda acceder al gobierno mismo de la cosa pública.
Cuando la ciudadanía entrerriana enfila hacia el domingo venidero para ejercer el legítimo derecho a elegir, es bueno hacer una revisión evaluativa de la forma en que se desarrolló la campaña electoral.
Debe quedar claramente especificado que aquellos candidatos que respondan al gobierno de turno, por esa razón especial y por sobre cualquier otra, están obligados a observar normas estrictas de austeridad y a saber marcar claros lindes con los gobernantes tomando la debida distancia.
Porque esa pertenencia, que desde luego no es pecado ni constituye dolo alguno en tanto no se cobije bajo el paraguas protector del poder con todo lo que ello significa, comienza a perder legitimidad ética y pasa a mancharse con una fea pátina en términos de moral política.
Semejante actitud explota ventajas que la oposición no tiene y ello no es sólo cuestión de candidatos y dirigentes, sino que alcanza a las interrelaciones de los propios sectores ciudadanos que ven de qué modo se les condicionan y merman las posibilidades a los hombres y mujeres de su preferencia.
Desde la misma presidencia de la Nación no se han medido gastos a la hora de abarcar todo el país en una acción proselitista casi inédita, en tanto lo que está en juego es la renovación parcial de una cámara del Congreso Nacional, para lo cual el verdadero protagonismo reside en cada provincia. Si bien ello no invalida el legítimo interés de la Casa Rosada en los resultados electorales, se sabe de dónde provienen los recursos empleados, no sólo para movilizar nutridas comitivas, sino por el uso de bienes de capital del Estado.
Que la performance oficialista no logre darse en todo el país con la contundencia deseada –el mandatario aguarda hace tiempo que sean los guarismos los que le den definitivamente la representatividad que la huída de Carlos Menem le negó en abril de 2003-, no significa que quede en riesgo la gobernabilidad.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
