D. E.
El fuerte grupo empresario estrechamente ligado al ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori sigue demostrando su poder ante la Justicia. Por un lado, esta semana, se archivó por “prescripción de la causa”, la denuncia contra Mori y sus amigos por el fraude al Estado entrerriano cometido en lo que fue el negociado del frustrado proyecto de control vehicular en la provincia. A su vez, el expediente judicial por los movimientos de lavado de dinero de la firma Cadesa Export -donde aparecen empresarios de las sociedades MiguelSan, con negocios en Ibicuy en la anterior gestión bustista o la empresa de seguridad El Guardián- pasó a un juzgado de Capital Federal. Mientras, la denuncia por “amenazas” de muerte contra el empresario de seguridad y otros rubros, Claudio Tórtul -por un episodio lamentable con inspectores de la AFIP de Paraná- también fue archivada, según confirmó ANALISIS.
Las empresas ligadas al denominado “Grupo Mori” que encabeza el ex funcionario bustista, tiene actualmente varias causas judiciales, pero evidentemente con diferente suerte. Esta semana, Oscar Horacio Mori y sus amigos se sacaron de encima uno de los expedientes pendientes, sin mucho avance ni difusión, pero que conformaba la extensa grilla, donde el fantasma de la impunidad siempre sobrevuela vestido de seda y preparado para la fiesta victoriosa. “Archivaron la causa del Control Vehicular”, indicó una fuente, en referencia al recordado negociado armado por Mori a fines del gobierno de Mario Moine y desarrollado desde su lugar de poder en la segunda Gobernación de Jorge Busti hasta que las críticas terminaron por quebrar el negocio, no sin antes lograr una indemnización de más de 4,5 millones de dólares, pese al sobreprecio que se encontró, de casi 2,7 millones.
Mientras, se sigue de cerca lo que puede suceder en Capital Federal con el expediente por supuesto lavado de dinero, a partir de las operaciones poco claras de la firma Cadesa Export, con sede en Capital Federal, pero con la participación accionaria de conocidos empresarios de Paraná siempre relacionados a varios de los negocios de Mori, que fuera denunciado por ANALISIS el año pasado, fundamentalmente a partir del testimonio de Raúl Maximiliano Bordón, un albañil, quien se encontró con que era accionista, cuando inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo fueron a ver a su precaria vivienda.
La firma Cadesa es continuadora de Culupayti Sociedad Anónima, con sede en Capital Federal. El 15 de noviembre de 2002, en asamblea general cambió su denominación por Cadesa Export, quedando como presidente Juan José Colliard y como director suplente Víctor E. de Mattía, ambos con domicilio en Paraná. En los últimos años Colliard integró dos sociedades denunciadas por negocios con el Estado, fundamentalmente en el anterior gobierno de Jorge Busti. Por un lado, estuvo en el directorio de la empresa Carryson, una subsidiaria de Alesia-TTI, cuya marca fue comprada en enero de 1998 a un particular de Capital Federal, que intentó desarrollar el citado negocio del control vehicular en Entre Ríos.
Pero también participó de la sociedad de MiguelSan Sociedad Anónima, que hizo negocios millonarios con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) enviados para la realización de las obras del Puerto Ibicuy. La hoy desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) fue la que denunció las graves irregularidades en el manejo de los fondos nacionales para Puerto Ibicuy. Hizo una primera denuncia penal el 31 de marzo de 2001, ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Paraná -a cargo de Ricardo González, quien retornó a su lugar recientemente e hizo buena parte de la investigación- y amplió el escrito el 2 de septiembre de 2002, aunque éste último fue desestimado. González dio pasos importantes, en una causa compleja, que determinaron la indagatoria a los empresarios Daniel Carbonell y Miguel Sindor -de MiguelSan-, como así también a los hermanos Félix Abelardo Pacayut -el quebrado ex senador provincial del departamento Islas- y Carlos Pacayut, que lideraba la Comisión de Fomento Pro Desarrollo del Puerto, quienes luego fueron procesados por el juez Ricardo Bonazzola. En el anterior gobierno de Jorge Busti, el Grupo Sindor-Carbonell se hizo de 23 millones de pesos/dólares, invocando la realización de la Obra Ampliación y Reactivación del Puerto Ibicuy. La causa, desde el Estado, es llevada adelante por la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, quien para tal manejo había puesto al abogado Marcos Rodríguez Allende, amigo personal de algunos de los denunciados y siempre cercano a Oscar Mori.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
