Sandra Miguez

El 4 de noviembre entró en vigencia la nueva Ley Nacional Número 26.061 de Minoridad, que tiene una serie de declaraciones, con derechos y garantías constitucionales ya consagrados a partir de la reforma de 1994. La normativa legisla sobre la protección integral de la familia, del niño, de la niñez y el adolescente, considerando a éste como sujeto de derecho. Sin embargo, la situación en la provincia de Entre Ríos de los menores que delinquen sigue siendo sumamente difícil, sobre todo cuando el Estado no asume el rol que le compete para garantizar que los chicos que han delinquido- y que deben estar internados- tengan un seguimiento y tratamiento acordes a la problemática social que representan. Una realidad social cruzada por la precariedad y la pobreza extrema.

Existen múltiples factores que deben ser considerados para abordar la problemática que encierra la minoridad, fundamentalmente factores biológicos, sociales y culturales. Por ello, la pobreza extrema y la violencia de la marginalidad que instalan a los menores en un mundo sin opciones y logran que niños y adolescentes acepten como propias pautas que los arrojan al mundo delictual, es un tema que no puede dejar de ser considerado.

Es indispensable tener en cuenta que la familia contemporánea -y también la sociedad en general- se enfrenta a la ruptura de su trama, por lo cual aparecen situaciones catastróficas como son los niños homicidas, los menores abusados, que viven en la indigencia absoluta, mujeres violadas y asesinadas, profesores y sacerdotes pederastas, por no hablar de zonas de la ciudad en las cuales la delincuencia es moneda corriente.

Pero para dar cuenta de la compleja trama que encierran las relaciones familiares, los especialistas brindan detalles de estudios en los cuales se reafirma que ya no se puede hablar de una estructura tradicional de la familia porque han aparecido nuevas formas.

De allí que la postura que pretende asegurar que la preservación familiar es la panacea, termina convertida en una utopía, sobre todo cuando a diario se observa que es en el seno familiar donde muchas veces se origina el problema.

“Hacía más de un mes que se buscaba al chico fugado del Hogar de Menores de Victoria, ¿y sabés dónde estaba? En su casa. Tenía pedido de captura y estaba oculto en la casa de su madre”, comenta un profesional que asiste a la Justicia para describir la situación.

La nueva Ley Nacional 26.061 de Minoridad, que comenzó a regir el pasado 4 de noviembre, plantea nuevas problemáticas, como por ejemplo la situación de abandono que tienen los menores que han delinquido, al estar en lo que podría denominarse una zona gris.

Desde la Justicia se plantea la necesidad de continuar con procesos judiciales con la intervención interdisciplinaria que permita no sólo aplicar la ley, sino fundamentalmente tender al objetivo que persigue cualquier normativa, que es la prevención.

Con ello se ha generado un gran debate -en el cual participan funcionarios judiciales y autoridades del Consejo Provincial del Menor- que hasta ahora parece no concluir.

“Esta ley construye un andamiaje que dará lugar a falsas premisas”, sostuvo el Defensor de Menores del Superior Tribunal de Justicia, Arsenio Mendoza, al ser consultado por ANALISIS sobre la nueva normativa.

Según Mendoza, esas falsas deducciones son por ejemplo el hecho de no contar con la aprobación del presupuesto que permita mantener a los niños en el ámbito familiar. Y señaló que son los mismos legisladores que aprueban la ley para que los menores estén incluidos en la familia quienes luego no aprueban un aumento presupuestario para dar cobertura a estos temas.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)