Juan Cruz Varela
Las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar siguen avanzando en distintos puntos del país, tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. En Corrientes, la semana pasada, se constituyeron como querellantes familiares de Elida Goyeneche de Sobko, una entrerriana secuestrada el 12 de enero de 1978 en Goya, un lugar duramente azotado por el accionar del terrorismo de Estado. ANALISIS reconstruye la historia de dolor y pena de una docente y estudiante de medicina de 26 años.
Elida Olga Goyeneche fue secuestrada el 12 de enero de 1978, delante de sus hijos y de su madre, a las cinco de una tarde calurosa de verano en el Club Doña Goya, un balneario ubicado sobre el río Paraná, en la ciudad correntina. Desde ese día, nadie volvió a verla. Un año antes, había recibido un duro golpe cuando fuerzas policiales se llevaron a su esposo Pedro Sobko, en Paraná.
Por ella, su hija Clarisa se presentó la semana pasada como querellante ante el juez Federal de Corrientes Carlos Soto Dávila. Por primera vez desde 1976, la Justicia Federal ha comenzado a avanzar en las desapariciones y torturas ocurridas en una zona que comprende a Goya, Lavalle y Santa Lucía, un sector de la geografía correntina fuertemente influenciado por la presencia de las ligas agrarias, movimientos campesinos y sacerdotes tercermundistas, a pesar de que registra un alto porcentaje de desaparecidos respecto de la densidad de población, según se ha podido determinar.
Una primera presentación de querellantes incluyó también a Rogelio Tomasella, un ex preso político durante la dictadura, en representación de los familiares de Abel Arce Gómez, un agricultor, dirigente de las ligas agrarias, que desaparece el 19 de mayo de 1977, estando bajo bandera mientras realizaba el servicio militar obligatorio en la Compañía de Telecomunicaciones 121 de Goya. Arce estuvo encarcelado en el Club Hípico, un centro clandestino de detención y tortura de Corrientes, pero testigos aseguran haberlo visto por última vez, muy deteriorado producto de intensas torturas, en diciembre de ese mismo año en la Brigada de Investigaciones de Resistencia.
“Hicimos una movida en Tribunales y el juez nos recibió. Nos presentó un avance de lo que ha realizado, que no es mucho pero es algo, y nos garantizó que dará prioridad a este tipo de causas. Hasta el momento, solo se han anexado una serie de listados de personal de fuerzas de seguridad que trabajó en la época de la dictadura pero nos manifestó que espera reunir la nómina de ex conscriptos entre 1975 y 1983, de lo que podrían surgir nuevos testimonios para la causa. También se comprometió a realizar, en febrero, una inspección ocular en tres lugares en los que se ha comprado que funcionaron centros clandestinos de detención y tortura: el Regimiento de Ingenieros 7; el Club Hípico, dependiente del mismo; y el viejo destacamento policial de ‘Puerto Boca’, también conocido como ‘La Casita’. Además, tiene previsto iniciar una ronda de testimoniales”, reseñó Clarisa sobre la audiencia que distintos organismos de derechos humanos mantuvieron con el magistrado la semana pasada.
Aunque el juez Soto Dávila llevaba adelante una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento 9 de Infantería de la capital correntina por la que mantiene detenidos a siete militares, entre ellos el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, las querellas en Goya se enmarcan en la investigación iniciada a partir de declaraciones de un ex integrante de las fuerzas de seguridad que aportó datos sobre hechos ocurridos en Goya y su zona de influencia durante la última dictadura militar, quien reconoció que la mayoría de los detenidos habrían estado alojados en algún momento de su cautiverio en dependencias del Batallón de Ingenieros 7. Puntualmente, se denuncia la intervención de un Grupo de Tareas dependiente del área militar 235 integrado por fuerzas conjuntas de Ejército, Policía Federal, Prefectura Nacional y Policía provincial. Sin embargo, ambas causas ahora forman parte de la misma investigación, que ha sido fuertemente impulsada en el último año por la agrupación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medhes), creada por un grupo de ex detenidos políticos de Goya y zonas de influencia; y por la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes.
Esto dio origen a una serie de presentaciones de querellantes por desapariciones en la zona de Goya, Lavalle y Santa Lucía. “Esa zona fue el centro del trabajo de las ligas agrarias muy vinculado a la Iglesia de los sectores de la Teología de la Liberación, que tuvo una presencia muy fuerte en la década del ‘70 en la provincia. Las ligas agrarias se conforman en esos años, sus dirigentes son perseguidos durante la Revolución Argentina, pero se consolidan entre 1973 y 1976 y sufren una feroz represión a partir de 1976.
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