Silvio Méndez
El Ejecutivo de la Municipalidad de Paraná parece decidido a tercerizar el servicio de actualización catastral para aumentar la recaudación tributaria de la comuna. Ante los hechos consumados y las desprolijidades en los pliegos oficiales, los gremios municipales presentaron un propuesta que contempla una Comisión de Seguimiento, discutir el canon y limitar a los privados que intervengan sobre el uso de la información que se genere. En tanto, desde el bloque de concejales de la Concertación Entrerriana se apuntó a la improvisación y falta de información presupuestaria. La medida que se propone optimizar los ingresos, en realidad ocultaría las exigencias que el Banco Nación impuso para el otorgamiento a la ciudad de 16 millones de pesos de un fideicomiso. Esta operación financiera y plan de obras han sido aprobados con polémicas ordenanzas, pero aún permanece en las sombras la letra del contrato de partes con la entidad crediticia.
En una trama de intrigas y maniobras que bien pueden opacar al popular Código Da Vinci, o a los mejores policiales negros anglosajones, la Municipalidad de Paraná anunció el pronto llamado a licitación para tercerizar la renovación de la administración e información catastral del sistema de recaudación tributaria.
El objetivo enunciado es que una modernización de los medios permitirá un incremento en los cobros por distintas tasas. Pero, por un lado, se ha cuestionado la privatización del servicio, argumentando que con recursos y personal de la estructura municipal, hay otros modos para mejorar los ingresos. Además, por otra parte, se ha apuntado que esta decisión en realidad estaría vinculada a un velado compromiso contractual con el Banco Nación Argentina (BNA), y por la cual el municipio podría acceder a 16 millones de pesos de un fideicomiso para obra pública. En este movimiento, se han vuelto a poner en evidencia puntos oscuros y, desde la oposición en el Concejo Deliberante, se renovó el reclamo por falta de información fidedigna sobre el balance general de las cuentas de la ciudad.
En referencia al aspecto inicial, se ha señalado que los pliegos de ofertas para la mejora del sistema de ingresos tributarios contenían graves falencias, con términos perjudiciales para la comuna y los trabajadores, pero muy favorables para las empresas oferentes. Estos errores fueron seriamente observados por los gremios municipales, que presentaron una propuesta alternativa. Las nuevas bases postulan la creación de una Comisión de Seguimiento de la licitación que integrarían los empleados de las áreas involucradas, representantes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales, de la Asociación de Personal Superior de la Municipalidad de Paraná y del Ejecutivo paranaense.
Asimismo, especifica minuciosamente las prestaciones técnicas requeridas en lo que hace a la información catastral, los sistemas informáticos y administración. También, las obligaciones para la fiscalización, la capacitación del personal y modalidad contractual. En rigor, los documentos de la Intendencia eran muy precarios, y hasta el propio subsecretario de Planificación municipal, Gastón Grand, dejó trascender a la Agencia Periodística Federal que se había realizado una suerte de “corte y pegue” de otros proyectos similares. El trabajo serio de los gremios aportó un examen más profundo, aunque no por ello se dejó de cuestionar la medida. Precisamente, en la nota con la cual ofrecieron el nuevo plan, dejaron expresado: que el programa era a instancias de una decisión ya tomada por el Ejecutivo; que respetando esta facultad, sostenían la idea que “la estructura municipal actual permite realizar la mayor parte de los servicios que se pretenden contratar”; que priorizaban el resguardo de las fuentes de trabajo y salvaguarda económica de la comuna; y que carecían de información sobre los Fideicomiso Financiero y Administrativo “para un análisis integral”.
Justamente, sobre este último ítem se tejerían las sospechas, ya que en un borrador que circuló en su momento del convenio marco para el fideicomiso que pretende la Municipalidad, se fijaban algunas pautas entre las que se establecía ceder al banco la propiedad del incremento por aumento de la recaudación, y por el cual se saldaría la deuda. Por ende, no es disparatado pensar que la entidad pretenda asegurarse de alguna manera este reembolso. Como se recordará, la operación fue aprobada por ordenanza a fines del año pasado, y a principios de mes un plan de obras para utilizar esos fondos, pero los términos precisos del acuerdo nunca se dieron a conocer. ¿Se firmó en algún momento? ¿Se encuentra en algún lugar? ¿Cuál es el compromiso de la comuna con el BNA? ¿En qué grado afecta a los vecinos? Más dudas se suman a partir de que se reconoció oficialmente que las labores que se realizarían con esos 16 millones en parte ya habían sido ejecutadas.
Para agregar otro dato, desde el bloque de concejales de la Concertación Entrerriana se indicó que en estos trabajos, por asfaltado de cuadra se presupuestaron 90.000 pesos, cuando afectando personal, maquinaria y la planta asfáltica municipal salía alrededor de 55.000 pesos los 1.000 metros de cubierta.
Volviendo a la cuestión preliminar, distintos conocedores de la armazón comunal acuerdan que con una adecuada organización de recursos y personal se podría mejorar notablemente la recaudación, pero que esta disposición es claramente política. Entre otros procedimientos, se ha propuesto establecer un cruce de datos con otros organismos públicos para cuantificar la actividad comercial, la ocupación de terrenos baldíos y viviendas, y censos con la distribución de boletas. Hasta desde la propia Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad se ha anunciado una fiscalización para convenios de pagos y negocios, e incluso se ha pensado en utilizar el popular servicio de imágenes satelitales por Internet Google Earth para actualizar mesuras de nuevas construcciones o mejoras.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
