L. M. S
Cuán difícil resulta conciliar el escenario existente hace apenas unos meses y sus actores reales con el panorama que presenta hoy el conflicto por las pasteras uruguayas. Pareciera que se está retornando poco a poco a la equivocada concepción de que el grave perjuicio que en materia ambiental generarán estas plantas, sólo incumbe a los habitantes de Gualeguaychú.
Siempre hemos sostenido que cualquier compromiso ecológico que se produce en el planeta, nada menos que nuestro gran hogar común, nos atañe a todos los mortales y al marco natural que nos da las condiciones para subsistir y asegura tal garantía para quienes nos han de suceder en el tiempo.
Quede claro que ningún organismo estatal, sea de la jurisdicción que fuere, puede ostentar el patrimonio de la verdad en la evaluación y calificación del conflicto. Ello no significa desconocer la tarea que han venido impulsando los gobiernos federal y provincial, pero no se puede soslayar que todo surgió como emergente de la ya titánica lucha entablada por nuestros comprovincianos del sur. Sin embargo, existe una visible diferencia en las motivaciones y hasta en los objetivos. Aunque a algunos políticos susceptibles les moleste, no es lo mismo que todo un pueblo salga desesperadamente a proteger su salud y asegurar para el porvenir un hábitat libre de contaminaciones, sin distinciones de ninguna especie, que centrar la estrategia en términos de redituables consensos sectoriales. Porque aunque con saludables excepciones, no es otra cosa lo que abunda en las prácticas políticas, donde afloran propósitos que no siempre comprenden al conjunto, y eso es un componente de la fama que muchos crearon antes de echarse a dormir.
Nadie puede negar que la pelea contra las fábricas de celulosa tiene ya varios años, librada por una población que no encontraba eco en importantes despachos que tardaron demasiado en sumarse. Fue a partir de comprenderse que Gualeguaychú, además de su fabuloso Carnaval del País, tenía otras cosas para exhibir: nada menos que una lucha por la supervivencia y un compromiso con la dignidad.
Hace apenas unos meses -decíamos-, el escenario y los actores eran una cosa, mientras hoy se observan cambios más emparentados con nuestra idiosincrasia abstencionista que con las necesidades reales y concretas de una importante región entrerriana.
En febrero de 2006 y en un duro informe técnico, la Cancillería de nuestro país acusó al Uruguay de vulnerar tratados preexistentes, afirmando que la instalación de las fábricas (de pasta celulósica) afectaría al compartido río homónimo. Aludía así al impacto negativo sobre nuestro territorio, con serio daño para las condiciones de productividad y las actividades industriales y comerciales.
Vinieron las gestiones provinciales ante los organismos de crédito internacional que prometían ayuda financiera a los contaminadores y se lograron avances que creíamos promisorios. Y ante el autismo del gobierno charrúa, se llegó hasta el Tribunal de La Haya donde, bien sabemos, la decisión no nos favoreció y debimos aguardar un fallo definitivo que, según los entendidos, podría surgir cuando ya el humo y los efluentes nocivos estén cumpliendo su cometido letal.
Lo demás ya lo sabemos: la falta de reflejos de nuestro lado para demostrar con premura que el vecino país violentó el Tratado del Río Uruguay y la inconcebible y poco solidaria actitud de una llamada Asociación Forestal Argentina, que hizo pública su “tranquilidad” tras al fallo de La Haya, aceptando que las plantas funcionen pero con la ingenua salvedad de un posterior control sobre salvaguardas respecto de la contaminación mediante una comisión binacional.
¿Por qué esa comisión, con el aporte de expertos internacionales de probada capacidad técnico-científica y cuyo dictamen estaría libre de sospechas y suspicacias, no fue convocada antes para analizar toda la documentación empresaria que garantice seguridad respecto del daño ambiental acumulativo?
No pasa inadvertida la sorpresiva aparición de folletos en la propia cuna de la lucha, donde en un stand del gobierno provincial se distribuyeron mensajes promocionales sobre la explotación forestal.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
