Silvio Méndez
Como fuera previsto, las organizaciones Eco Urbano, Proyecto Tierra y M’Biguá anunciaron su posición frente al proyecto que impulsa la Municipalidad de Paraná de venta del Parque Nuevo e instalación del complejo termal. Las ONG apuntaron que aún no se agotaron las etapas de concertación y participación ciudadana para una resolución final sobre el empleo del sector. Así, propusieron la intervención de la Defensoría del Pueblo para facilitar las consultas. Pero, por su parte, este organismo dio por cerrado su intento de mediar en el conflicto, ya que consideró que hay posiciones irreconciliables que impiden un consenso, por lo cual recomendaron a la comuna abrir un proceso de Audiencia Pública. En tanto, desde el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, en un guiño al municipio, se mostraron preocupados por el “espacio vacío” de la zona y favorables a un plan urbano ambiental. En cambio, desde el Foro Ecologista señalaron que estos conceptos van contra una tendencia mundial de recuperar espacios verdes en las ciudades.
Con lo que parece ser una idea fija para esta administración municipal respecto a la venta de tierras del Parque Nuevo para instalar termas, nuevamente distintos actores de la ciudad salieron al ruedo con opiniones, propuestas e intervenciones en el fuerte debate desatado sobre el tema. La semana pasada, tras una impasse en que evaluaron diversa información técnica oficial, las organizaciones ecologistas Eco Urbano, Proyecto Tierra y M’Biguá comunicaron finalmente su posición respecto al posible destino del espacio verde en discusión.
En conferencia de prensa conjunta, señalaron que en el proceso por el cual tomaron postura, si bien recibieron respuestas a los “requerimientos por parte de la Municipalidad”, de todos modos “aún restan etapas sustantivas de esta iniciativa” (sic). Dentro de su declaración poco clara o contundente respecto a la controversia sobre la comercialización del predio y disposición de un complejo termal, las ONG plantearon propuestas para alcanzar un “proceso social y público hacia la concertación y resolución final para construir la mejor propuesta que pueda estar a la altura de las circunstancias de nuestra sociedad y sus autoridades democráticas”.
Para llegar a este escenario, los ambientalistas trazaron una serie de puntos. Entre ellos, la intervención de la Defensoría del Pueblo para facilitar las consultas sobre la iniciativa oficial u otras en danza. Además, pidieron un amplio estudio de impacto socioambiental, un panel de evaluadores independientes, la participación de los organismos provinciales correspondientes (aunque en otro ítem señalan que la normativa y gestión sobre aguas en Entre Ríos “no da garantía para nuevos emprendimientos termales”), un informe jurídico de la comuna y, en último lugar, si nada de esto da resultado, postulan convocar a un referéndum vinculante.
Si bien de entrada la apuesta de las ONG fue que la Defensoría pueda mediar, ésta ya dio por agotado este proceso iniciado tras la primera reunión informativa del 5 de septiembre. Como se recordará, ese día se convocó para exponer sobre el programa de urbanización y proyecto termal de la Municipalidad y dar lugar a los interrogantes de distintos sectores. El encuentro fue convocado por la Vecinal Larramendi y a la cita también asistieron funcionarios municipales y representantes de organizaciones ambientalistas. En un lugar desbordado por la cantidad de gente que concurrió, el intercambio de preguntas y pareceres transcurrió bajo un clima caliente, con cruces verbales y reproches. Luego de este espacio, dado que muchas inquietudes quedaron pendientes, la Defensoría se comprometió a una nueva convocatoria ampliada y un proceso de mediación.
Tras más de un mes de aquella memorable reunión, el organismo de contralor y arbitraje comunal dio por cerrada su iniciativa, ya que no se pudo llevar adelante la facilitación como era pensada. En este sentido se apuntó que no se lograron las condiciones, ya que las partes tendrían posiciones irreconciliables y antagónicas que impiden el consenso necesario para llegar a una conciliación. Como resultado, con fecha del 16 de octubre, la Defensoría emitió la recomendación 04/06 por la cual encarga al Ejecutivo Municipal “arbitre la realización de una Audiencia Pública que tenga como objeto la presentación del Plan Urbano Ambiental del Noroeste y del Plan Maestro del Nuevo Parque Termal”.
Entre los fundamentos tenidos en cuenta, se afirmó que “de todas las herramientas de participación ciudadana disponibles en la ciudad de Paraná, la Audiencia Pública aparece como la instancia que posibilita la escucha mutua y, por ello, el acceso a la información presente en los diversos actores”, y que tal como lo prescribe la ordenanza Nº 8.276 que establece y regula este instituto, “la Audiencia Pública constituye una instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados, o tengan un derecho o interés particular o difuso, expresen su opinión respecto de ella. El objeto de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con los interesados”. Al final, se indicó que esta vía puede ser llevada adelante tanto por el Ejecutivo como por el Concejo Deliberante.
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