Unas 400 personas han perdido un juicio iniciado contra el Estado provincial. Se trata de la demanda que plantearon ex trabajadores de la empresa de energía privatizada por los gobiernos de Jorge Busti y Mario Moine que reclaman el 10 por ciento de las acciones clase C, tal como lo establece la ley que dio el marco para las privatizaciones durante el menemismo. Dicen que la norma es clara, cuenta con la adhesión de la provincia y debe cumplirse el Programa de Propiedad Participada. Pero el largo proceso se trabó en una discusión colateral: cómo resolver un juicio que afectará a otros beneficiarios que no se presentaron en los tribunales. Hubo argumentos cruzados, pero terminó imponiéndose un criterio ajeno al esperado por los ex trabajadores. En consecuencia, el gobierno zafó de pagar una suma estimada en 17,8 millones de dólares entre acciones, ganancias, intereses, daños, según pudo saber ANALISIS.

Suena raro, controversial, terrible. El apellido Dromi acaricia con su sombra un asunto voluminoso, casi rayano con lo pesado y tedioso. Hay un expediente que echó cuerpo a lo largo de varios años y la lectura rápida deja la sensación de que enormes párrafos no hacen más que entorpecer la atención sin aportar mayores datos a la cuestión. Pero detrás del tedio que convidan las fojas, estaba la esperanza de cuatro centenares de personas que consideraron como propio el derecho de reclamar el Programa de Propiedad Participada de Edeersa, la empresa de energía convertida en sociedad anónima para su privatización en los negados años del menemismo.

¿El argumento para tal esperanza? La Ley Nacional Número 23.696, conocida también como la Ley Dromi, por el apellido de uno de los cerebros privatizadores de menemismo: el ex ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi.

La mencionada ley abría el camino a las privatizaciones de todos los bienes colectivos argentinos, y en uno de sus tentáculos dejaba planteada la posibilidad de que el personal de las empresas estatales pasibles de ser vendidas se quede con el diez por ciento de las acciones. Pero ya se sabe: la palabra “esperanza” no puede sino generar un conjuro negativo cuando aparece puesta junto al apellido del ministro menemista.

Lo cierto es que la semana pasada, las más de 400 personas que fueron a la Justicia entrerriana para reclamar participación en Edeersa se encontraron con un fallo que les cerraba esa posibilidad.

La carátula de la causa es “Alvarez, Antonio y otros c/Estado provincial su demanda contencioso administrativa”. Bajo la palabra “otros” se refugian 400 apellidos.

La novela de la demanda –advenida en largometraje de terror para los reclamantes– ha sumado tanto capítulos que para valdría la ayuda de un histograma para no perderse en fechas y acontecimientos. Entonces el cuadro debería tener su inicio en el año 1989, cuando se aprueba la Ley Dromi, y en ese mismo año -más precisamente el 17 de septiembre- ubicar el hecho de que el Estado entrerriano adhiere a la norma nacional mediante una resolución. Más tarde lo haría con una ley.

En la cresta de la ola privatizadora, el gobierno entrerriano -parte en manos de Jorge Busti y parte en manos de Mario Moine- decide convertir a la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER) en Empresa Distribuidora de Electricidad de Energía de Entre Ríos SA (EDEERSA). Al momento del traspaso la empresa tenía 1.250 empleados, según los cálculos de los demandantes.

En mayo de 1996, cuando el grupo privado se hace cargo de Edeersa el universo de trabajadores era ya de 800 personas, que luego pasó a la mitad, retiros voluntarios mediante. Esas 400 personas son parte de las que acudieron a la Justicia para reclamar las acciones clase C, tanto como el pago de una indemnización por daños y perjuicios y sus intereses.

Pero el planteo salió contrario y ahora piensan llevar el asunto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los perdidosos ex trabajadores evitan hablar de cifras pero al final afirman que el valor de las acciones que reclaman acarician los 17,8 millones de dólares.

Lo que dice el fallo

La demanda contenciosa administrativa arrojó un resultado adverso para los demandantes, pero no fue unánime. El voto mayoritario fue fundamentado por la vocal Susana Medina de Rizzo y cosechó avales entre sus pares Miguel Carlín, Juan Carlos Ardoy, Bernardo Salduna, y Leonor Pañeda.

En su largo peregrinaje por más de nueve años, el proceso se traba en una discusión relativa a cómo juega el hecho de que una considerable cantidad de ex trabajadores que tendrían derecho a reclamar no lo hicieron. La vocal Medina de Rizzo dice al respecto que “surge evidente la existencia de un grupo de sujetos que no han tenido intervención en este proceso, y cuyos derechos podrían resultar afectados de emitirse el pronunciamiento de mérito pretendido por los actores”. Y luego identifica: “se trata de los actuales accionistas del programa, cuyo coeficiente de participación resultarían disminuidos de producirse la incorporación de los actores”. Es muy claro y simple: lo mayores interesados en la torta, menos torta para todos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)