Ayelen Waigandt
Inéditos caminos los de la Justicia. Fríos códigos y leyes que salen de los libros como grandes verdades, pero que parecen ir a contramano del sentido común, el más común -dicen- de todos los sentidos… Inédita situación la que están viviendo un grupo de ex empleados de Transporte Urquiza, una de las firmas que presta el servicio del transporte urbano de pasajeros en Paraná, que fueron despedidos y tras haber ganado parte de un juicio contra la firma son ejecutados y embargados por los abogados de la misma. Desesperados y sin respuestas concretas de la Justicia, denuncian haber recibido aprietes y amenazas, y uno de los empleados perjudicados, Jorge Bustamante, anunció a ANALISIS que van a encadenarse frente al municipio si no obtienen soluciones luego de la feria judicial.
Jorge Bustamante, Héctor Rubén Butuz, Héctor Deharbe, Héctor Díaz y Juan Alfredo Guillermé eran choferes de Transporte Urquiza cuando en el año 2000 detectaron que se estaba realizando un vaciamiento de la empresa. “Siendo la empresa que más recaudaba en la ciudad, llegaba a fin de mes y no cobrábamos los sueldos; no se realizaban los aportes jubilatorios; no teníamos seguros en los coches; las condiciones de las unidades eran catastróficas y todo era una bomba de tiempo. Cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que se estaban robando todo”, comentaron a ANALISIS en una mezcla de indignación y resignación.
Ante esto, conformaron una comisión con otros 18 empleados, con el patrocinio legal de la doctora Verónica Uzín, para tratar de revertir la situación y enviaron más de 50 cartas documento a la AFIP, a la empresa, a la Asociación de Transporte Urbano de Pasajeros (ATUP) y al Concejo Deliberante en reclamo por la falta de aportes previsionales, pero nunca obtuvieron respuesta alguna. “Esto molestó muchísimo al gremio y mucho más a la empresa y a ATUP, y la entonces gerente de la empresa, Mirta Briola, junto a quien era el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el fallecido Carlos Lorenzón, deciden despedirnos por el solo hecho de querer defender la fuente de trabajo”, argumentaron.
Entre las causas de los despidos, en las cartas documento la empresa alegó “que éramos revoltosos y significábamos un peligro para la empresa porque atentábamos contra la fuente de trabajo, y que éramos empleados infieles a la empresa”, recordaron, no sin un atisbo de dolor en la voz.
De inmediato, entablaron una demanda de cobro de pesos contra Transporte Urquiza y contra el resto de las empresas de transporte urbano de pasajeros de Paraná que conforman ATUP, y también contra la propia ATUP. Como corolario de dicho juicio, cinco años más tarde, el 22 de agosto de 2005, la jueza del Trabajo, María Cristina Basaldúa, consideró “procedente el reclamo de indemnizaciones por antigüedad sustitutiva del preaviso e integrativo mes de despido, salario de octubre de 2001; sueldo anual complementario segundo semestre proporcional de 2001; y por entrega de certificación de aportes previsionales para todos los actores; y vacaciones proporcionales para Butuz, Díaz, Deharbe y Guillermé”.
Por el contrario, no se hizo lugar a la solicitud de indemnización artículo 132 bis y daño moral para todos los actores y también se desestimó el pedido de indemnización por tutela sindical en beneficio de Deharbe y Guillermé, por “no haberse acreditado fehaciente y documentadamente que la patronal haya sido notificada de la postulación de los demandantes como candidatos a delegados en las elecciones celebradas en fecha 16 de agosto de 2001”. Sin embargo, según los trabajadores, “las pruebas se habían conseguido en el Ministerio de Trabajo de la Nación pero los telegramas que se enviaron a la empresa desaparecieron”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
