J. C. V.
Se viven días de gran convulsión política en la provincia de Entre Ríos. Es que ante la inminencia de las elecciones, cada uno de los actores juega sus cartas. En la última mano, el que parece haberse quedado con la más alta fue el senador Hugo Berthet (PJ-San Salvador) al denunciar que “en cuatro años, Flecha Bus no pagó 50 millones de pesos de impuestos” al Estado entrerriano. Y fue más allá el otrora referente alasinista, ex presidente de la bancada justicialista al principio de la actual gestión y candidato a diputado provincial por el solanismo: acusó al gobernador Jorge Busti y al vicegobernador Pedro Guillermo Guastavino de “operar” a favor de una ley que planteaba modificaciones al Código Fiscal para beneficiar al grupo Flecha Bus, a través de “patotas” que responden “al riñón” de Sergio Urribarri. Si bien la reforma al Código Fiscal fue aprobada, el planteo respecto de la empresa de transporte no prosperó. Sin embargo, la Legislatura tiene pendiente de tratamiento un proyecto del propio Berthet en el mismo sentido.
La historia se remonta a principios de 2004, cuando la Dirección General de Rentas (DGR) detectó que la firma San José había radicado 92 colectivos en Jujuy a pesar de no realizar ningún servicio de origen en aquella provincia, por lo que dejaba de tributar cerca de 400.000 pesos anuales en Entre Ríos. En aquel momento, ANALISIS denunció que la puja entre el gobierno y el grupo Flecha Bus era por una deuda de San José con el organismo recaudador que rondaba el medio millón de pesos, a la que había que añadir cerca de 1,5 millones de pesos por deudas de Flecha Bus.
Esa situación derivó primero en un procedimiento de fiscalización tributaria para determinar si la empresa cambió irregularmente su lugar de radicación -se determinó que habían fijado domicilio de los colectivos en una cochera de dos metros por cuatro que alquilaban por 70 pesos mensuales en una zona en la que el tránsito para ómnibus estaba restringido- y, comprobada la maniobra, en una denuncia penal, a lo que la empresa respondió con presentando una medida cautelar a la que hizo lugar la justicia jujeña.
Hasta el momento, la justicia no se ha expedido al respecto, por lo que persiste la orden de no innovar y la DGR no puede proseguir ningún trámite administrativo de cobro de impuestos a San José. Sin embargo, algunos indicios llevan a pensar que en realidad hubo un acuerdo entre el gobierno y Flecha Bus. El 7 de diciembre de 2005, ingresó a la Cámara de Senadores de la provincia un proyecto de ley firmado por el vicegobernador Guastavino -entonces a cargo del Poder Ejecutivo- y por el ministro de Economía, Diego Valiero, por el cual se introducen modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Número 9.621, modificatoria de aquel. La sesión estuvo presidida por Héctor Strassera (PJ-Concordia), el proyecto fue tratado sobre tablas y su fundamentación estuvo a cargo del senador Carlos Orlandi (PJ-Nogoyá), quien hizo un repaso “en líneas generales” de las modificaciones que se pretendían introducir y aseguró que la iniciativa “tiende a normalizar y mejorar la administración tributaria provincial”.
Antes de finalizar con las explicaciones el legislador indicó: “Lo que quiero agregar en este proyecto de ley que consta de 23 artículos es el artículo 24, que dice lo siguiente: ‘Modifícase el artículo 100 de la Ley 9.621 que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 100: Condónanse las deudas por Impuestos a los Automotores, sus intereses y multas por vehículos dados de baja de la provincia o inscriptos en otras jurisdicciones en violación a las disposiciones del Código Fiscal de Entre Ríos, siempre que los mismos ingresen voluntariamente. Establécese que la condonación que se dispone es operativa hasta la fecha de la efectiva radicación del automotor en la provincia, estableciéndose como plazo máximo de la condonación el 31 de marzo de 2006”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
