D. E.
La Caja de Jubilaciones de la provincia está acosada por juicios. A la ex diputada provincial Mónica Torres habrá que pagarle cerca de 130.000 pesos por diferencias no abonadas, en un fallo dividido del Superior Tribunal de Justicia que sentará un precedente. El ex ministro de Gobierno, Darío Quiroga, también está haciendo un reclamo por el pago de antigüedad de sus tiempos como funcionario, tanto en la primera gestión de Jorge Busti como en la administración de Mario Moine y la cifra podría superar los 700.000 pesos, según reconoció a ANALISIS una alta fuente del organismo previsional. Pero, a su vez, hay un lote de unos 200 ex funcionarios, que se jubilaron en el cargo y reclamarían una cuestión similar, a partir del Decreto Número 158, del año 2000, del ex gobernador Sergio Montiel, que estableció un régimen único de antigüedad que incluía a las autoridades superiores no escalafonadas, computándose los años de servicio desde la fecha de matriculación para ejercer la profesión. Ya hubo algunos beneficiados, como el ex jefe de Policía, Ernesto Geuna. El monto demandado sería millonario -lo que se ampliaría a partir del efecto cadena que ello produciría- y causa preocupación tanto en las actuales, como en las futuras autoridades gubernamentales.
Las cifras van y vienen. Se suman, se multiplican, sientan precedentes y es lo más parecido a un agujero negro que no tiene fin. Esa es la triste realidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Pero hay un punto que preocupa no solamente a las actuales autoridades, sino a quienes llegarán a partir del 11 de diciembre: la larga grilla de juicios contra el organismo previsional, con cifras millonarias que se reclaman o los precedentes que van generando algunas resoluciones judiciales. Una de ellas benefició, el pasado mes, a la ex diputada provincial Mónica Zunilda Torres (Alianza-Paraná), quien se transformara en estrecha aliada del ex gobernador Sergio Montiel, luego de ser subsecretaria de Derechos Humanos de Jorge Busti en su primera administración.
La ex legisladora logró el aval del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en fallo dividido, en el reclamo que hacía por el reajuste de sus haberes jubilatorios, más los intereses pertinentes, por la aplicación de la Resolución Número 4.677 del 30 de noviembre de 1995, o sea, firmada en la etapa final del gobierno de Mario Moine (PJ). Lo cierto es que la ex funcionaria percibirá no menos de 130.000 pesos, luego de conseguir el voto de las vocales Susana Medina de Rizzo, Bernardo Salduna, Miguel Carlín, Germán Carlomagno y Juan Carlos Ardoy. Los tres primeros fundamentaron sus respectivos votos; Carlomagno adhirió a Medina de Rizzo y Ardoy a Salduna. Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia optaron por abstenerse de votar. Únicamente lo hicieron en contra -con la argumentación respectiva- Leonor Pañeda y Emilio Aroldo Castrillón.
El primer voto afirmativo (porque en principio opinó en contra Pañeda) fue el de Medina de Rizzo, lo que sorprendió a propios y extraños, puesto que, en realidad, se tendría que haber excusado. Sucede que Mónica Torres durante años fue empleada y jefa de despacho de la ahora ex jueza de Instrucción. Incluso, el nombre de Torres en ese rol tuvo amplia notoriedad en 1993, cuando el Tribunal de Cuentas radicó en tal juzgado la denuncia por la compra irregular y vergonzosa de 23.700 cajas de alimentos de parte de la Cámara de Diputados de la provincia, que según los dictámenes de los auditores se pagaron al empresario Luis Cabral, pero nunca se entregaron, sumándose así al otro escándalo de las 25.000 cajas. La entonces ex colaboradora bustista -que había retomado el cargo judicial después de su paso por la función pública- fue la que tomó declaraciones en persona a los testigos y varios de ellos denunciaron el hostigamiento que sufrieron a la hora de comparecer. Lo cierto es que al poco tiempo la causa fue archivada por Medina de Rizzo.
En su presentación, Torres indicó que siendo jubilada como agente de la planta permanente del Estado provincial, el 10 de diciembre de 1999 asumió como diputada provincial -en la lista montielista-, culminando el mandato el 10 de diciembre de 2003. Indicó que durante “el tiempo en que se desempeñó como legisladora se le suspendió el beneficio y percibió su dieta, sobre la cual efectuó los aportes jubilatorios” de ley. Agregó que “cumplido su mandato como diputada provincial solicitó el alta como jubilada y el reajuste de haberes correspondientes, reclamo que fue denegado mediante la resolución que se impugna con fundamento en que no cumplió el tiempo mínimo establecido en el artículo 73 inciso b) de la Ley 8.732”.
La Caja de Jubilaciones rechazó la demanda, considerando que la Resolución 007 derogatoria de la 4.677/95 “respetó el mandato normativo contemplando los reajustes de haberes cuando los afiliados alcanzan el mínimo previsto de cinco años de servicios con aportes, impidiendo la posibilidad de realizar cálculos a prorrata por debajo del piso mínimo contemplado en el ordenamiento vigente”. En igual sentido se pronunció el adjunto de la Fiscalía de Estado, Pablo Gabriel Bauducco, pero dicha opinión colisionó con la del Ministerio Público Fiscal del STJ, a cargo de Mario Félix Perosi, quien hizo lugar al planteo. Torres ganó en la votación y ahora espera el dinero del Estado.
Otras demandas
No obstante, lo que más preocupa en el organismo de los jubilados es la serie de demandas -la mayoría de ellas llevadas adelante por el abogado Roberto Quinodoz, quien prácticamente ha tenido que acondicionar su amplio estudio jurídico para estos juicios, puesto que estaría llevando adelante cerca de 500 casos, por diferentes instancias previsionales- que se presentaron, como recurso administrativo primero, en torno al reclamo de diferencias por la aplicación de un régimen único de antigüedad.
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