Luis María Serroels
Todas las alternativas que han venido nutriendo copiosa y generosamente la investigación sobre el conmocionante crimen de Nora Dalmasso sirven para establecer equivalencias con asuntos cercanos de no menor impacto social pero deslizados por el tobogán de la incuria que parece anidar en algunos estamentos de donde deben surgir las respuestas. Todo un conglomerado de policías, detectives, jueces, fiscales, secretarios, abogados y hasta la prensa nacional se vienen ocupando del hecho producido en Río Cuarto, donde incluso el poder político se ha visto rozado, motivando renuncias y abriendo cauce a todo tipo de sospechas y especulaciones.
Más allá de que aún no se tenga resuelto el caso, rodeado de múltiples teorías, cálculos, conjeturas y hasta fantasías propias de mentes muy fértiles, lo cierto es que el tema lejos está de abandonarse ni dejarse librado a su suerte, que no sería otra cosa que hacer todo para que no se sepa nada.
Que el marido de la muerta, Marcelo Macarrón, habría encomendado el homicidio; que el hijo Facundo habría estado involucrado (recordemos su rostro impávido y hierático cuando la conferencia de prensa, a horas apenas de haberse registrado el asesinato); quizás el pintor que realizó trabajos en el coqueto chalet y que la familia padecía de disfunciones sexuales dignas de las historias truculentas que nos proporciona el cine, han sido hipótesis que, sin ser descartadas, pasan a ser acompañadas por nuevas presunciones con el objeto de no dejar flancos débiles ni resquicios.
Bajo la premisa de que en materia criminal el tiempo que pasa es la verdad que huye, ningún dato se desestima por poco creíbles que sean sus elementos, escasamente confiables sus orígenes ni débiles sus coordenadas informativas. La investigación, aun en medio de tumbos y confusiones lógicas, sigue a pie firme.
La última hipótesis da cuenta de una muerte ocurrida en otro sitio, con traslado del cuerpo a la habitación, y se atribuye la maniobra (incluyendo la autoría, malos tratos y el hecho sexual propiamente) a personas que tiempo antes habían hecho determinadas tareas, lo cual les habría permitido conocer en detalle la forma y características de vida del núcleo familiar.
Tampoco -creemos- deben estar fuera de la causa las amigas íntimas de la occisa, que seguramente conocen sobre el suceso bastante más de lo que han dicho y que estarían respondiendo a un pacto de silencio.
Dicho todo esto, ¿cómo resistirnos a la tentación de revisar nuestro pasado tribunalicio para fijar equivalencias en términos de atención investigativa?
El problema principal que enfrenta hoy la Justicia entrerriana pareciera emparentarse con una situación que conspira contra el buen servicio. Da toda la apariencia de que a la Dama se le suele salir el velo y bajar su espada cada vez que los hechos desbordan ciertos carriles.
Podríamos mencionar la falta de resolución clara, concreta y contundente de los casos Gamboa, Calero, Otero de Capobianco, Abib, familia Gil, Totín Pérez, Héctor Gómez, Martín Basualdo, Elías Gorosito, Romina Iturain, José Daniel Rodríguez y Laura Espíndola por citar apenas un puñado, a los que se debe añadir, obviamente, la desaparición de Fernanda Aguirre, de la cual se están por cumplir tres años y que tiene un expediente muy complicado, con dos sospechosos detenidos sin juicio aún.
Pero elegimos adentrarnos en el denominado Caso Lucio Dato, referido al abogado cuyo cadáver fue hallado en la mañana del 7 de octubre de 1993 en su estudio de la calle Santa Fe de la capital entrerriana. A casi 14 años del macabro hallazgo nunca se pudo, porque no se supo, determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes participaron. Casi en una concordancia, magistrados, fiscales, pesquisas y hasta algunos allegados a la víctima, más parecieron trabajar para tapar el suceso que para resolverlo. El haberse dejado sin sellar y aislar el lugar para preservar huellas y rastros que resultan esenciales para las pericias no es una medida propia de una severa vocación investigativa, máxime cuando el muerto era, por sus actividades profesionales, nada menos que un auxiliar del Derecho y la Justicia (sea dicho esto sin pretender instalar la idea de que existen víctimas VIP y víctimas de segunda).
¿Pueden resistir los archivos de la memoria aquellos que estuvieron estrechamente vinculados con esa investigación frustrada? (la última providencia judicial data de 1997 y desde allí el silencio). ¿El Colegio de Abogados del cual Dato era vicepresidente primero, se dio explícita y públicamente por satisfecho, bajo la percepción de que resultó imposible arribar al fondo del asunto y su consecuente esclarecimiento? ¿Se otorgó la debida atención al extenso, preciso y pormenorizado estudio técnico con alta rigurosidad científica efectuado por el Centro Regional de Investigación y Desarrollo (Ceride) a instancias del médico forense Horacio Zaindemberg, que abría puertas muy promisorias a la pesquisa? ¿Existieron acaso señales desde ciertos sectores para que todo quedara en la nebulosa? La propia viuda de Dato llegó a decir que no le importaban las revelaciones finales alimentadas por cierta maledicencia, porque lo que ella y sus hijos demandaban era la resolución de este suceso costara lo que costase.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
