Américo Schvartzman
(desde Concepción del Uruguay)
La Constitución de Entre Ríos, aunque viene de 1933, está más cerca (¡mucho!) de los valores del progreso, la igualdad, la tolerancia y la justicia, que de la realidad de inequidad y conservadurismo que proponen eternizar los poderes fácticos del terruño, entre ellos el que expresa el jefe de la Iglesia de la capital provincial. Por ponerlo en términos de dicotomías y en tren de difundir al poco reconocido Alejo Peyret, la carta magna de quienes fueron sus copoblanos está mucho más acorde con sus ideales que con los del señor obispo Mario Maulión, que -si lo dejan- restauraría la enseñanza de la creación del mundo en siete días. La reforma de la Constitución permitirá nuevos avances, pero el desafío más grande será hacerla cumplir.
¿Cuántos de los que escuchan los debates sobre la oportunidad de la Reforma de la Constitución se han tomado el trabajo de enterarse de lo que dispone? De hacerlo, con más de una sorpresa se encontrarían. Por ejemplo, concluirían sin duda en que tendríamos una provincia mucho mejor, mucho más cercana a la que soñamos, algo así como la utopía panzaverde de Ramírez y Artigas, si se cumplieran algunos de los artículos que pueden leerse, casi como letra muerta, en la Constitución entrerriana desde 1933. ¿Vemos algunos ejemplos?
Sin dogmas
El primero, seleccionado para encabezar la lista, por antipático.
¿Sabía usted que cada uno de los establecimientos escolares que existen en la provincia está violando la Constitución entrerriana: en cada aula, salón de actos, patio escolar u oficina en la que se pueda ver un símbolo religioso? Lo mismo ocurre con los aportes que realiza el Estado provincial a las distintas organizaciones confesionales, ya sea para contribuir a solventar sus gastos de electricidad, al destinar dineros públicos para el pago de los docentes, o más directamente en cada subsidio que entrega a iglesias, parroquias y otras entidades de fe. También se ofende a nuestra carta magna provincial cada vez que se incluye un cura en una ceremonia oficial, inauguración o acto público de dependencia estatal. Y ni hablar de la cantidad de espacios públicos en los que se ha consagrado algún tipo de objeto de fe, estatuilla, símbolo o monumento destinado a la veneración religiosa.
Tal vez lo anterior suene exagerado, pero basta leer el artículo 7 de la sabia Constitución entrerriana para verificar que, en efecto, se infringe a la vista de todos, cada día: “El Estado no podrá dictar leyes ni otras medidas que restrinjan o protejan culto alguno”. Que restrinjan, por supuesto. Pero tampoco que protejan.
No hay en el país ninguna Constitución que contenga, en materia de pensamiento, una concepción tan avanzada, tan cercana al Artigas de “la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”.
Por desgracia, parece que no hay ley provincial que regule este artículo, incluido en la parte dogmática de nuestra ley de leyes. Por eso está sujeto a interpretaciones. Y está claro que cualquier ciudadano puede reclamar para que el Estado haga realidad ya mismo esa prohibición de “proteger culto alguno”. Empecemos. ¡Saquen los símbolos religiosos de las escuelas que son de todos, que son para todos, para los hijos de los creyentes en cualquier dios y también para los hijos de quienes no creen en ninguno!
(Y lo lamento por el obispo Maulión, que asegura que los docentes “tienen que ayudar a re-evangelizar una cultura que se paganizó”).
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
