Federico Malvasio
Una forma de aplicar el poder y el maltrato permanente terminó con empleados enfermos. La Oficina Central de Mandamientos y Notificaciones muestra a las claras una de las consecuencias cuando los cargos no son concursados. Hostigamiento, presión moral y una lógica perversa de operar sobre un empleado para finalmente hacerle un sumario y cesantearlo, es la premisa de una jefa devenida en autoritaria. El resguardo de las fuentes laborales en el caso de los temporarios los convierte en vulnerables en una guerra fría.
Hostigamiento es la palabra que suena con más frecuencia en boca de algunos empleados de la Oficina Central de Mandamientos y Notificaciones. Al término se lo puede interpretar como uno de los más moderados. El lugar de trabajo, que tiene despacho en Tribunales, se convirtió hace un tiempo en un campo de batalla. Se trata de una guerra fría en la que un sector de empleados, que denuncian ser perseguidos, carga con la fatalidad de testigos mudos y temerosos de permanecer en una lista negra o de acusados. Los testimonios apuntan a una persona.
En la Oficina de Notificaciones conviven los oficiales ejecutores, que cumplen la tarea de notificar a aquellas personas a las que se les va a ejecutar el alquiler, a desalojar o a embargar. También se encargan de poner en conocimiento sobre cualquier causa que esté relacionada con la violencia familiar, como la restitución de un menor. “El juez en la calle” se los suele llamar.
Los empleados de Notificaciones, pese a tener que exponerse a situaciones poco gratas, dicen no poseer un historial de problemas que se vinculen a las relaciones laborales internas. Por el contrario, gente de carrera que trabaja en ese sector hace gala de la armonía que había en el equipo. Según cuentan, el año pasado hubo un cambio de titularidad, y María Inés Trigos, que accedió al cargo por concurso, fue reemplazada por María Isabel Budini, empleada de carrera que ocupa el cargo actualmente de forma temporal. Con la sucesión empezaron los conflictos.
Fuentes tribunalicias que hablaron con ANALISIS coincidieron en que los problemas en la oficina comenzaron cuando Budini quedó al mando del grupo. “Aplica un ejercicio discrecional del poder y de la autoridad, pese a que era compañera de todos”, se lamentó una de las víctimas.
No todo el personal sufre los embates en forma directa. En muchos de los casos el flagelo se terceriza. Los empleados temporarios son quienes reciben las presiones a través de las víctimas directas. Según cuentan, las posibilidades de esos jóvenes que no tienen ningún respaldo laboral son dos: optan por el silencio, en el mejor de los casos; o son forzados a llevarle información a la jefa. Uno de ellos fue amenazado con ser sumariado por su comportamiento.
Jóvenes, tomen nota
Un caso les valió a los demás para saber cuáles eran las reglas del juego y quién, en concreto, el dueño de la pelota. La estrategia de presión empezó con insultos. La víctima, con el correr de los días, empezó a cargar nervios hasta tomar la decisión de recurrir al médico de Tribunales para explicarle su situación y todo el escenario de hostigamientos y persecuciones que padecía en la oficina. El médico, según fuentes cercanas a la víctima, tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Finalmente, el profesional le otorgó tres días por estrés. La víctima, en vez de regresar a la oficina, se volvió a su casa. Esa actitud le sirvió a Budini para hacer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia dejando constado que hubo “abandono del lugar de trabajo”. También en el escrito adjuntó precedentes como “carácter inestable y problemas con otras jefas”. Todos estos argumentos fueron negados por las fuentes, que prefirieron el anonimato. La víctima, por su lado, también hizo el descargo ante los secretarios del alto cuerpo.
La víctima fue notificada por Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Germán Carlomagno. Primaron, aparentemente, los argumentos de Budini. La sanción fue de cinco días sin goce de sueldo. El STJ entendió que la empleada abandonó el lugar de trabajo. Según el estatuto, la forma de proceder en caso de haber cometido alguna irregularidad o mal desempeño, el primer paso, si no tiene antecedentes, es un llamado de atención. En una segunda instancia, el trabajador es sancionado por dos días sin goce de sueldo. Y la tercera, previo al sumario, implica el cumplimiento de cinco días. La rapidez con la que se tramitó la causa fue poco común. Generalmente se sustancian después de un año y en este caso sólo se tardó un par de meses. “Nos llama mucho la atención”, dijeron personas que conocen con profundidad la cuestión y que no dudaron en decir que se trata de un “feroz perseguimiento”.
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