Un ex funcionario devenido empresario tuvo motivos para festejar hace unos meses cuando se anotició de que su causa estaba en reserva. Pero una determinación del Ministerio Público Fiscal lo pone nuevamente en la mira de la Justicia. La causa por la que se acusa a José Crettón Pereyra de desviar fondos del Senado estaba al límite de su prescripción. El ex vicegobernador Héctor Alanis, también imputado, sería la carta de la Justicia para hacer caer a los culpables.

Federico Malvasio

Todo parecía tener un final cantado. La causa por la que se acusa al ex vicegobernador justicialista Héctor Alanis y a dos de ex sus colaboradores por peculado y malversación de fondos parecía perderse en el polvillo de los archivos. Pero un cambio de estrategia en la investigación entusiasma al Ministerio Público Fiscal para darle continuidad al caso.

Unas semanas antes de las elecciones de octubre del año pasado saltó la novedad de que en la Justicia se había archivado la causa iniciada por presunta malversación de fondos contra quien fuera vicegobernador de la segunda gestión de Jorge Busti y dos de sus ex colaboradores en la Legislatura: Cristian Treppo, que desempeñaba tareas en la Vicegobernación, y José Crettón Pereyra, que era encargado de la Dirección de Administración del Senado.

Si bien pueden ser más de tres los que queden salpicados, la atención en esta causa siempre la concentró Crettón Pereyra, a quien este semanario le dedicó suficientes notas para establecer, por ejemplo, qué derivación tuvo la situación de vaciamiento de recursos legislativos. Su vida de nuevo rico en la provincia de Misiones y las inversiones millonarias con fondos sobre los que la Justicia nada se había preguntado son el motor de esta historia de corrupción que rema contra viento y marea para ser dilucidada.

La presunta sustracción de fondos de la Legislatura se produjo entre 1995 y 1999. La denuncia cayó en el Juzgado de Instrucción Nº 6 a cargo en ese entonces de Héctor Toloy, que fue asesor del bloque de senadores del PJ entre 1987 y 1991. En su momento se esperó que el juez se excusara, cosa que nunca ocurrió. Según la denuncia formulada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) el 20 de diciembre de 2000, en ese lapso se gastaron 11 millones de pesos/dólares sin justificación alguna, pero la desaparición de documentos administrativos conjuró contra la investigación. “Se ampliaban los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18 sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran.

Con la finalidad de disponer de importes de grandes volúmenes para ser sustraídos”, había concluido el ex titular del organismo de contralor, Oscar Rovira.

La causa tramita en el mismo Juzgado, hoy a cargo de Gustavo Maldonado. El magistrado dejó el expediente en estado de “reserva”, lo que comúnmente se entiende como el paso previo a la prescripción. “Archivo encubierto” lo rotuló un trabajador de años.

Hace dos meses, la Justicia tenía una sola respuesta cuando se le preguntaba por el estado de esta causa: “Los elementos que se tienen no alcanzan para establecer una vinculación e imputar. Y si se imputa y luego no se puede probar hay que sobreseerlo y eso es peor”, se defienden en Tribunales.

Cambio de estrategia

Cuando a la causa ya se la daba por cerrada, el mes pasado, el Ministerio Público Fiscal decidió que se continuara con la investigación y sugirió al Juzgado seguir adelante con el caso. Pero Maldonado no encontró motivos para continuar con una causa que -según relataron a este semanario- “la daba por muerta”. Para el juez no había elementos por los que se pueda continuar luego de que en Casa de Gobierno no se encontrara “un solo papel que sirva para rastrear esos fondos”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)