-Los frentes de tormenta. Por donde se mire, prosperan los conflictos sectoriales en la provincia. No todos son iguales a todos, si bien cada uno tiene que ver con el otro. Aunque parezca enredado, las cosas son así. La mayoría de los conflictos abiertos son de corte salarial. Es decir, diferentes sectores de la administración pública ponen en la calle diferentes demandas. Por otro lado, se hacen presentes nuevamente las patronales ruralistas que no quieren pagar los impuestos que surgen del revalúo inmobiliario rural. O sea, desde un ordenamiento presupuestario se puede decir que la franja de conflictos que se refiere a demandas salariales se ubica en la columna de los gastos, mientras que la protesta abierta por las patronales ruralistas se sitúa en la columna de los recursos.
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-Historia y crisis. Hay que destacar que estas demandas salariales que promueven los conflictos actuales, manifiestan un carácter distinto al que tuvo lugar en la década pasada. Si se tiene un poquito de memoria, se puede recordar que cuando se instaló la Carpa de la Dignidad Docente, en la Plaza de los Dos Congresos en abril de 1997, había una mayoría de provincias que adeudaban hasta cuatro meses de sueldos docentes y en la mayoría de ellas, los salarios eran pagados con bonos provinciales cuya cotización no alcanzaba al 50 por ciento del valor nominal. En los conflictos actuales los trabajadores estatales ponen el énfasis en mantener el poder adquisitivo conquistado y si es posible, crecer en las remuneraciones y en mejores condiciones de trabajo. Este nuevo carácter que adquiere la lucha de los trabajadores estatales hace que los conflictos tengan mayor contundencia y frontalidad. Estos nuevos aspectos dan los moldes de las expectativas de los trabajadores. A esta demanda fuerte por parte de sus trabajadores al Estado se deben agregar otras que requieren también iguales sino mayores esfuerzos. Se debe tener en cuenta que la sociedad actual arma un entramado de viejos y nuevos flagelos sociales cuyo abordaje por parte del Estado requiere significativos niveles de inversión. Simplemente, a título de ejemplo se puede tomar el tema de la seguridad, que atraviesa a la sociedad en todas sus capas. Un ataque serio y responsable a este problema puntual requiere poner en práctica estrategias con un fuerte componente técnico y profesional, integrando en la formación y en la convicción de lo que se hace tanto a las cabezas de la gestión como al primer eslabón que se corresponde con el simple agente de policía que recorre el barrio y la calle.
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-El hilo de la legalidad e ilegalidad. El tener en cuenta la integridad que tienen los diferentes frentes de conflicto en la provincia no es una simple tarea de vanidad intelectual. Esta ligazón que cada uno tiene con el otro hace que sea difícil encontrar soluciones valederas si los diferentes actores no toman en cuenta el conjunto de intereses en juego. La Ley de Paritarias, que fue bandera de lucha de los gremios docentes prácticamente desde que sobrevino la democracia, precisamente daba el marco institucional para que cada tema pudiera ser valorado en su relación con los demás. Va de suyo que todo ambiente que pretende saldar en un marco de consenso intereses contrapuestos, es de por sí trabajoso y engorroso. Prácticamente cualquier segmento de la institucionalidad democrática que se analice se va encontrar con ambientes parecidos donde los problemas muchas veces parecen no encontrar soluciones adecuadas. El principal gremio docente, AGMER, hoy hegemonizado por el agrupamiento interno, la Lista Roja y Negra, sobre la base de experiencias pasadas juzgó que someterse al trajín de sistema de paritarias era una suerte de trampa, una especie de cepo a los reclamos.
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-El conflicto y el consenso. El simple hecho de haber judicializado el conflicto no es una medida afortunada por parte del gobierno provincial. Se vive una actualidad de mucha sensibilidad que exige mucha paciencia y tolerancia por parte de los gobernantes, si de lo que se trata es de arribar a soluciones de consenso. Cabe pensar que la actitud intempestiva expuesta por AGMER soliviantó malamente al gobierno de Sergio Urribarri. Da la impresión de que el gobierno, temiendo un desmadre del conflicto, mete a la Justicia en el barullo. Lo cierto es que la Justicia intimó a los gremios a las paritarias. AGMER, lejos de amilanarse, rechazó la intimación de la Justicia y respondió con nuevos paros. Una mirada simple hace entender que la respuesta del principal gremio docente a la resolución de la Justicia constituye una acción de desacato. Luego, la vida del gremio comienza a transcurrir por el hilo finito de ilegalidad. Las alternativas posibles en este derrotero son tan variadas como imprevisibles. Pero bueno, muchas veces se vuelve inevitable aprender con el error. César Baudino, principal referente de la Lista Roja y Negra, mucho tiempo atrás, en un reportaje realizado por la revista ANALISIS, puso de manifiesto su pensamiento contrario al sistema de paritarias. En otros pasajes, esta vez ya no sólo Baudino, sino Víctor Hutt, dirigente docente de Concepción del Uruguay, referente de la Lista Celeste Compromiso -una escisión de la Celeste oficial-, también supo subestimar el valor de encuadrarse en la legalidad. La cuestión es que esta vez, llegado al extremo de tirarse a la pileta, el congreso docente que sesionó en Paraná en una decisión por mayoría ubicó al gremio en esta situación difícil.
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