Valentín Bisogni
(desde Concepción del Uruguay)
A dos años y medio de iniciada la causa en la que César Román denunció que en 1976 junto a compañeros del secundario fue secuestrado y torturado en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, todavía ninguno de los uniformados imputados declaró ante la justicia. Sin embargo, Román, que actualmente es docente y está radicado en Mar del Plata ya pasó cinco veces por tribunales. A su vez el Estado provincial sigue ausente y la promesa realizada desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Roque Minatta, de presentarse como querellante cumplió más de un año y sigue sin concretarse.
¿La tercera es la vencida? El comisario general de la Policía Federal José Darío Mazzaferri y el ex-agente Juan Carlos Rodríguez alias El Moscardón Verde debían presentarse a declaración indagatoria el 20 y 21 de junio de 2007 en la causa iniciada por el docente César Román por las torturas que sufrió durante la dictadura. Sin embargo, el abogado Alfredo Olivan se había presentado unos días antes en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y planteó la inconstitucionalidad de la ley 25.779 que derogó las leyes de obediencia debida y punto final. A su vez, había solicitado la nulidad sobre lo actuado hasta el momento en la investigación, que había comenzado a principios de 2006.
El pedido no quedó solamente allí, el abogado también solicitó el beneficio de eximisión de prisión, para prevenir la posibilidad de una orden de detención de sus clientes. Debido a la presentación de Alfredo Olivan los dos agentes de la Policía Federal que debían presentarse a declarar, no lo hicieron. La justicia no hizo lugar al planteo de Olivan y cada vez son menos las vías legales que tienen para dilatar la causa.
Este año, entre el 1º y el 10 de julio estaban citados a indagatoria los imputados Raúl Federico Schirmer, José Darío Mazzaferri, Julio Cesar Rodríguez, Juan Miguel Valentino, Ramón Genaro Díaz Bessone, Juan Carlos Trimarco y Albano Eduardo Harguindeguy, pero el juez federal Guillermo Quadrini, a cargo de la causa, decidió suspender las indagatorias porque estaba pendiente la provisión de otras pruebas y entendía que era necesaria la postergación. Tanto la fiscal federal Milagros Squivo como la abogada querellante María Caccioppoli, interpusieron un recurso y solicitaron la realización de las indagatorias, pedido que tuvo lugar.
Nuevamente se citará a los imputados a presentarse entre el 18 y el 25 de noviembre próximo. Quien no asistirá será Harguindeguy (ex ministro del Interior de la última dictadura militar) que está imposibilitado de asistir por una dolencia física y deberá asistir al Juzgado Federal de Rosario, ciudad en la que se encuentra con detención domiciliaria.
Consultada por ANALISIS, Caccippoli explicó que las pruebas que ya hay en la causa, son suficientes incluso para procesar a los imputados.
La ausencia del Estado
La abogada María Caccioppoli cuestionó que “la Subsecretaría de Derechos Humanos, le está debiendo mucho a las víctimas. Les está debiendo la presentación en las causas como querellante y les está debiendo el apoyo que deberían tener por lo que pasaron durante la dictadura. No ha habido ni apoyo psicológico ni económico”.
En ese sentido, agregó que “la mayoría de las víctimas son empleados, y estas son megacausas. Por ejemplo, sacar fotocopias el otro día me salió más de 300 pesos y yo mientras pueda lo voy a seguir haciendo, son convicciones que uno tiene. Lo que si creo es que está muy bueno hablar de los derechos humanos pero habría que hacer un poco más”, y comparó: “El Registro Único de la Verdad está trabajando muy bien. Me han tocado casos en los que hay que hacer presentaciones por las indemnizaciones en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ellos siempre han facilitado la información que tienen guardada en sus archivos, todo lo acontecido en cuanto a la detenciones desde el año 1974”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
