Los productores rurales sumaron otro motivo para la protesta contra el gobierno provincial: el reavalúo que significará el Impuesto Inmobiliario Rural. Denuncian que significará aumentos de hasta el 60 por ciento. Sin embargo, desde la Casa Gris salieron a ponerle cifra a los porcentajes y a contestar por diversas vías los cuestionamientos. Según un informe al que tuvo acceso ANALISIS, el gobierno se guarda bajo la manga un informe que da cuenta que la morosidad en el pago de impuestos por parte de los ruralistas le costó a la provincia unos 90 millones de pesos que se dejaron de recaudar en los últimos cuatro años. Y agregan que la presión tributaria entrerriana es más baja que en cualquier otra provincia agropecuaria. De cada 100 pesos de impuesto, un entrerriano aporta 24 a su provincia; un santafesino 32; un cordobés 33 y un bonaerense 53 pesos. La guerra de números generó tensiones en las últimas horas se suspendió la aplicación inmediata del impuesto.
Si la ruta fue el escenario ya simbólico de la lucha del campo en su protesta, en ese mismo juego de alegorías habrá que decir que productores y gobierno se encuentran en banquinas cruzadas. O acaso en rutas diferentes. Pero es que cada sector va por su lado, y hace sus cálculos, despliega sus lógicas, revela sus números, da sus argumentos. El resultado es sencillo y desalentador: un diálogo de sordos.
Y en este fuego cruzado el gobierno no se ha quedado atrás al replicar las críticas. Recientemente los hombres de la Casa Gris publicaron una solicitada en los diarios en la que dan a conocer una serie de cifras para concluir –desde su óptica– que no corresponde hablar de tal impuestazo rural y que el resistido aumento al Impuesto Inmobiliario Rural está aún lejos de lo que debiera ser.
“Antes de la actualización del avalúo, el campo pagaba, en promedio 0,78 pesos mensuales por hectárea, con un avalúo fiscal promedio de 721,70 pesos. Con el ajuste del avalúo, los propietarios de campos abonarán, en promedio, 1,40 pesos por hectárea, con un avalúo promedio de 1.300 pesos. Es bien conocido que el valor actual de los campos supera los 3.500 dólares la hectárea, es decir cerca de 10.500 pesos. Por lo tanto, luego del ajuste, el avalúo representa apenas el 12 por ciento, cuando en los países centrales está entre el 70 y el 80 por ciento”, dice un informe oficial del que se extractó lo que el gobierno publicó a mitad de esta semana.
Pero el criterio desde el otro extremo de la crisis de enfrentamiento es otro. Tanto que al momento del cierre de esta edición los productores empezaban a desplegar una serie de acciones contra el aumento impositivo como es una marcha hasta la Legislatura. Es que sector considera que la suba es “ilegal” porque “sólo tiene en cuenta los valores de la tierra, pero no los de la producción”, y entiende que es “inoportuna” debido a que la rentabilidad del sector está en baja.
Así las cosas, el gobierno no tardó en contrarreplicar e ir a buscar datos sobre la materia en provincias vecinas. La recaudación de impuestos provinciales representa sólo el 24 por ciento del total de recursos tributarios de Entre Ríos, mientras que los recursos tributarios de origen provincial en Santa Fe significan el 33 por ciento. En Córdoba el 33 por ciento; en provincia de Buenos Aires el 54 por ciento y el promedio total del país el 39 por ciento.
Con estos números, el gobierno entrerriano dice que esta provincia es uno de los lugares donde menos presión tributaria existe, de origen provincial, y sin embargo hay resistencias, quejas y malestar que se empieza a traducir en acciones.
“Que miren lo que pagan sus colegas santafesinos; entonces yo le aseguro que si nosotros nos pusiéramos en consonancia con lo que cobran otras provincias solucionaríamos el problema del financiamiento docente. Pero claro, todo el mundo habla de redistribución de la riqueza y nadie quiere poner lo que puede poner”, dijo con tono enfurecido una fuente ministerial.
Según la Secretaría de la Producción, si Entre Ríos hubiera tenido la misma presión tributaria de impuestos provinciales que afrontan los ruralistas santafesinos, durante los años 2004 y 2007, la recaudación hubiera aumentado en 1.400 millones de pesos. A eso le sigue, con la impronta de su titular, Roberto Schunk, una interpretación ideológica del asunto: “El impuesto inmobiliario grava la riqueza; es un impuesto directo. Por lo tanto, es un impuesto que tiende a una distribución del ingresos más equitativa, algo tan importante en esta difícil circunstancia por la que atravesamos los entrerrianos, para mejorar la situación del sector educativo, de la salud pública, la seguridad, entre otras cosas”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
