Federico Malvasio

El ex funcionario bustista Gustavo Borrajo espera una sentencia de la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná por dos hechos que configuran el delito de negocios incompatibles con el ejercicio de sus funciones. Luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara el primer juicio oral, el ex titular del área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados. En esta nota contamos la historia de una contratación en la que Marcelo Casaretto y Eduardo Macri se encargaron de desvincular a su compañero de equipo. ANALISIS registró los interrogantes que no fueron, las respuestas que causaron más dudas y los testimonios que podrían comprometer al imputado.

Quien hubiera llegado tarde a la sala, con solo una mera idea del caso, podía incurrir en la duda respecto del hecho que se estaba imputando. Un periodista que se acercó cuando ya había empezado la audiencia tuvo esa sensación. El ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Gustavo Borrajo, se sentó nuevamente en el banquillo. El funcionario de la segunda gestión de Jorge Busti espera la sentencia de la Sala I de la Cámara del Crimen luego de haber sido juzgado por dos hechos que configuran el delito de negocios incompatibles con el ejercicio de sus funciones. El caso refiere a la contratación irregular de un estudio jurídico de Capital Federal para auditar créditos cedidos por el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA) por un valor de 26 millones de pesos en el marco del proceso de transferencia de la entidad financiera provincial a manos privadas entre 1996 y 1999. El delito imputado por los dos casos está encuadrado en el artículo 265 del Código Penal, cuya pena reprime con reclusión o prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

La causa, radicada en el Juzgado de Instrucción Número 5, fue iniciada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). A Borrajo se le atribuyen dos acciones que configurarían el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, relacionados con la contratación de manera irregular del estudio jurídico Sábato-Rioja & Asociados, de Capital Federal. El ex funcionario, incluso, llegó a tener el mismo domicilio legal que uno de los socios.

En el primero de los hechos que se desprende de la causa, le atribuyen al imputado haber direccionado “acciones tendientes a beneficiar” al mencionado estudio, cuyos integrantes tenían vinculación con Borrajo.

El 28 de junio de 1996 se firmó entre el BERSA y el gobierno provincial el acuerdo complementario al que habían rubricado 10 días antes por la cesión de créditos por 26 millones de pesos. Es decir que ya en esa fecha se habría firmado el convenio entre el Ministerio de Economía y este estudio jurídico, por lo que la cotización presentada luego por Sábato-Rojas & Asociados es posterior a la firma de este contrato de auditoría. En definitiva, se cotizó el servicio después de haber sido contratado. Es así que en el expediente se destaca la violación a la ley de contabilidad del Estado, ya que debió utilizarse la licitación pública. Los honorarios acordados por contratación directa fueron de 60.000 pesos/dólares en aquel momento.

El desvío

El juicio oral que comenzó el lunes pasado sería la coda de un largo preludio que tuvo su primera parte en 2006, ocasión en la que Borrajo fue absuelto. Tras una apelación del fiscal de Cámara, Juan Carlos Almada, el Superior Tribunal de Justicia revió el caso y anuló el juicio.

Luego de declararse inocente, Gustavo Borrajo comenzó a tejer la estrategia que luego reforzarían los otros declarantes y viejos conocidos, que también ocuparon lugares estratégicos en la segunda gestión de Jorge Busti. El cordobés trató de despegarse del eje de la cuestión por la que se le imputa el delito. Si bien su ponencia no fue homogénea, quedó la impresión de que el ex funcionario salió ileso de las preguntas del tribunal integrado por José María Chemez, Ricardo González y Héctor Vilarrodona. De todos modos, no todo iba a ser un jardín de rosas.

Borrajo disparó su primer argumento aludiendo a las competencias que tienen cada una de las partes que firmaron el convenio. De esa manera dejó sentado que quienes llevaron adelante la rúbrica fueron Edmundo Muguruzza, en carácter de gerente del banco –ya fallecido–, y el entonces ministro de Economía Eduardo Macri. De ese acuerdo surgió que el gobierno provincial tenga la potestad de elegir el estudio que realizaría la auditoría.

La posibilidad de contratar un servicio privado surgió a raíz de que desde la Fiscalía de Estado informara al área de Borrajo que el organismo legal no estaba en condiciones de analizar unos “1.200 juicios que había, por falta de recurso humano”. Tras ese rechazo, el abogado contó haberse encargado de “salir a hacer consultas para ver cuánto podría llegar a salir un estudio de esta naturaleza”. Así fue. Salió al mercado y encontró un estudio que lleve adelante la auditoría. “Lo lógico era que no fuera de Paraná, ya que muchos de los abogados (locales) han sido parte de juicios contra el Estado”, fue el argumento del imputado para luego proponer a sus amigos de Buenos Aires. Aparece el apellido del gran escritor. “Era el sobrino nieto del escritor (Ernesto Sábato), tenía experiencia y es especialista en estos temas”. De esa manera justificó la inclinación por el estudio jurídico “Sábato-Rioja & Asociados”. El imputado, según su declaración, conocía a Hernán Sábato por “su especialidad en el fuero, como profesional y como una persona reconocida”. No obstante, se ocupó de aclarar que “no era su amigo” pese a que en un momento le pidió el domicilio para fijar el suyo y poder jurar.

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