-La marcha sobre la Casa Gris. Los especialistas en fijar cifras en las movilizaciones insisten en que no llegaban a 100 los ruralistas que, encabezados por Alfredo de Ángeli, irrumpieron el miércoles de la semana pasada en la explanada de la Casa de Gobierno. Es muy posible que el ir montados en esas máquinas grandes, adecuadas para desplazarse en terrenos rurales, metidos en el tránsito de la ciudad, debe dejar la sensación de que se está manejando un tanque de guerra. Cuando se recorre el relato de Carlos Rickert, segundo jefe de la División Custodios de la Casa de Gobierno, surge la curiosidad sobre qué tenía en la cabeza el dueño del tractor cuando lo aplastaba contra la puerta de la Legislatura. Es bueno completar la fotografía del momento. No había una movilización multitudinaria; por el contrario, si se toma en cuenta la última, cuando los tractores acordonaron la casa gris, ésta bien puede ser considerada una suerte de hilacha de aquella. Sin embargo, a pesar de su escaso número, el tractorista en cuestión debe haber vivido la convicción de que podía traspasar la puerta y pasar por encima a ese sujeto de uniforme que se ponía adelante.

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-Treinta días. Hacer todo este recuento de lo sucedido tiene su sentido pues el tema sigue abierto y, en consecuencia, la contradicción entre la decisión de la provincia de mantener el impuesto y el ruralismo que se opone -y de qué manera-, tarde o temprano irá involucrando a la sociedad. Al parecer, tanto Valiero como Lauritto pusieron en marcha la suspensión por 30 días del impuesto en función de hacer las correcciones en la liquidación y como forma de descomprimir el ambiente creado por la violencia de los ruralistas en la calle Santa Fe. Pero con independencia de esta suspensión, la decisión del gobernador pasa por seguir adelante con el impuesto tal como ha quedado diseñado. Más, se sabe que Sergio Urribarri se sintió molesto con la suspensión otorgada por Valiero y Lauritto. En la intimidad del gobernador se decía que bien se hubiera tomado la decisión inversa, es decir hacer las correcciones necesarias pero sin suspender la vigencia del impuesto. Al parecer, tanto el ministro de Hacienda como el vicegobernador no tenían las convicciones necesarias como para bancar la presión de la prepotencia ruralista.

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-La ley de olvido. Hace rato que la iniciativa va y viene, pero en estos últimos días adquiere ribetes de desprolijidad total. El punto de partida trataba de inhabilitar para ocupar cargos públicos a toda persona que haya tenido participación pública durante los procesos militares. Como disparador de un debate que la sociedad se debe es muy importante. La iniciativa partió de La Solapa, una agrupación que reúne a todos los ex presos políticos de la provincia. Cuentan que cuando se llevó la posición a la Comisión correspondiente, la mayoría de los integrantes, con independencia del color político, manifestaron su consenso con una normativa de este tipo. No se escucharon voces en contra pues los que estaban en disidencia mantuvieron silencio. Ése fue el caso de Marciano Martínez, constituyente por el lema Viva Entre Ríos, cuyo referente mayor es el ex senador nacional Augusto Choclo Alasino. Como se sabe, Marciano Martínez supo ocupar cargos de alto nivel político durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando el gobernador era el brigadier Ricardo Favre. Pero bueno, cuando ya se creía que el proyecto presentado por La Solapa era un hecho como resolución constitucional, el tema empezó a girar con diferentes recortes y agregados, al punto de constituir una virtual Ley de Olvido. Al parecer, por decisión de Jorge Busti, son las manos de la constituyente Rosario Romero las encargadas de adecuar la norma constitucional en esa dirección. La fórmula propuesta por Romero propicia una Ley de Olvido, es decir, para atrás no pasa nada, se blanquea a todos los que participación con cargos políticos en cualquier proceso dictatorial.

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-Complicidades. Cuando comenzó esta discusión a propósito de una placa en el Consejo de Educación donde figura Favre y sus ministros, desde estas páginas tocamos la frivolidad y el cinismo que ambienta el debate. Se puede señalar que si esta inhabilitación abarca en lugar de las personas a los partidos políticos, prácticamente todo el arco partidario tradicional quedaría inhabilitado. Tomando el peronismo y el radicalismo como casos testigo por ser los partidos mayoritarios, se puede decir que las posiciones asumidas tuvieron un componente oportunista absoluto. Mientras Perón decretaba el “desensillar hasta que aclare”, frente al proceso abierto con Onganía, el radicalismo se replegaba lamiéndose en soledad las heridas pues su gobierno era el depuesto por las Fuerzas Armadas. En cambio, el 24 de marzo de 1976 era el peronismo quien vivía la detención de la propia Presidenta, Estela Martínez de Perón, y de prácticamente toda la plana mayor del gobierno como del Partido Justicialista.

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-Héroes y cómplices. Hay que señalar que mientras la dirigencia tradicional brindaba apoyatura a los procesos dictatoriales a través de conductas francamente oportunistas, militantes de renombre de esos mismos partidos eran perseguidos, cuando no torturados y asesinados. En el mismo momento en que Américo Ghioldi ejercía el cargo de embajador en Portugal cuando la dictadura de Videla, Alfredo Bravo era detenido y sometido a brutales torturas. Mientras Ricardo Balbín, referente excluyente del radicalismo, tenía una actitud comprensiva del proceso militar, Carlos Amaya y Solari Itirogen eran detenidos y torturados en el sur y el primero moría producto de las torturas. Sergio Karakachoff, destacado dirigente de la Juventud Radical, también moría asesinado por las bandas del terrorismo de Estado. Mientras la dirigencia del Partido Comunista se empeñaba en una campaña internacional lavando la cara al dictador Videla, Juan Carlos Domínguez, que había sido diputado nacional por ese partido, permaneció detenido desaparecido durante dos meses. Estos testimonios de entrega militante marcan la divisoria entre el compromiso y la complicidad. El dejar sentado en la norma constitucional la condena categórica a las distintas complicidades con los gobiernos dictatoriales no es una tarea ociosa o un resabio revanchista. Precisamente, estos procesos militares fueron posibles por las complicidades que se denuncian. Librados a una exclusiva apoyatura militar, ninguno de los procesos dictatoriales hubiera podido sostenerse en el tiempo.

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