Marcelo Comas
El Club Universitario tiene fecha de remate para el 23 de septiembre. El reclamo por el cobro de honorarios del abogado Raúl Eduardo Chemes activó el pedido de quiebra. Es la quinta vez que la tradicional entidad está al borde de desaparecer y con ello, la contención social para cientos de gurises. De acuerdo a lo resuelto por el Juzgado del Trabajo Número 3, a cargo de Nancy Bautista, la valuación del predio se fijó en 455.000 pesos. En diálogo con ANALISIS las autoridades de La U manifestaron que con un monto aproximado a los 10.000 pesos puede frenarse el acto de ejecución. Por ello, el presidente de la entidad, Raúl Moyano, acudirá a la mano benefactora del Estado para salvar las instalaciones, el mismo que en el mes de junio aportó más de 20.000 pesos para desactivar un remate de similares características. La historia se vuelve a repetir, con los mismos actores, bajo un manto de sospechas sobre anteriores gestiones que, por falta de capacidad y ética dirigencial, sumieron al club en una desidia absoluta.
Con 66 años de vida institucional, el Club Universitario es una de las entidades más tradicionales de la ciudad de Paraná. Fue pionero de los bailes de fin de semana en sus años dorados e impulsor de la práctica del patín y otras disciplinas que engrandecieron su historia. Ha cosechado glorias deportivas, en fútbol, básquet, hockey sobre patines y voley. Sin embargo, los últimos años socavaron ese prestigio, ya que los fantasmas de la subasta vuelven a rondar por la institución de Barrio Corrales. Esta historia se remonta a principios del 2000, cuando el club que tiene su sede social y deportiva en Río Negro al 500 tenía como titular a José Albornoz.
La Comisión Directiva encabezada por este dirigente decidió despedir a tres empleados, dando lugar a tres juicios laborales iniciados por los señores Rodríguez, Lunguni y Carrera. En ese entonces, el doctor Raúl Chemes era el asesor legal de la institución, función en la que se desempeñó hasta 2001. Esos tres juicios se fueron pagando en partes. Si bien en su momento el ex gobernador Sergio Montiel otorgó un subsidio para pagar los pedidos de remate, ese dinero nunca resultó suficiente. Sin embargo, la actual conducción de La U mantuvo contactos con la abogada demandante, que entendió que con ese aporte podían cubrirse los tres juicios. Y aquí entra a tallar el accionar del cuerpo directivo que comandaba José Albornoz. Porque según el presidente en actividad, Raúl Moyano, “hubo entre 20.000 y 25.000 federales que no se depositaron”.
A raíz de la demanda de los ex empleados se originaron deudas por honorarios con el doctor Raúl Chemes, en ese entonces defensor del club. En poco tiempo cambió en forma radical su rol en la causa, porque desde que ganó el 50 por ciento del juicio del empleado Rodríguez, pasó a desempeñarse como abogado demandante. La trama es bastante compleja y en el relato de los protagonistas se entrecruzan historias de traiciones y falta de compromiso con las raíces de la institución. “Nosotros asumimos en 2005, después de la huida del presidente Albornoz, dejándonos el juicio laboral del hermano. A partir de ese momento empezamos a poner el club en orden, porque no contaba con Personería Jurídica. En agosto de ese año recién pudimos expulsar del club a Ricardo Blanché, que era vicepresidente de la gestión anterior. Debimos recurrir a cartas documento y denuncias policiales. Hasta que en 2006 se convoca a Asamblea General Ordinaria y nuestra lista se hace cargo de la institución. Estuvimos hasta el mes de mayo, cuando volvimos a llamar a Asamblea, logrando la reelección y renovando el mandato hasta 2010”, confió el primer mandatario de La U.
Haciendo uso de la función que le asigna la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ), Raúl Moyano, presidente de Universitario, comenzó a investigar los malos manejos producidos por su antecesor en el cargo y se encontró, a medida que avanzaba, con varias sorpresas que dejaban mal parada a la entidad de Barrio Corrales. A fines de 2005 se elevó un nuevo pedido de remate por el reclamo entablado por el doctor Raúl Chemes, pero merced al rápido accionar de los integrantes del directorio se logró frenar. De hecho, el dinero sirvió para cubrir una parte de lo exigido por el profesional, aunque no se pudo cancelar en su totalidad. “Recién lo pagamos este año”, acotó Carlos Alarcón, vicepresidente de la entidad. Un poco más aliviados por haber dejado en el recuerdo ese pasivo, revisando papeles se encontraron con un expediente “que contenía un reclamo del doctor Chemes y el hijo, que en su momento estaba en el estudio con él”, agregó el mismo directivo.
El mayor ingreso genuino que dispone en la actualidad proviene del alquiler del Centro de Arte, que depende del Consejo General de Educación, dinero que se destinaba en parte a cubrir los gastos de los juicios de Rodríguez y Lunguni, además de abonar los honorarios de la abogada demandante.
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