Reconocimiento denegado
Hace unos años el Estado provincial dispuso un reconocimiento para aquellos trabajadores que hubieran sido dejados cesantes de la administración pública por cuestiones políticas o ideológicas tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En su mayoría, los expulsados por la dictadura fueron militantes justicialistas, aunque también hubo de otras extracciones, tal es el caso de la ex dirigente del Partido Comunista Perla Strada. Sin embargo, cuando la ex empleada de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) se presentó para reclamar el beneficio que otros habían recibido se le denegó con la excusa de que había sido presentado fuera de término. El argumento resulta extraño y contradictorio con el objetivo que persigue la Ley Número 7.436, que otorga el reconocimiento de los servicios fictos por inactividad forzosa y pretende morigerar en parte los daños causados por la dictadura militar.
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Primero, Entre Ríos
El gobierno provincial ha fijado nuevas pautas para decidir las adjudicaciones de las obras públicas. Desde hace apenas algunas semanas rige una nueva normativa establecida por Decreto Número 131 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación que prevé que las comisiones que analicen las propuestas de cada empresa deberán tener en cuenta su procedencia y constitución. En principio, se indicó que las pautas “han servido para unificar el criterio de las distintas reparticiones para la adjudicación de obras públicas a contratar”, adecuándolas a los preceptos incorporados a la Constitución provincial.
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De casa al trabajo y viceversa
Ambos son militantes de la Juventud Peronista y funcionarios. Ella trabaja en la Municipalidad de Paraná y él en el gobierno provincial. Son pareja desde hace años y viven juntos. Eso no debería ser un dato de interés ni mucho menos. Se trata de Valeria Migueles y Gonzalo García Garro. Ella preside la Agencia Municipal de la Mujer, Juventud e Integración Ciudadana y él es subsecretario de la Juventud del Gobierno de Entre Ríos.
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De la Facultad a la Justicia
Decir que María Inés Kojanovich recibió el beneficio de su jubilación como empleada del Poder Judicial en octubre pasado tal vez no represente algo digno de mencionar para muchos. Pero a otros ese nombre le hará recordar una historia tan conocida como mítica que se tejió en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) después de la dictadura. La historia dice que a mediados de 1976 se quemaron libros de la biblioteca de la casa de estudios, aunque eso nunca pudo ser comprobado. Lo que sí se sabe es que el interventor Carlos Uzín conformó una comisión que mediante un estudio debía determinar el destino de cierto material que, “por razones de mejor servicio, puede trasladarse a otras facultades, como también material que por diversas razones ha caído en desuso”. Entonces, Kojanovich era jefa de Trabajos Prácticos en tres materias y también era asesora de la Secretaría Académica.
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Reclamos varios en Gualeguay
A pesar del conflicto que mantienen el gobierno y las entidades del campo, hay un sector de la producción que no deja de reclamar respuestas a problemas que hacen al trabajo diario. En ese marco, la Federación Agraria de Gualeguay espera una reunión con el delegado de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para plantearle una serie de reclamos concretos, algunos históricos y otros nuevos, para mejorar la producción en la zona. Roberto Pianovi fue senador provincial entre 1995 y 1999 y por segunda vez está al frente de la Zonal del organismo que comprende un área de 1.100 kilómetros entre tierra y rutas, que debe atender con sólo 48 empleados y 22 equipos para trabajar. Aun así, los productores tienen un listado de quejas y una de ellas tiene que ver con el inventario de maquinaria que se encuentra en uso real y el personal en actividad en la repartición y por qué los agentes son removidos constantemente.
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