Antonio Tardelli
Convencido de una lógica que sabe atacable porque legitima lo que las provincias han resignado para ventaja del Estado Nacional, el gobierno de Sergio Urribarri avanza midiendo tanto los beneficios económicos que, alega, recoge de su adhesión automática a los Kirchner como las dificultades que compra al mantenerse aliado a una construcción política que padece un severo desgaste. Por estos días su opción fue blanqueada exactamente en esos términos. El gobernador cree que con los Kirchner gana recursos y pierde votos. La reforma en la distribución de las cargas del Impuesto Inmobiliario Rural le abre la posibilidad, en cambio, de sumar fondos y adhesiones de manera simultánea.
Pero tal cosa dependerá de cómo el campo, tras su primera reacción de desconfianza, termine evaluando una modificación que entraña ganadores y perdedores. Es una discusión que se dirime en el plano de la política. En cualquier caso, no son las provincias las que deben cargar con la responsabilidad de modificar drásticamente el carácter regresivo de un sistema tributario que el kirchnerismo ha preservado. Por lo demás, perder de vista el proceso, o sea lo que históricamente Entre Ríos y el resto de las provincias han cedido, es incurrir en un recorte que diluye las responsabilidades de quienes profundizaron la dependencia con el poder central.
Las variantes que el Poder Ejecutivo impulsa en la composición del Inmobiliario Rural tienden a mejorar el perfil de sus ingresos, aunque su incidencia es limitada en relación a la magnitud del desfinanciamiento. La nueva distribución de las cargas supone un incremento sustantivo, del 83 por ciento, en relación con el presente. Pero en el mejor de los casos eso representará un ingreso adicional de unos 55 millones de pesos anuales: 120 millones de la futura emisión contra los actuales 65 millones.
Si se habla de los impuestos que cobra el Estado provincial, la contribución del campo a la Tesorería ha experimentado un descenso relativo. En 2004 los fondos recaudados en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural representaban el 13 por ciento de los recursos; ahora apenas alcanzan al 7 por ciento. En ese sentido, haciendo una difícil abstracción del contexto político, asoma conveniente un retoque que avance en una dirección progresiva que por otra parte el gobierno nacional, al que la administración de Urribarri adhiere sin reparos, no ha transitado en su indiferenciado enfrentamiento con el sector agropecuario. El kirchnerismo se ha puesto de punta con todo el campo y no únicamente con los poderosos de la cadena. Por el contrario, ni los exportadores ni los pooles de siembra han sido particularmente afectados por sus políticas pretendidamente redistribucionistas.
Así pues, el sentido de la reforma anunciada esta semana se destaca básicamente por su carácter aislado. Es la excepción y no la regla de un esquema tributario que permanece incólume en sus rasgos esenciales, al igual que el sistema financiero o el régimen de la radiodifusión que recién ahora se pretende reformar. Exceptuado el campo del pago de Ingresos Brutos, con valuaciones estacionadas en menos del 10 por ciento de lo que indica el mercado, no luce abusiva una disposición que de acuerdo con las estadísticas oficiales afectará sólo a 2.860 contribuyentes rurales, lo que constituye el 6 por ciento más poderoso conforme criterios de extensión y productividad.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
